Para intentar resolver la interrogante, es necesario contar la historia que nos llevó a diseñar el Concurso Nacional de Ideas para el Diseño del Plan Maestro del Conjunto Tlalpan del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual se convirtió en una propuesta de innovación en lo que a realizar Obra Pública en México se refiere.
El problema del marco normativo aplicable a la construcción pública en nuestro país es que, como muchas otras, está redactada con base en la desconfianza, dando lugar a la división de la otrora Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, y a varias reformas.
Sin embargo, cuando hablamos de la obra que, además de ser la inspiración de varias normas estatales, municipales y de algunos órganos autónomos como el INE, contiene procesos, procedimientos y requisitos que son intrincados y, por ello, caldo de cultivo propicio para las malas prácticas.
Aunado a lo anterior, da por sentado que en las entidades públicas es donde se encuentran los profesionistas más avezados y actualizados para resolver las necesidades de construcción con las mejores técnicas y materiales que se tienen a la mano actualmente. La realidad es que no es así.
No obstante, lo que sí es cierto es que, a la hora de tener de frente la posibilidad de llevar a cabo una nueva obra, surgen los más capaces ingenieros, arquitectos y diseñadores, entre otros expertos, que días o minutos antes eran abogados, contadores o hasta operativos, para dar opiniones respecto a cómo debería realizarse la obra.
A pesar de las limitantes, México cuenta con instalaciones públicas que permiten otorgar los servicios públicos que la ciudadanía demanda, contando en algunos casos con edificios majestuosos que dan fe de la capacidad del ser humano para transformar su espacio.
Decisiones que salen de la caja
El marco normativo descrito anteriormente es con el que contábamos en 2015, año de nuestra incorporación al Instituto Nacional Electoral, el cual estuvo cargado de retos, tales como el del cambio normativo y el de la adaptación a la nueva realidad normativa, pero muy en especial, el de dotar al instituto de una infraestructura inmobiliaria capaz de enfrentar el proceso electoral más grande de su historia: las elecciones de 2018. El reto implicaba acondicionar las instalaciones para recibir hasta 3,200 personas más en el actual conjunto ubicado en Viaducto Tlalpan 100.
Ante tal empresa, surgieron las siguientes preguntas: ¿Cómo albergar a ese número de personas y generar ahorros? ¿Cómo dotar de espacios dignos al personal del Instituto? ¿Cómo modernizar nuestras instalaciones cumpliendo con todos los aspectos normativos? ¿Cómo integrar el conjunto al contexto urbano? Definitivamente, para resolver todas estas preguntas, necesitábamos, además de los usuarios, a los mejores en la materia y no todos formaban parte del Instituto.
Frente el desafío y luego de darle muchas vueltas, se nos ocurrió saltar de la caja y, en lugar de que nosotros propusiéramos cómo sería la construcción, decidimos dejar en manos de los más prestigiados expertos en las comunidades de arquitectos, urbanistas, paisajistas, ingenieros-arquitectos y especialistas en asentamientos humanos, tanto la integración del jurado —presidido por el galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura— como el conjunto de concursantes.
Así fue como logramos que, mediante una serie de documentación y con la definición de las necesidades a satisfacer, dieran rienda suelta a su creatividad y conocimientos para encontrar la forma más efectiva de resolver la necesidad del Instituto.
El diseño arquitectónico a concurso
Debía ser sustentable, acorde con las nuevas tecnologías en materia de construcción, amigable con el medio ambiente y, sobre todo, que considerara el aprovechamiento de los espacios existentes y maximizara su potencial de ocupación.
De esta manera fue que se innovó la forma de diseñar una obra pública, contando con el acompañamiento de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana (FCARM) y tomando en consideración las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Unión Internacional de Arquitectos (UIA).
Tuvo dos fases el concurso: durante la primera se presentaron 53 propuestas que involucraron a más de 250 arquitectos y especialistas en la materia, de los cuales sólo 9 pasaron a la segunda fase, en la que se consideró la elaboración de una maqueta volumétrica y un recorrido virtual.
La conformación de un jurado de expertos, en un ejercicio de doble ciego para analizar y calificar las propuestas, brindó al concurso mucha certeza, imparcialidad y transparencia. Los concursantes no sabían quiénes integraban al jurado y éste nunca conoció a los concursantes.
En la integración del jurado participaron integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México, la Academia Nacional de Arquitectura, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, la Asociación Mexicana de Urbanistas, el Colegio de Arquitectos Yucateco y el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, quienes en conjunto blindaron el análisis y la evaluación de propuestas presentadas en el concurso para elegir al ganador.
Como puede apreciarse, no toda innovación requiere necesariamente de tecnología para al mismo tiempo mitigar la corrupción. Este tipo de concursos nacionales pueden servir de referente para otras instituciones o dependencias, a fin de que realicen ejercicios similares, coadyuvando así a fomentar mejoras en los procesos de contratación, ya que finalmente esta práctica dio lugar a la reforma del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Gracias a este reglamento, los concursos quedaron regulados como uno de los procedimientos posibles para diseñar obra pública.
En coautoría con:
Miguel Ángel Delgado Colín
Es Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle y Maestro en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública (IESAP). Se desempeña como Subdirector de Administración en la Dirección de Obras y Conservación del Instituto Nacional Electoral (INE). Colaboró en la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México como Director de Proyectos para el Desarrollo Económico de los Canales de Abasto, Comercio y Distribución.
