Hasta hace algunos años la pregunta sustantiva sobre la relación gobierno-tecnología fue cómo lograr que el Estado utilice tecnologías poco onerosas al erario público, que le permitan establecer una relación bidireccional con los ciudadanos, estableciendo un círculo virtuoso de colaboración e instrumentando políticas públicas que reflejen lo requerido por los ciudadanos; pasando de la página Web de gobierno, al e-gobierno y posteriormente al u-gobierno. Ahora, además de todo lo anterior, se suma un tema que tiene que ver con congruencia y reducción de la incertidumbre.

Congruencia, porque –a diferencia del gobierno- la tecnología se desarrolla, evoluciona, explota su potencial, encuentra sus limitaciones y crece, en versiones. Mientras la tecnología “versiona”, es decir, toma la experiencia anterior y la corrige, actualiza, adiciona y crea la siguiente versión, los gobiernos tienden a empezar de cero.

En proyectos que implican el uso de tecnologías para la información y el conocimiento, las políticas públicas deben implementarse y evolucionar utilizando versiones. Los gobiernos en línea deben necesariamente entregar buenos servicios digitales a los ciudadanos, así como también de disponer de los recursos para que la ciudadanía se apropie de esa tecnología, y contribuya a mejorar una política pública. Un gobierno tecnológicamente orientado y alimentado por la ciudadanía es un gobierno congruente con la era digital.

El paso de las enormes computadoras del tamaño de un edificio entero, a las desktops, al uso masivo de computadoras portátiles, y ahora a smartphones, no sólo han derivado en la creación de múltiples herramientas para sistematizar procesos, organizar la vida laboral y productiva, informar y recuperar la opinión de la ciudadanía, y alimentar el ocio, entre otras cosas. También se han reducido los costos de almacenar grandes cantidades de información, y esto ha provocado un replanteamiento en la forma de almacenar, analizar y disponer de los datos.

En la operación de una política pública existen muchos detalles que sólo pueden identificarse, conocerse, estudiarse y mejorarse hasta que surge una problemática que los pone en el foco de atención. Pero cuando se tiene la posibilidad de almacenar cualquier cantidad de datos y variables, y a partir de ello analizar y encontrar una tendencia científicamente verificable, las oportunidades para instrumentar políticas públicas eficientes son enormes.

En cuanto a reducción de la incertidumbre, el Big Data representa la posibilidad de cuantificar lo que antes no se concebía posible. Los análisis avanzados permiten, entre otras cosas, descubrir información de inteligencia sobre: amenazas emergentes y criterios de prevención, fallas en políticas y programas de gobierno, evasión de impuestos, zonas de riesgo y factores que habilitan el crimen. Esta inteligencia se fortalece a través de políticas digitales centradas en los ciudadanos, que promuevan: el acceso a los datos y contenidos (a través de APIs -interfaz de programación de aplicaciones-), la retroalimentación ciudadana, el análisis avanzado de esos datos y su puesta a disposición a través de plataformas abiertas.

La presentación ordenada de contribuciones provenientes de ciudadanos informados, proactivos y dispuestos a aportar conocimiento y experiencia, son útiles y abonan al fortalecimiento de una política pública y a la reputación del político o funcionario de gobierno.

La llegada de los datos abiertos, y en particular del Big Data, que aún no conocemos ni entendemos completamente, representa otro reto para el gobierno que desee utilizar la tecnología de manera eficiente. También lo pone en aprietos en materia de políticas de protección de datos, pues cada vez es más impopular el retiro de datos, proyectos y servicios, y en la era digital es prácticamente imposible su eliminación.

El gobierno tiene el reto de entender y utilizar correctamente todo el ciclo de vida de la información –desde la administración del almacenamiento de los datos a los análisis avanzados- al tiempo que genera un balance entre administración y control, esto es: entre la necesidad de tener información segura y bajar el costo de administrarla.

La promoción y uso de tecnologías de la información, no sólo son un factor probado académicamente como de impulso al nivel de competitividad de un país, también se ha probado su utilidad y beneficios políticos, lo que lo ha convertido en un tema sexy, con gran potencial para obtener capital político; especialmente para los que sepan convertir su dinámica en una plataforma que materialice acciones y decisiones conjuntas con los ciudadanos en la definición e instrumentación de políticas públicas.

La relación gobierno-tecnología caminará de la mano cuando el gobierno consiga que sus políticas públicas evolucionen como lo hace la tecnología, y aproveche la utilidad de convertirse en proveedor y habilitador de datos. Es necesario formalizar las reglas del juego que permitan la participación de la ciudadanía en la formación y calificación de política pública. Los avances actuales en materia de Datos Abiertos son interesantes y varios de ellos prometedores.

El gobierno -en todos sus niveles- tiene el reto de responder con madurez y verdadera orientación pública a los intereses ciudadanos. Sigue instrumentar una sociedad del conocimiento que se caracterice por ser transparente, poco costosa y rápida en encontrar soluciones públicas a problemas públicos. Así, además, al Estado le será más sencilla la labor de mejorar la accesibilidad, interoperabilidad, valor y resiliencia de los datos.

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Políticas de gobierno y evolución tecnológica: el reto de la sincronicidad
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