Una revolución silenciosa ha alcanzado los más altos niveles de la Administración Pública. Casi sin notarlo, muchos servidores públicos están cambiando sus comportamientos, sus hábitos y hasta sus frases y diálogos para trabajar. Al pasar de la llamada telefónica para dar y recibir instrucciones a enviar un WhatsApp, de los viejos oficios a “mándalo a mi e-mail”, por ejemplo, la tecnología está revolucionando la toma de decisiones y la gestión pública.
De manera callada, casi oculta, la tecnología ha ocupado las mentes y las ideas de políticos, funcionarios de alto nivel, burócratas de todo nivel y operadores políticos. Este artículo busca identificar esos cambios, hacerlos visibles y proponer nuevas direcciones hacia las que se dirigen.
Aún desconocemos hasta dónde llegará la tecnología en nuestras vidas; mucho menos sabemos qué pasará en el gobierno. Sin embargo, es claro que estamos presenciando grandes transformaciones en la Administración Pública de todo el mundo. Aquí esbozo algunas ideas de cuáles son esos cambios, sus ventajas y sus riesgos.
Para empezar, de manera muy resumida se puede entender a la Administración Pública como la gestión que administra servicios públicos y que cobra impuestos para tener dinero con que pagar los servicios. ¿Qué es lo que hace funcionar este motor de gestión? La respuesta es simple: la información. Si sabemos cuánto dinero hemos recaudado, podemos realizar obra pública y dar mantenimiento a los servicios públicos, o bien, endeudar al gobierno y/o solicitar más apoyo de la federación, según sea el caso. Lo importante es que, sin la información adecuada, en el momento preciso no podremos tomar las decisiones más acertadas en el uso de los bienes públicos.
La Revolución Digital ha ocurrido a lo largo de este proceso, tanto en la información como en las organizaciones (federales, estatales y municipales) que todos los días interactúan con este procedimiento de recaudación, gasto y mantenimiento de los servicios públicos.
1. Revolución de la información
Hay una marea de datos que circula a nuestro alrededor. Aterriza en el teléfono celular y la computadora de escritorio, y se refleja en la portátil que traemos en el portafolio. La información se triplica, se quintuplica diariamente. La información gubernamental es el eje del poder. La toma de decisiones políticas basadas en intereses personales o de grupo se basa en la información electrónica que se recibe en los celulares y en las tabletas, y que se desprende de los escritorios de asesores, secretarios particulares o servidores públicos de confianza.
El desplazamiento de las tarjetas informativas, los oficios, reportes e informes confidenciales por los datos digitales instantáneos, superficiales y sin profundidad es la constante en la Administración Pública. Los archivos digitales en los discos duros y en la nube personal o empresarial es el conocimiento más valioso e importante que existe actualmente.
Los archivos de datos (xls, xlm, sql) que circulan por las computadoras del catastro, agua y saneamiento, y de la Secretaría de Hacienda son registros de actividades personales y consumos (agua, electricidad, gastos del hogar), y si lo quisieran (a través del Big Data) pueden convertirse en grandes pronosticadores de conductas del consumidor y de comportamientos masivos.
Una tendencia por venir es el Blockchain, según el estudio Building Trust in Government del IBM Institute for Business Value. De 200 funcionarios entrevistados en 16 países, 90% espera que el gobierno invierta en Blockchain durante este año y 70% tiene la expectativa de que haya una reducción en costos, tiempo y riesgo en cumplimientos normativos al ser implementada esta tecnología. El Blockchain se está convirtiendo en la apuesta descentralizada que permita dos cosas:
- Garantizar la seguridad de la información debido a la inalterabilidad de sus datos
- Mejorar la transparencia, los datos abiertos y la rendición de cuentas, gracias a esta característica
La noción de Blockchain no sólo apunta hacia mejores sistemas de recaudación de impuesto predial, sino hacia mejores políticas de gasto público y licitaciones. Dice el economista Juan Tolentino Morales, citando al investigador Mark Gates: “Una base de datos descentralizada y construida en Blockchain elimina la necesidad de instituciones y bases de datos centralizadas. Todos en Blockchain pueden ver y validar transacciones creando transparencia y confianza”.
2. Revolución de las organizaciones públicas
Las oficinas gubernamentales son las que más han percibido esta transformación. Todo comenzó con la llamada transparencia y el gobierno abierto, que de repente las obligó a ordenar su información para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información y cumplir la ley. La única forma de hacerlo era con la digitalización de los archivos, la captura y clasificación en bases de datos, y la respuesta en línea. Pero la transparencia no es lo único que ha alterado a las dependencias gubernamentales; el mensajero instantáneo emerge como la herramienta ideal para la gestión de información y de actividades de los servidores públicos.
WhatsApp es la herramienta favorita de los jefes: pueden organizar juntas, solicitar datos en tiempo real, regañar sin mirar de frente y controlar a sus subordinados con un sólo click las 24 horas los 365 días del año. El mensajero instantáneo como WhatsApp o Telegram ha establecido rutinas para los funcionarios de cualquier nivel, organizando sus actividades y reuniones; es lo primero y lo último que ven durante el día.
