Uno de los temas más recurrentes de los últimos años en la agenda pública del país es, sin duda, la corrupción. No es gratuito el sentido de urgencia por establecer políticas y programas para su control efectivo.
En el día a día, investigaciones salen a la luz denunciando desvíos multimillonarios de recursos públicos y sobornos por parte de empresas multinacionales para obtener concesiones.
Información de la cuarta y más reciente Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, muestra que 14,635 por cada 100 mil habitantes a nivel nacional tuvieron contacto con un servidor público y presenció algún acto de corrupción. Esta tasa de prevalencia era de 12,590 por cada 100 mil habitantes en 2015.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señaló que el costo como consecuencia de la corrupción derivada de la actividad cotidiana de los hogares (sin tomar en cuenta los actos de corrupción por parte de las unidades económicas o entre servidores públicos) equivale a 7,218 millones de pesos tan solo en 2017, esto es 2,273 pesos por cada persona afectada.
Estos datos constituyen un diagnóstico mínimo para demostrar la necesidad de demandar estrategias abocadas al control del fenómeno de la corrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuya creación fue ordenada por la reforma constitucional de 2015 en la materia, es la principal respuesta de control, sin embargo, no se ha puesto en marcha.
Una de varias estrategias para prevenir o minimizar los actos de corrupción consiste en transparentar información pública con el objeto de que los organismos gubernamentales rindan cuentas y hagan eficientes sus procesos; plataformas habilitadas para prestar servicios de Gobierno Electrónico (e-gobierno) resultan una herramienta útil para ello. Debe subrayarse el carácter instrumental de dichas plataformas, es decir, sólo son un medio para llegar a un fin.
Gobierno Electrónico y su aprovechamiento para la Transparencia
El Gobierno Electrónico o e-gobierno, en su acepción más básica, consiste en el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para mejorar la gestión pública y para que los ciudadanos interactúen con la administración pública.
El alcance del e-gobierno en México aún es limitado. De acuerdo con la ENCIG 2017, sólo el 29% de la población con mayoría de edad ha tenido, al menos, una interacción con el gobierno a través de medios electrónicos, 15% han usado esta plataforma para consultar páginas de internet del gobierno en sus tres niveles y 5.9% lo ha usado para presentar quejas, denuncias o comentarios en las cuentas del gobierno.
En cuanto al acceso a la información pública, la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) 2016, señaló que 14 de cada 100 ciudadanos mayores de edad en poblaciones urbanas de 100 mil o más habitantes consultó información en alguna página web de gobierno, es decir, sólo 6.5 millones de ciudadanos aprovecha los medios digitales para obtener información pública, de los cuales el 52% consultó información sobre la organización y actividades de las instituciones de gobierno, 39% sobre servidores públicos, 37% sobre programas de participación ciudadana y 30% sobre uso de recursos públicos.
Población mayor de edad en áreas urbanas de 100 mil o más habitantes que consultó un portal de gobierno por tipo de información
Absoluto |
Como proporción de la población con mayoría de edad que consultó un portal de gobierno |
|
Organización y actividades de las instituciones de gobierno |
3,370,943 |
51.6% |
Información sobre servidores públicos |
2,552,847 |
39.1% |
Programas de participación ciudadana |
2,432,134 |
37.2% |
Uso de recursos públicos |
1,986,065 |
30.4% |
Información sobre contratos para obras públicas o servicios |
1,498,652 |
22.9% |
Finanzas gubernamentales |
1,292,994 |
19.8% |
Otra información |
867,442  |
13.3% |
Fuente: The Social Intelligence Unit con información de ENAID 2016
Es importante resaltar que la información sobre contratos de obras públicas y servicios es consultada sólo por el 23% de la población discutida, mientras que este indicador es 20% para el caso de la consulta de finanzas gubernamentales.
Resulta interesante observar que los indicadores en la primera parte de este texto hablan de una importante percepción sobre la diseminación de la corrupción y el costo que representa, al menos en el ámbito de las actividades de los hogares.
Por otro lado, los datos de la segunda parte denotan, a priori, poco interés por parte de los ciudadanos para aprovechar los medios digitales como medio para consultar información de interés público, es decir, aprovechar las medidas de transparencia.
Una de las posibles razones por las que las personas podrían no estar aprovechando la transparencia a través de medios digitales es que la información no es del todo accesible, es difícil de descargar y su consulta no es sencilla en todo tipo de dispositivo tecnológico. Sin embargo, hay una limitante aún más básica, a saber, el acceso a la conectividad; se contabiliza que 36.1% de los mexicanos de 6 años o más no son usuarios de internet.
La corrupción es un fenómeno complejo que requiere del uso de muchas herramientas para su control efectivo. La promoción de la transparencia a través de los medios digitales es sólo una de ellas.
De esta forma, todo programa de e-gobierno debe tener una perspectiva que, por un lado, privilegie la transparencia y genere información pública relevante para los ciudadanos y, por el otro, enfatizar la cobertura y acceso universales, ya que la prevalencia de una brecha digital podría generar que las obligaciones de transparencia beneficien más a uno que a otros, ensanchando la disparidad social.