¿A quién acudimos ahora?

Emilio contempló impotente la imagen manipulada de su rostro circulando en tres plataformas digitales, acompañada de mensajes extorsivos. Tras semanas de gestiones, las plataformas seguían “analizando su caso” mientras las autoridades se declaraban incompetentes por “falta de marco regulatorio aplicable”.

En el primer semestre de 2025, más de 14,000 mexicanos enfrentaron situaciones similares. Las plataformas operaban en un limbo jurídico, exigiendo &lduo;regulación clara” mientras rechazaban cualquier iniciativa concreta por “frenar la innovación”.

Esta paradoja evidenció la urgente necesidad de un enfoque regulatorio innovador. La respuesta llegaría en julio de 2025, transformando el panorama digital mexicano.

La reciente creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) como órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital dirigida por José Merino marca un hito regulatorio que responde al mandato ciudadano de establecer reglas claras para el ecosistema digital. Esta reforma, aprobada en julio de 2025, ha evolucionado hacia un instrumento de modernización regulatoria con potencial transformador y representa la determinación gubernamental de actuar proactivamente ante los desafíos tecnológicos que transforman nuestra sociedad.

Lo que comenzó como una controvertida extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones mediante un transitorio constitucional en diciembre de 2024, culminó en una arquitectura regulatoria renovada que responde a las exigencias ciudadanas de gobernanza tecnológica efectiva. El dictamen inicial de abril de 2025, caracterizado por una alarmante concentración de facultades, experimentó una metamorfosis radical tras cinco mesas de diálogo con 89 especialistas. Este proceso participativo no solo restauró la credibilidad en los mecanismos de parlamento abierto, sino que reafirmó la capacidad del gobierno para escuchar y adaptar sus propuestas ante argumentos técnicos sólidos.

La transición hacia un modelo colegiado representa un avance estructural significativo. La CRT, gobernada por cinco comisionados con nombramientos escalonados de siete años, responde acertadamente a recomendaciones internacionales al distribuir la toma de decisiones, enriqueciendo la deliberación técnica y blindando el proceso regulatorio contra arbitrariedades individuales. El proceso de designación, que iniciará en septiembre de 2025, será crucial para establecer la credibilidad institucional inicial, y aunque los nombramientos provendrán del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado, el historial de apertura demostrado durante la reforma legislativa justifica un voto de confianza preliminar.

La verdadera innovación de esta reforma radica en la incorporación del “sandbox regulatorio” o “areneros de prueba regulatoria”, mecanismo que permite la experimentación tecnológica controlada mientras salvaguarda el interés público. Este instrumento representa la acción gubernamental decisiva para adaptarse al ritmo acelerado de la transformación digital, reconociendo que los métodos regulatorios tradicionales resultan insuficientes ante las realidades tecnológicas contemporáneas.

El sandbox responde estratégicamente a múltiples necesidades: facilita la experimentación normativa, atiende la demanda de marcos adaptativos, reduce barreras de entrada para emprendimientos emergentes y amplía el alcance regulatorio hacia actores no tradicionalmente considerados como universidades y desarrolladores de nanosatélites. Esta herramienta, lejos de ser una importación irreflexiva, representa una adaptación consciente de mejores prácticas internacionales a las realidades mexicanas.

La CRT enfrentará como desafío central la “paradoja regulatoria” de las plataformas digitales: mientras públicamente defienden marcos normativos claros, sistemáticamente obstaculizan cualquier avance concreto. El Estado mexicano, a través de esta reforma, demuestra su determinación de superar este impasse y establecer reglas equitativas para todos los actores del ecosistema digital.

La inclusión del concepto amplio de “plataformas digitales” junto con el sandbox regulatorio constituye una solución elegante y flexible, permitiendo la experimentación normativa sin imponer definiciones restrictivas que podrían quedar rápidamente obsoletas. Esta decisión evidencia la sofisticación técnica del enfoque gubernamental actual, que equilibra la necesidad de certeza jurídica con la flexibilidad requerida por un sector en constante evolución.

La CRT asume facultades que trascienden la regulación tradicional, incluyendo la administración del espectro radioeléctrico, otorgamiento de concesiones, emisión de disposiciones administrativas, supervisión y sanción de incumplimientos, y resolución de controversias de interconexión. Notablemente, incorpora aspectos innovadores como la regulación de sostenibilidad espacial, abordando la gestión de satélites de órbita baja y desechos espaciales.

El cronograma de implementación establece que la CRT estará plenamente operativa para enero de 2026, tras la designación de comisionados y la transferencia ordenada de facultades y personal experimentado del extinto IFT. Proceso que ya ha comenzado a la fecha de escribir este texto. Este proceso de transición, detallado en los transitorios de la ley, refleja el compromiso gubernamental con la continuidad institucional y la preservación del conocimiento técnico acumulado.

El verdadero desafío será equilibrar la promoción de innovación tecnológica con la protección de derechos e intereses públicos. La CRT deberá navegar tensiones fundamentales: innovación versus seguridad, flexibilidad versus certeza jurídica, inclusión de nuevos actores versus protección de consumidores, y experimentación versus estabilidad regulatoria.

El éxito institucional dependerá crucialmente del factor humano—la calidad técnica de los comisionados y la preservación de la experiencia acumulada. Aunque el proceso de designación directa por el Ejecutivo genera inquietudes sobre la independencia técnica, el historial del proceso participativo que dio origen a la CRT justifica un voto inicial de confianza.

La CRT representa la materialización del compromiso gubernamental con una regulación digital adaptativa y proactiva. A través de esta reforma, México se posiciona a la vanguardia regional en gobernanza tecnológica, adoptando mecanismos regulatorios innovadores mientras preserva la deliberación colegiada en la toma de decisiones.

Los gobiernos estatales y municipales encontrarán en la CRT un aliado técnico que, mediante convenios de colaboración explícitamente contemplados en la ley, facilitará la implementación de políticas digitales coherentes en todos los niveles gubernamentales. Para los profesionales del sector, esta reforma abre oportunidades sin precedentes para participar en la configuración del entorno regulatorio a través de los mecanismos de areneros regulatorios o espacios de prueba controlados.

El éxito de esta transformación requerirá el compromiso activo de todos los actores del ecosistema digital mexicano. La capacidad de la CRT para equilibrar innovación y protección de derechos dependerá no solo de las decisiones gubernamentales, sino de la participación constructiva del sector privado, academia y sociedad civil en los nuevos espacios de deliberación regulatoria que esta histórica reforma ha creado.