Bienvenido a Tecnogob. A partir de hoy aparece esta nueva columna gracias al espacio de u-GOB donde espero exponer ideas, críticas y explicaciones acerca del uso de la tecnología en la administración pública, la democracia y la política de nuestro país y el mundo. Las ideas ayuden tanto a los webmasters, directores de tecnología, como a los administradores de redes sociales y los funcionarios públicos encargados de TICs, así como explicar a los ciudadanos y académicos mis puntos de vista sobre estos temas.
La colaboración de hoy tiene que ver con responder una pregunta frecuente: ¿Es posible implementar el gobierno electrónico en México? La razón de esta interrogante es que pareciera que todos los esfuerzos por llevar a cabo estrategias, programas y actividades para impulsar esta mejor practica internacional no parece rendir frutos en México.
Dicho sea de paso, muchos proyectos de gobierno electrónico en el mundo han fracasado. Hay muchas razones para ello, una de ellas es que el tiempo de maduración del proyecto es muy corto. Los directores estiman obtener resultados en un año o menos, cuando los resultados realmente comenzaran a verse en cinco años en promedio. Por ello, al segundo año los directivos públicos revientan el proyecto y no le dan oportunidad de consolidarse y obtener resultados.
Sin embargo, existen al menos tres condiciones básicas para implementar el gobierno electrónico, las cuales, a mi juicio, no están presentes en muchos proyectos de éste tipo en México.
- Infraestructura Tecnológica.- El acceso a internet es básico para operar e-gobierno. Tenemos municipios que carecen de energía eléctrica, no se diga de computadoras ¿Cómo hacer que lleguen al gobierno electrónico? ¿Cómo pedirles que cobren impuestos en línea? El piso básico es tener la cobertura en los más de dos mil municipios mexicanos con un ancho de banda mínimo garantizado de 10 MB. A partir de ahí podemos comenzar a pensar en Gobierno Electrónico. Lo demás son “parches” sueltos, programas aislados, como poner kioscos o abrir sitios web que no podemos actualizar por que no existe el ancho de banda suficiente. Un accesso permanente y con ancho de banda razonable permite conectar a las computadoras, ofrecer servicios, establecer comunicaciones, reducir costos, etc. Sin infraestructura digital no puede haber gobierno electrónico.
- Marco Legal actualizado.- Tal vez tengamos acceso a Internet y computadoras, pero no es posible cobrar impuestos por que la ley no lo permite. Tal vez podamos subir formatos y documentación en línea, pero la ley establece que debe presentarse físicamente la persona responsable. Estas simples limitaciones – podría hablar de muchas otras – son obstáculos para el gobierno electrónico. Hasta el momento no existe un marco regulatorio nacional que impulse – con incentivos económicos y legales -el uso de tecnología en el gobierno, limitando los obstáculos y siendo un facilitador del flujo de datos. Existen leyes que buscan controlar al e-gobierno, limitar su crecimiento, regular las transacciones con timbrados electrónicos confiables, etc. Pero hace falta una política pública nacional – o en su defecto estatal – que otorgue certeza jurídica a las transacciones en línea, los servicios en línea y sobre todo crear la figura central del Jefe de Información (CIO) que coordine los esfuerzos del gobierno digital en la dependencia.
- El factor Humano: voluntad vs eficiencia.- Las dos condiciones anteriores no pueden existir hasta que no exista voluntad política de llevarlo a cabo. La falta de visión de nuestros políticos, nuestros legisladores, pero sobre todo la ausencia de contrapesos que crítiquen las acciones gubernamentales, impide que esto se realice. El éxito de muchos programas de gobierno digital se debe a los “campeones digitales” esos alcaldes, gobernadores o diputados que han impulsado el uso de la tecnología a toda costa y cuya promoción ha tenido resultados impresionantes en corto tiempo, al grado de transformar sus administraciones públicas en cualquier nivel de gobierno.
En conclusión, el riesgo de no usar las tecnologías en la gestión pública, en la construcción de consensos democráticos y en la reducción de costos de la administración pública será mayor en el corto plazo, sobre todo si consideramos que los recursos públicos cada vez se reducen más y las necesidades sociales aumentan, además de enfrentar problemas más complejos y multidimensionales que requieren el apoyo de los ciudadanos, la multidisciplinariedad y el manejo de grandes cantidades de datos para tomar decisiones correctas. Esperemos que pronto veamos alguna de estas condiciones ocurrir en México.
