Carlos lleva trabajando en el campo de la Administración Pública desde hace más de dos décadas, y ha participado en investigaciones y proyectos estratégicos en el ámbito del e-Government, como el Mecanismo de Software Público Regional para América Latina y el Caribe, o las Bases para una Estrategia Iberoamericana de Interoperabilidad (documento ratificado por 21 jefes de Estado). Asimismo, desde hace más de ocho años, participa en la implementación del galardonado sistema de e-Justicia de la Generalitat de Catalunya.
Designado desde 2014 Distinguished Lecturer (Conferenciante Distinguido) por la Computer Society de IEEE, Carlos es en la actualidad responsable mundial de IEEE e-Government y coordinador de la iniciativa IEEE Smart Cities para España.
Sobre Gobierno Abierto y Gobierno Inteligente
¿Cuál es para usted la definición óptima de un Gobierno Inteligente?
Un gobierno inteligente es aquel cuyo modelo de gobernanza se caracteriza por el uso intensivo e inteligente de las TIC, por la maximización de los resultados positivos asociados al Gobierno Abierto y donde, además, se incorporan otros elementos de forma generalizada, como la interoperabilidad o la innovación abierta.
Desde un punto de vista técnico, incluso más allá de la gestión de la tecnología, todo lo anterior lleva implícito el principio de “interoperabilidad” en todas sus dimensiones, tanto en el back-office como en el front-office.
Desde un punto de vista social y político, implica incorporar nuevos modelos que (como la innovación abierta), permiten que para la resolución de problemas que debe gestionar la Administración Pública con recursos limitados, puedan colaborar nuevos actores como la ciudadanía, junto con otros como la Industria o la Academia.
Estaríamos añadiendo, a lo que se conoce como colaboración Público-Privada, también la colaboración de las Personas (ciudadanía).
¿Cómo se llega del Gobierno Abierto a ese Gobierno Inteligente? ¿Cuáles son las fases para la modernización de la organización pública?
En mi opinión, debemos partir de la idea de que no se tratará de una transformación drástica que dará paso de una fase a otra, sino más bien de un proceso de madurez transversal. En este proceso transversal, el objetivo último de la Administración no varía; sigue siendo generar valor público y siguen siendo fundamentales la eficiencia, la eficacia, la orientación al ciudadano…
Lo que sí cambian, sin embargo, son las herramientas de que se dispone para la consecución de este objetivo de la mejor manera posible. Actualmente, la tecnología se convierte en la palanca que puede permitir avanzar de una manera notable en la consecución de objetivos, y es aquí donde entran en juego las estrategias que deben llevarse a cabo para alcanzarlos. Una línea continua de madurez en la que, independientemente de los cambios en las legislaturas, se continúe avanzando persiguiendo dichos objetivos.
Fases de modernización en la organización pública y papel de las TIC:
| Organización | Fase de modernización | Rol de las TIC |
| 1. Burocrática | Inicial | Automatización de flujos de trabajo (e-Administración) |
| 2. Profesional | Media | Interacción con ciudadanía (e-Gobierno) |
| 3. Relacional | Avanzada | Clave para transparencia y rendición de cuentas, así como colaboración (Gobierno Abierto) |
| 4. Inteligente | Óptima: adoptado Principio de Interoperabilidad generalizado e Innovación Abierta como herramienta | Ecosistema Interconectado (Smart Government) |
Fase burocrática
En relación con la adopción tecnológica dentro de las administraciones, la e-administración se focaliza en una automatización de procesos e incorporación de tecnologías para optimizarlos. Aquí no vemos una interacción con el ciudadano, sino una mejora en el backoffice de una organización pública.
Fase gobierno electrónico
Una segunda fase vendría dada por el gobierno electrónico, en el que además de implantar la tecnología para mejorar estos procesos, dicha tecnología permite interaccionar además con el ciudadano, y permite que muchos de estos procesos puedan realizarse a través de canales electrónicos que facilitan la conexión externa, una bi-direccionalidad entre administración y ciudadanía.
Fase gobierno abierto
La tercera fase vendría dada ya por el gobierno abierto. Aquí, la implicación de los principios de participación, colaboración y transparencia es esencial, y las tecnologías ayudan nuevamente a dar ese paso para poder interaccionar en tiempo real con la ciudadanía. Y dicha ciudadanía, si la administración quiere, puede formar parte en la toma de decisiones del gobierno. Se alcanzaría aquí el paradigma de la gobernanza.
Fase gobierno inteligente
Y, finalmente, en una última fase de gobierno inteligente, se alcanzaría por completo el principio de interoperabilidad, no sólo en el uso de la tecnología en el backoffice interaccionando entre las administraciones se interacciona de modo óptimo, sino que además, este backoffice ahora está recogiendo información del exterior producida por elementos como sensores. Ello permite que los datos que se recogen de una ciudad, por ejemplo, sirvan para tomar decisiones en tiempo real que permitirán adelantarse a los problemas.
De algún modo, esta armonización de sistemas comporta un sistema de sistemas que permitirá un mejor gobierno.
