Autores: Carlos Silva Ponce de León y Samuel Bautista Mora

Bienes Públicos

La introducción masiva de nuevas tecnologías, especialmente aquellas con capacidad transformadora como las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), genera expectación, pues de la misma manera en que transforman procesos productivos, también coadyuvan con aspectos del desarrollo social como la educación y la participación ciudadana, por mencionar algunos.

Ante el empoderamiento de más ciudadanos a través de la conectividad permanentemente, el Estado enfrenta el reto de encontrar la mejor forma de aprovechar la banda ancha y aplicaciones móviles como habilitadores de participación ciudadana.

Retomar la idea de bien público, es un gran punto de partida conceptual para determinar la manera en que el estado puede intervenir en diseñar, planear y ejecutar estrategias para ofertar aplicaciones de e-Gobierno.

Resulta posible identificar que las aplicaciones de e-Gobierno cuentan con características de un bien público impuro ya que, dadas las restricciones de penetración de dispositivos móviles, el costo del servicio de banda ancha móvil para los usuarios y la finitud en la capacidad de los servidores a cargo de agencias gubernamentales, las aplicaciones ofrecidas por el gobierno cuentan, por un lado, con la característica de “no rivalidad” al reconocer que su uso no restringe el consumo de otros ciudadanos; y por el otro, cumple con la “no exclusión”, ya que cualquier persona que cuente con un dispositivo conectado puede tener acceso a las apps y los servicios que estas proveen.

Evolución de la Penetración de Smartphones

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Una vez descrita la naturaleza pública de las aplicaciones de e-Gobierno, es posible reconocer que el Estado y sus agencias gubernamentales cuentan con elementos para intervenir en la provisión de las mismas por lo que, como segundo paso, tocaría medir de la efectividad de las aplicaciones que oferta.

Mala gestión de los bienes públicos

En fechas recientes, el Think Tank The Social Intelligence Unit (http://www.the-siu.net/) presentó el “Índice de Adopción y Efectividad de las Aplicaciones Gubernamentales” que evalúa la calidad y esfuerzos en la gestión de las aplicaciones por parte de las agencias gubernamentales para comunicarlas adecuadamente en medios digitales, además de ofrecerles mantenimiento.

Todas las entidades federativas reprobaron la evaluación, promediando 3.8 puntos de 10 posibles. Las entidades mejor calificadas fueron la Ciudad de México (5.7), Baja California (5.4) y Colima (5). Por su parte, Veracruz (2.4), Baja California Sur (2.4) y Nayarit (2.3) arrojan las peores evaluaciones.

Una variable que se considera en la elaboración del Índice antes mencionado y que ofrece parte de la panorámica sobre la correcta administración de las aplicaciones, es el tipo de institución que detenta la titularidad y que puede gestionar la disponibilidad de dichas herramientas en las tiendas virtuales y los metadatos que derivan de ellas.

En este sentido, se esperaría que las instituciones públicas mantuvieran la gestión sus aplicaciones móviles ancladas a cuentas de las que ellas mismas sean titulares en las tiendas de descarga. De esta forma se mantendría el control del Estado sobre los bienes públicos que busca ofrecer.

Proporción de las Aplicaciones de e- Gobierno con Titularidad Institucional

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Desafortunadamente, este no es el caso. Desde la perspectiva Federal, 75% de las aplicaciones se encuentran relacionadas con una cuenta de carácter institucional en la tienda de aplicaciones donde se descarga y aunque esto representa una mejora de 2 puntos porcentuales respecto año pasado, 25% de las aplicaciones aún se encuentran asociadas a entidades privadas ajenas al Estado, de las cuales, 18% están ligadas a cuentas de personas morales y, más alarmante, 7%, a cuentas de personas físicas.

Titularidad Federal

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Los estados han mejorado su desempeño promedio en cuanto a la titularidad, pues 43% de los registros de aplicaciones se encuentran ligados a cuentas de privados (personas morales y físicas), cuando hace un año, estas representaban el 74% de la muestra.

Titularidad Estatal y Municipal

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En cuanto a la titularidad por parte de agencias públicas municipales, 68% de los registros se encuentra asociados a una cuenta de terceros privados en las respectivas tiendas de descarga, situación que mejoró respecto al año pasado, donde 76% de los registros estaba ligado a este tipo de titularidad. A pesar de la mejora, el que aproximadamente 3 de cada 10 registros corresponda a una cuenta de las instituciones públicas municipales, es insuficiente para estimular el uso de aplicaciones por parte de la ciudadanía.

Aunque las aplicaciones, de e-Gobierno cuenten con características de bien público impuro y, por los tanto, el Estado tenga razones para proveerlas, es posible identificar, a partir de las métricas antes mencionadas, que no son correctamente gestionadas, inhibiendo la adopción ciudadana y los beneficios que esto conlleva.

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Samuel Bautista Mora, Economista (Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Gerente de Análisis de Telecomunicaciones y Radiodifusión en The Social Intelligence Unit, con experiencia en análisis del mercado y la regulación de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Sus investigaciones TIC se enfocan en aspectos de m-Gobierno, acceso a Banda Ancha Móvil, regulación y competencia, evaluación de política pública, además de infraestructura. Presencia regular en medios de comunicación por sus diversos análisis.

The Social Intelligence Unit (SIU), es una asociación civil que se constituye como un “think tank”, para estudiar el impacto social de la adopción de las TIC y consolidarse como el referente de información más eficiente y veraz del sector y de la sociedad.

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Aplicaciones de e-Gobierno como Bienes Públicos
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