La transición hacia un entorno creciente de conectividad que estamos experimentando en años recientes tiene implicaciones de seguridad e infraestructura que conciernen tanto a ciudadanos como a gobiernos.

Desde una dimensión gubernamental, este tema se vuelve más complejo. La existencia de un gobierno electrónico exige establecer principios rectores que aseguren su funcionamiento adecuado, así como proteger toda la información que sea generada en un sistema como éste.

De acuerdo con el Índice de e-Gobierno de la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuyo objetivo es proveer una métrica del desarrollo del gobierno electrónico, en América Latina y el Caribe hubo un avance de 4% entre 2014 y 2016. Por su parte, México obtuvo un puntaje de 0.62, ubicándolo por encima del 0.57 registrado en 2014.

Índice de e-Gobierno 2016 en Latinoamérica y el Caribe

      Posiciones respecto a los 193 miembros de la ONU       Calificación
Uruguay 34 0.72
Argentina 41 0.69
Chile 42 0.69
Brasil 51 0.64
Costa Rica 53 0.63
Barbados 54 0.63
Colombia 57 0.62
México 59 0.62
Trinidad y Tobago 70 0.58
Ecuador 74 0.56

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con datos de e-Government Survey 2016, ONU

Esta información que ubica al país en la mitad de la tabla a partir de la adopción y oferta de gobierno electrónico permite no sólo evaluar el camino recorrido y las tareas pendientes en este rubro, sino dimensionar los retos y riesgos regulatorios que conlleva la existencia del e-Gobierno.

Garantía de seguridad

El gobierno debe asegurar que la información de los ciudadanos y las agencias de gobierno, así como la comunicación realizada entre ellos a través de plataformas digitales, sean protegidas y reguardadas de manera continua y adecuada. La integridad de la información y los datos sensibles de los ciudadanos y organismos públicos podría ser vulnerada por un ciberataque o, incluso, la identidad de estos mismos podría ser suplantada.

De acuerdo con el Índice Global de Ciberseguridad 2014 realizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el país aún no se encuentra adecuadamente preparado contra las ciberamenazas. El indicador se encuentra en un rango de entre 0 y 100 puntos, y evalúa a más de 100 países para ubicarlos en 29 posiciones, entre las cuales México ocupa el lugar 18, al nivel de naciones como Burkina Faso, Vietnam y Perú.

Infraestructura e interoperabilidad

Las instituciones públicas inmersas en el gobierno electrónico deben contar con la infraestructura adecuada para su desarrollo y constante contacto con los ciudadanos. Aquí cobra importancia la inversión pública y privada en las redes de telecomunicaciones para el desarrollo y mantenimiento de las mismas.

Inversión en infraestructura de telecomunicaciones

(millones de pesos)

e-Gobierno 1

Se estima que la inversión total en este rubro alcance 79,281 millones de pesos al finalizar 2016, es decir, 11% más que la cifra preliminar de 2015 y 49.6% más que en 2014, donde 94.6% corresponde al sector privado y el resto al público.

En este sentido, el escenario se muestra positivo, ya que desde 2014 se observa una inversión con trayectoria ascendente, reforzando el potencial de la operación del gobierno electrónico en México. En cuanto a la interoperabilidad, las instituciones públicas deben actuar de manera coordinada, compartiendo y utilizando la información que se deriva de la interacción digital con los ciudadanos y entre ellas mismas.

Las e-Expectativas

La efectiva utilización de sistemas como éstos permitiría generar información común para todos los organismos de la administración pública, abaratando los costos de transacción. En este sentido, los ciudadanos no tendrían que ofrecer los mismos datos personales una y otra vez en cada trámite oficial, a la vez que podrían encontrar en un solo espacio (digital) la capacidad para interactuar con el gobierno, sin importar a qué instancia corresponda el trámite, lo cual es conocido como ventanilla única.

México no sólo cuenta con áreas de oportunidad para el desarrollo eficaz del gobierno electrónico, como lo identifica la ONU; también se debe trabajar por mejorar buena parte de los habilitadores del mismo: la seguridad de las redes de telecomunicaciones, la infraestructura y la interoperabilidad entre las agencias gubernamentales.

Es necesaria la creación de un marco rector del gobierno electrónico para México, desde todos los órdenes e instancias de gobierno, para definir el diseño o mejorar sus estrategias propias, con el objetivo de atender a la ciudadanía a través de herramientas digitales.

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México en camino hacia el e-Gobierno
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