Asimismo, teniendo en cuenta la colaboración de los diferentes actores, un aspecto fundamental es el haber pasado por el proceso anterior, en el que colaboración y participación suponen un valor añadido para la salud de la vida pública.
En este cuarto paso estamos hablando de que, ante complejos problemas públicos, hay actores externos colaborando con las Administraciones. Esta colaboración puede venir de universidades o academia, de industria, pero también de la ciudadanía.
Esta fase precisamente estaría determinada por ese gobierno inteligente, y las ciudades son fundamentales, pues es la administración local la que ha estado siempre más cerca del ciudadano y quien mejor conoce sus necesidades.
¿Qué papel juegan hoy en día las TIC en esa “Gobernanza”?
Las TIC juegan un papel fundamental, como lo juegan no sólo en la gobernanza, sino en nuestra vida. Han pasado a formar parte de la cotidianeidad del entorno, pero es esencial tener en cuenta que esta tecnología es sólo una herramienta que multiplica la capacidad de responder ante las situaciones.
Precisamente, la entrada de lleno en lo que se llama la sociedad de la información se caracteriza por este uso habitual de la tecnología en cualquier ámbito.
¿Y al ciudadano de a pie, qué deben aportarle?
Si tenemos en cuenta que la actuación de las administraciones públicas debe estar orientada a la ciudadanía, al final todo esto debería redundar en el propio ciudadano. Por ello, debemos pensar en la mejora de la calidad de vida en todos los aspectos.
El ciudadano es el centro fundamental de todo este panorama, cosa que en ocasiones parece olvidarse. En mi opinión, es errónea una incorporación masiva de tecnología, cuando esta incorporación está, por ejemplo, aumentando la brecha digital.
Es erróneo crear áreas en las que puede existir un incremento de calidad de vida de un grupo pequeño de ciudadanos, si como contrapartida se está perjudicando a otros.
Lo esencial aquí es pensar que estamos hablando de una sociedad y ello nos lleva a pensar en un modo social como clave de todo. En eficiencia energética, en la gestión de recursos, en el agua, en el uso de la tecnología para la educación… en lo que deben revertir es, finalmente, en el beneficio de toda ciudadanía. Por tanto, no tendría sentido pensar en todo esto si realmente no se está pensando en el propio ciudadano como beneficiario último.
¿Cree que las iniciativas de e-Gobierno deben responder a las necesidades de gestión pública de una sociedad, o bien hay criterios universales sobre lo que puede ser óptimo?
Es esencial tener en cuenta el contexto y éste implica condicionantes culturales, geográficos, económicos y sociales. Por tanto, definitivamente NO hay criterios universales.
Copiar iniciativas de otras instituciones no sirve, si no se ha pensado antes la manera en la manera contextualizada en que puede ayudar y qué se necesita para ello. Una vez hecho esto, toca pensar si pueden existir analogías, pero siempre sin dejar de lado la idea de que el contexto es clave y de que se debe responder a las necesidades propias de una sociedad.
¿Cuál es el estado del Gobierno Abierto en España?
En mi opinión, el estado del gobierno abierto en España dista mucho de lo que sería deseable. Hay iniciativas concretas que han destacado a nivel de ciudades o de CC.AA… pero son aisladas.
Lo esencial sería tener una perspectiva estratégica, holística, ya que de nada sirve, por ejemplo, que una administración abra datos, si después el grado de transparencia de la misma no alcanza unos estándares mínimos; con ello no quiero decir que toda la información deba abrirse, sino que si el espíritu general de unas políticas públicas está orientado al gobierno abierto, se abrirán datos y se estará fomentando además la colaboración o participación, y se actuará posteriormente en función de lo que aporte la ciudadanía.
España ha sido de los últimos países de la Unión Europea en adoptar una Ley de Transparencia, y esto es muy significativo; además, la ley tiene una serie de características que no hubieran sido deseables.
A día de hoy, España se encuentra transitando en la fase de gobierno electrónico, pero no de forma transversal; incluso hay sectores que aún se encuentran en la fase de administración electrónica. Por tanto, podemos decir que España no es referente en este ámbito.
¿Y en Latinoamérica?
Es complejo hablar de un estado general del gobierno abierto en Latinoamérica, como continente que es. Sin embargo, en muchos aspectos es referente y debería serlo también para España. Por poner un ejemplo, Chile fue país pionero a nivel mundial en el ámbito de la administración electrónica.
Otros países de la zona tienen una estrategia transversal de política pública orientada al gobierno abierto, con voluntad de tender hacia esa dirección. Como dijimos antes, es el contexto el que determina el proceso, pero hay muchos países que apuestan realmente ya, incluyendo de hecho el gobierno abierto como estrategia y política pública transversal.
Esto es precisamente lo que debería tenerse en cuenta en España: el diseño real de políticas públicas orientadas hacia ese objetivo como punto de partida, para que dicha estrategia impregne las diferentes áreas de la vida pública y de las instituciones públicas.
e-JUSTICIA
Participa en la implementación del galardonado sistema de e-Justicia de la Generalitat de Catalunya ¿A qué se deben dichos reconocimientos?
