La soberanía de datos se ha convertido en un asunto estratégico para los gobiernos, especialmente en un contexto donde las amenazas cibernéticas crecen de manera acelerada. Este concepto implica que la información esté sujeta a las leyes, políticas y autoridades del país donde se recopila, procesa y almacena, incluyendo quién puede acceder a ella y bajo qué condiciones. Cumplir con esto es fundamental para mantener la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
En México, este desafío se intensifica debido a la creciente digitalización de los servicios públicos y a la necesidad de garantizar que la información sensible de los ciudadanos permanezca bajo resguardo.
Según el NationalCyber Security Index (NCSI), México ocupa el puesto 68 en preparación para prevenir y gestionar incidentes cibernéticos, lo que evidencia la urgencia de reforzar las capacidades de defensa digital. Por su parte, el Banco Mundial señala que América Latina y el Caribe registran el crecimiento más rápido en ciberincidentes divulgados —25% anual entre 2014 y 2023—, mientras que en países desarrollados el gasto público en ciberseguridad equivale a 30 USD per cápita, en contraste con menos de 1 USD en países en desarrollo como México. En estas naciones, cerca del 30% de los incidentes afectan directamente a la administración pública.
Entre las principales amenazas que enfrentan las instituciones públicas están el ransomware con robo de datos, ataques que aprovechan fallas de seguridad sin corregir, el robo de credenciales, phishing, vulnerabilidades en la cadena de suministro de proveedores y software, configuraciones incorrectas en la nube, y riesgos internos, tanto intencionales como accidentales. En México, como en toda Latinoamérica, los gobiernos y sus instituciones enfrentan un aumento de estos ataques, que no solo ponen en riesgo información sensible, sino que también pueden afectar la operación de servicios esenciales y generar consecuencias sociales y económicas de gran alcance.
Cómo avanzar hacia la digitalización y la IA sin perder soberanía
El desafío para los gobiernos no es elegir entre innovación o seguridad, sino encontrar el equilibrio adecuado. Para proteger la información sensible, es clave aplicar un enfoque Zero Trust, mantener los datos cifrados y bajo control propio, clasificar y reducir la información almacenada, y protegerla en todo momento. En la nube, conviene usar herramientas que detecten errores de configuración antes de que se conviertan en riesgos. El uso de inteligencia artificial debe ser seguro, eliminando datos personales y registrando su uso, mientras que la segmentación de redes ayuda a aislar sistemas y mantener los datos en regiones autorizadas. Estos pasos permiten avanzar en la digitalización sin comprometer la soberanía de los datos.
Actualmente, existen herramientas y tecnologías de ciberseguridad avanzadas, que incluyen monitoreo constante, protección contra ransomware, segmentación de redes, supervisión multicloud y programas de capacitación. La adopción de estas soluciones permite a las instituciones públicas obtener inteligencia de amenazas en tiempo real y visibilidad avanzada, ayudando a neutralizar ataques antes de que generen daños significativos.
No obstante, la tecnología por sí sola no es suficiente. México necesita una estrategia de ciberdefensa activa basada en inversión sostenida, protocolos claros y colaboración constante entre el sector público y privado. La experiencia demuestra que realizar simulaciones y ejercicios de preparación es una medida eficaz para anticiparse a los incidentes. La clave no es solo reaccionar frente a un ciberataque, sino entrenar y fortalecer las capacidades para prevenirlo.
Esto requiere una combinación de inversión tecnológica, desarrollo de talento, cooperación internacional y, no menos importante, una voluntad política que coloque a la ciberseguridad como prioridad. Solo así será posible garantizar que la transformación digital avance de manera segura, confiable y verdaderamente soberana.
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Last modified: 2 de septiembre de 2025
