Todos los grandes procesos de cambio en las Administraciones Públicas de nuestro tiempo están poniendo el foco, con demasiada intensidad, en lo que ha venido a llamarse Transformación Digital, entendida comúnmente como la aplicación generalizada de la tecnología en todos los aspectos clave de las organizaciones.
Sin embargo, y lejos de considerar a ésta un elemento menor en el futuro de las mismas, no podemos sino tener en cuenta que la Transformación Digital no puede avanzar con paso firme y decidido si, además, no se han dado previamente ciertos elementos determinantes que deberán asegurar su supervivencia y sostenibilidad en el largo plazo.
Durante las siguientes líneas analizaremos de forma sucinta cuáles son esos hitos por los que debe transitar toda institución para sortear el cambio y encaminarse, literalmente, hacia la Transformación Digital en la búsqueda de sus objetivos concretos, sean estos los que sean, puesto que, como reza el título de esta breve reseña, la Transformación Digital no es la meta, sino sólo el camino.
4 puntos de encuentro
El primer factor clave a tener en cuenta, y quizá el más costoso en términos de exigencia política, es la asunción por parte del poder legislativo de la necesidad de que la Transformación Digital es precisa para situar a nuestras instituciones en el tiempo que les está tocando vivir y ello debe materializarse, precisamente, mediante una regulación exigente que permita el despliegue de dicha tecnología con las garantías jurídicas necesarias para el buen funcionamiento de los servicios públicos.
En el caso español, por ejemplo, este impulso normativo ha venido dado por la Ley 39/2015, del 1° de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, del 1° de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En segundo lugar, y habiendo asegurado el sustrato normativo necesario, es preciso elaborar una estrategia concreta, precisa y estructurada por cada nivel del Gobierno que vaya a implicarse en el despliegue de la Transformación Digital. Dicha estrategia permitirá conocer el alcance de la misma, dimensionar en el tiempo y en términos económicos su impacto y evolución, además de, fundamentalmente, dar a conocer a la sociedad en general y al resto de poderes públicos su visión sobre cómo debe entenderse el proceso y cuáles deben ser los agentes implicados para asegurar el éxito del mismo.
El tercer paso lógico que se deberá dar será el de impulsar una verdadera reingeniería de procesos que traduzca el mundo del papel en el soporte digital, ya que no podemos abordar la Transformación Digital en nuestras organizaciones si no hemos eliminado, purgado, simplificado y alineado las potencialidades de la tecnología en los procesos que desarrollamos antes de empezar a digitalizar los mismos de forma escalonada, ordenada y escalada.
La administración en papel era muy segura, pero también exigía demasiados trámites para realizar pequeñas acciones. La tecnología nos va a permitir ser más eficientes en la gestión de nuestros procedimientos, pero para ello debemos cambiar la forma de entender los mismos desde un punto de vista digital.
Finalmente, el componente quizá más importante de cara a consolidar un proyecto transversal de Transformación Digital que, además, pueda implicar a diferentes niveles de gobierno es la existencia de una Dirección Pública Profesional que lo impulse y mantenga, ya que serán estos empleados públicos, funcionarios o no al servicio de las instituciones, los que velarán por su implantación, asegurarán su vigencia en el tiempo estableciendo vínculos estables entre la dirección técnica y política, y ejercerán de correa de transmisión entre los diferentes agentes del cambio.
Dicho de otra manera, si los anteriores elementos referidos (cambio normativo, estrategia, reingeniería de procesos) han podido darse sin complicaciones, el proyecto de transformación no se prolongará demasiado en el tiempo si no somos capaces de implicar a una buena masa crítica de Directivos Públicos Profesionales (entendiendo que éstos existen en la institución) que desde la estructura desarrollen funciones capaces de asentar el cambio de forma profunda, transmitir los valores positivos del mismo y cohesionar los diferentes intereses en juego que van a luchar por no alterar su status quo.