Cataluña tiene transferidas las competencias en materia de justicia y a mediados de la década pasada, se comienza a diseñar un sistema orientado a la supresión del papel en los órganos judiciales en Cataluña, de modo que se gestione toda la tramitación de una forma electrónica y con interacción electrónica con todos los actores, interna y externamente.
Este complejo sistema (ejusticia.cat) se diseña en módulos, que se han ido implantando gradualmente y que responden a las diferentes necesidades de las instituciones judiciales.
Dichos módulos, han sido premiados durante 4 años consecutivos por el Consejo General del Poder Judicial:
Módulo de Gestión de Requerimientos Policiales
Este módulo interopera íntegramente con los Mossos d´Esquadra, de modo que los requerimientos, búsquedas, detenciones… que se solicitan de la policía pasan a realizarse de forma electrónica, y lo que tardaba días en gestionarse pasa a ser inmediato.
Módulo de Gestión Electrónica de las Piezas de Convicción
El módulo permite un control sobre las pruebas, tanto para optimizar los espacios, como para asociar a través de fotografías las piezas a los procedimientos electrónicos. Si el procedimiento varía de órgano, se hace un seguimiento de su estado y puesta a disposición del nuevo órgano.
Módulo de Gestión y Tramitación Procesal Electrónica
Recibida la demanda electrónica, permite que el sistema de gestión procesal se realice de forma íntegra a través de un sistema electrónico, y éste permite realizar actividades en función del punto procesal en que esté el trámite.
Módulo de Presentación Telemática de Demandas y Escritos
Los profesionales de la Justicia pueden presentar dichos documentos de forma electrónica.
Estos módulos están teniendo un gran impacto en la eficiencia de los trámites, pero también en la seguridad y, en definitiva, en la modernización y mejora en este servicio público.
¿Cuáles son a su juicio los grandes desafíos de la modernización de la justicia en tiempos del Gobierno Abierto?
De forma general, la Administración de Justicia se trata de forma separada a otras administraciones en el Estado. Mientras que la administración electrónica en España viene regulada por la Ley 11 / 2007, el ámbito electrónico de la Administración de Justicia está regulada por la Ley 18 / 2011.
El ámbito de Justicia tiene una idiosincrasia especial:
Es un ámbito más conservador de lo que habitualmente lo son otras administraciones.
Los procesos y procedimientos judiciales están estrictamente tasados, normados por la normativa aplicable; el avance es mucho más lento.
Así, la administración electrónica en el ámbito de justicia se encuentra básicamente en una primera etapa o incipiente entrada en la segunda fase de las que hablábamos antes.
En general, nos sólo la Justicia necesita de un proceso de modernización, sino todo el ámbito legal y jurídico. Si además tenemos en cuenta que actualmente, en una perspectiva de la gestión pública, los conceptos de apertura de la administración son conceptos clave, con los elementos mencionados previamente, se podrá imaginar la dificultad que puede suponer la búsqueda por parte de la Administración de Justicia de una modernización, en la línea de tendencias actuales en gestión pública.
Por mencionar un reto específico, un aspecto apasionante será el que supondrá un expediente electrónico integral. Se habla de Big Data y en el caso de justicia la consecución del expediente electrónico requerirá un manejo enorme de información ya que, lo que antes estaba en papel, ahora serán datos electrónicos. Esto requerirá una adaptación de los sistemas de información para una capacidad de procesamiento de toda esta información importante, y su procesamiento en tiempo real será clave.
Esto desde el punto de vista jurídico plantea interesantes retos; el hecho de poder utilizar información de justicia que haga aflorar nuevas relaciones e implicaciones derivadas de esa información.
SOBRE IEEE e-Government
Como responsable mundial del IEEE e-Government. ¿Puede explicarnos brevemente en qué consiste esta iniciativa?
IEEE es una de las instituciones científico-tecnológicas más importantes del mundo, entre cuyos estándares cuenta con lo que se conoce popularmente como Wi-Fi (IEEE 802.11).
Si tuviera que definir IEEE, lo identificaría con la calidad del conocimiento que atesora en el ámbito científico-tecnológico. Es una de las principales organizaciones en ese ámbito; una organización sin ánimo de lucro que produce más del 30% de la literatura científica del planeta. Esto implica, que dentro de la sociedad de la información, el IEEE es uno de los actores clave desde el punto de vista tecnológico. En el ámbito “Smart”, IEEE tiene cerca de 200 estándares internacionales.
IEEE se dedica al avance de la tecnología en beneficio de la humanidad. Y, como no podía ser de otro modo, IEEE está tratando diferentes aspectos transversales como son las Smart Cities o el Gobierno Electrónico. Si hablamos de interoperabilidad, por ejemplo, lo definió en 1990 de forma estandarizada.
IEEE e-Government es un foco aglutinador de todos estos aspectos, relacionados con el ámbito de la adopción tecnológica en la Administración pública; lo que estamos haciendo está orientado a este tipo de objetivos para conseguir de una mejor manera la gestión de la tecnología en el uso con los objetivos que tienen las administraciones públicas.