Sin quererlo, el flujo de trabajo de las organizaciones públicas ha cambiado por los mensajeros instantáneos. Los grupos de trabajo se informan y se crean a través de estas aplicaciones. Esto ha traído ventajas como velocidad, reducción de papel y respuestas inmediatas, pero también desventajas como el estar siempre conectado y disponible, improvisar decisiones y recibir cantidades masivas de información y datos imposibles de seguir todo el tiempo, donde perdemos la información relevante, no se diga el conocimiento.
Estas organizaciones públicas, transformadas por la Revolución Digital, se encuentran muchas veces un caos de información. La incertidumbre es aún mayor por la desinformación y, en muchos casos, por la apatía de desarrollar información valiosa que aporte a la toma de decisiones, superada por la información de entretenimiento o tóxica. En este marco han surgido nuevos roles, nuevas profesiones que intentan crear un orden en medio de la confusión: los Jefes de Información Gubernamental (Chief Information Officer o COI), los Administradores de Comunidades (Community Managers) y los Jefes de Redes Sociales (Social Media Manager) comienzan a cobrar mayor relevancia para llevar orden en la “anarquía” digital del gobierno. La función de estos nuevos jefes de información no es nada más dar certidumbre, sino resguardar y administrar la información gubernamental y de los ciudadanos, así como impulsar una gestión más ágil basada en las Tecnologías de Información y Comunicación, reduciendo trámites y mejorando servicios.
3. Revolución de la innovación pública
No se limita únicamente a la información y las organizaciones. El presupuesto público (ingresos y egresos) ya está considerando el uso de Blockchain y la minería de datos para precisar mejor el uso del gasto público y otras herramientas de la Inteligencia Artificial para mejorar la recolección de impuestos (SAT, 2018).
En cuanto a la parte de los servicios públicos, ha llegado la hora del Internet de las Cosas y la posibilidad de que semáforos, alumbrado público, estacionamientos, tableros de información y señalizaciones lo implementen. Esta multitud de sensores comienza a invadir las calles con el propósito de brindar información y datos que puedan ser utilizados para el control de las ciudades, el manejo de multitudes e incluso la seguridad pública.
El Internet de las Cosas no sólo permite tener edificios públicos inteligentes que generen ahorros sustanciales de energía (al apagar sus luces y reciclar energía mediante sensores de energía solar), sino que esta tendencia implica recolectar datos masivos de las ciudades y aportar soluciones tanto a problemas estructurales como de acción inmediata. Por otro lado, la Realidad Aumentada es un segundo componente de innovación en la Administración Pública, la cual permite incrementar la información en las ciudades con fines turísticos, pero para la gestión gubernamental ayuda a desarrollar simulaciones de desastres, de seguridad pública y de mantenimiento de servicios.
Si sumamos estos dos componentes (Realidad Aumentada e Internet de las Cosas) con la Inteligencia Artificial y la revolución de la información, tenemos las condiciones ideales para construir un gobierno inteligente, cuyo primer efecto han sido precisamente las ciudades inteligentes.
¿Hacia dónde vamos?
El gobierno inteligente es producto de la Revolución Digital en la Administración Pública. En este breve recorrido, hemos dejado fuera la Oficina Virtual, los e-servicios, el e- presupuesto, la e-gestión y otros tantos ejemplos del avance que está teniendo la Administración Pública Digital. A pesar de las bondades que ofrece en la gestión pública (como agilidad gubernamental, eficiencia y efectividad tanto en la recaudación como en el gasto público, y el impulso al Estado Abierto), también tiene sus riesgos. Uno de ellos es el acceso a la información privada de los ciudadanos: sus gustos y actividades (a través del monitoreo de sensores y cámaras), sus gastos personales (Blockchain, minería de datos) y lo que circula en las bases de datos gubernamentales (predial, tránsito, CURP, FIEL, INE).
Este gobierno inteligente también tiene el riesgo de intentar controlar la voluntad política de sus ciudadanos con la digitalización de los procesos electorales, además de poder influir en los votantes con los apoyos y/o servicios públicos a los que tengan acceso. Sin embargo, esta posibilidad va en ambas direcciones; si bien el gobierno inteligente puede tener mayor control sobre los datos de los ciudadanos, ellos y ellas también pueden observar mejor al gobierno porque éste debe exponer una mayor cantidad de datos y procesos gubernamentales. De esta manera, la rendición de cuentas es inmediata entre más acceso tengamos a la información gubernamental, pero a la vez perdemos la privacidad de nuestros datos.
Dicho uso de la tecnología no es de ninguna forma gratuito. La Revolución Digital implica costos sociales y políticos que convendría analizar en otro espacio. Habrá que seguir observando con detenimiento cómo se transforma la Administración Pública y qué dirección toma en beneficio o en perjuicio de sus ciudadanos.
