Para todos los que hemos tenido el privilegio de trabajar para diferentes tipos de gobierno ya sea municipal, estatal o federal, podrán estar de acuerdo conmigo que la manera de estructurar cada proyecto de TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) a realizar en cada dependencia y presentarlo por las diferentes etapas que se deben cubrir dentro de cualquier institución de gobierno es una actividad que requiere un gran esfuerzo, el cual no solo es de la institución que demanda o requiere el servicio, sino también por parte de los proveedores y fabricantes en el mercado que ofrecen sus productos y servicios.
El modelo actual en el gobierno federal es complejo, ya que contiene varios requisitos que se deben considerar para cualquier escenario de contratación, todo empieza con el origen de los fondos para determinar el tipo de adquisición, y de ahí determinar el tipo de concurso que se debe realizar. Existen tres formas para adquirir, que son: asignación directa, invitación a tres o licitación nacional o internacional, dependiendo del grado de integración del servicio, esto con base en lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público (LAASSP). Otra opción es Artículo 1º, que aplica sólo entre entidades de la Administración Federal ó Pública.
Todo lo anterior está regulado, además, en cada dependencia, mediante las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios (POBALINES), con el objetivo que los recursos presupuestales destinados a la adquisición y arrendamiento de bienes y a la contratación de servicios necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos se administren y ejerzan con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; única y exclusivamente para los fines que están destinados. Este marco da certeza y seguridad a los interesados en participar (proveedores y fabricantes) en las contrataciones que celebran las Dependencias de Gobierno al tener un marco adecuadamente regulado.
Pero ahí no termina la adquisición, como complemento a todo lo descrito y exclusivo para la compra de TIC para la APF (Administración Pública Federal) no es sólo el marco normativo, hay que seguir un proceso desgastante que incluye diferentes etapas las cuales considero podrían ser mas ágiles, ya que, como ejemplo, el proceso más largo, que es una licitación nacional o internacional, después de pasar por las etapas de elaboración e investigación del servicio, dictaminación, suficiencia presupuestal (en caso de no tenerla) y el propio proceso de licitación, lleva aproximadamente siete meses para dar el fallo y obtener un proveedor o proveedores ganador que puedan otorgar los servicios solicitados, esto siempre que no se declare desierta y se tenga que realizar un nuevo proceso.
No puedo dejar de mencionar los esfuerzos que ha realizado la Presidencia de la República con la Estrategia Digital Nacional donde los mayores logros se están realizando en el derecho de acceso a las TIC (sitios públicos con acceso a Internet y medios físicos para conectarse como por ejemplo las tabletas de la SEP para niños de primaria ), contratos marco para la adquisición de licencias de software, la iniciativa de datos abiertos, el relanzamiento del portal único de gobierno que englobará todos los trámites e información del Gobierno de la República, todo esto que describo son herramientas que apoya en la detonación del uso de las TIC, pero que no necesariamente habilitan al gobierno para la compra de dichos servicio de una manera ágil, ya que como lo he descrito, en un escenario real cualquier iniciativa requiere de siete meses a partir de su definición, lo cual merma la capacidad de reacción del Gobierno.
Esto me lleva a pensar si dentro de la estrategias no queda pendiente el tema de leyes, enfocado a permitir una rápido proceso en la adquisición de los servicios de TIC, donde se tenga, como lo llaman los abogados, el “andamiaje jurídico” que soporte la entrega del servicio a los ciudadanos, incluyéndolos a estos últimos como parte del modelo, algunas iniciativas que se manejan en algunos países y en México al principio del sexenio se conoce como “Democratizar las compras públicas ”. Como resultado de esta democratización hay muchos beneficios, donde entre los principales encontramos el fomento a la competitividad, la transparencia, equidad, honestidad y respeto de los derechos ciudadanos.
Se requiere que el nuevo modelo de compras de TIC considere escenarios para reducir tiempos y materializar los proyectos en un corto plazo, con el espíritu de “generar un verdadero progreso poniendo la tecnología al alcance de todos los ciudadanos” parafraseando la frase de Henry Ford. Con ello podemos lograr compras más eficientes, y que permitan cumplir con el Programa para un Gobierno Cercano y Próspero del mismo Gobierno Federal, donde se identificó la falta de articulación en las compras y costos elevados.
Fuentes:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312422&fecha=30/08/2013
http://cdn.mexicodigital.gob.mx/EstrategiaDigital.pdf
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/ssfp/ugd.html