La Inteligencia Artificial (IA) ha surgido como una tecnología transformadora con el potencial de revolucionar la administración y el gobierno. Su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos, automatizar procesos y predecir tendencias la convierte en una herramienta invaluable para mejorar la eficiencia y la eficacia en la prestación de servicios públicos.
A nivel global, Corea, Dinamarca y Reino Unido destacan en el Índice de Gobierno Digital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), liderando en la adopción estratégica de tecnologías digitales para beneficio de sus ciudadanos. México también ha sido reconocido al figurar entre los 30 países mejor evaluados en aprovechamiento de datos y tecnología para la transformación digital del sector público, ocupando el puesto 25 en la última evaluación. Este avance refleja un significativo progreso en los esfuerzos de modernización y eficiencia gubernamental, una tendencia que se prevé continuará consolidándose.
Sin embargo, junto con estos avances, surgen desafíos significativos, especialmente en términos de ciberseguridad, que requieren atención inmediata. Con la creciente digitalización de datos sensibles para alimentar sistemas de IA, la preocupación por la protección de los datos personales, la privacidad de las personas y la seguridad de la información se intensifica. Cada nueva tecnología adoptada representa un potencial vector de ataque, con consecuencias que van desde un tratamiento no adecuado de datos hasta la interrupción de servicios críticos.
Un informe del Center for Internet Security subraya un aumento importante en todos los tipos de ataques contra el sector gubernamental a nivel mundial de 2022 a 2023. Los incidentes de malware, por ejemplo, crecieron en un 148%, mientras que los ataques de seguridad de terminales, como accesos no autorizados y violaciones de datos, aumentaron en un 313%.
Para hacer frente a esta realidad, es crucial que en los nuevos planes de transformación digital, las administraciones y los gobiernos implementen un enfoque proactivo que abarque desde la prevención hasta la respuesta ante incidentes de ciberseguridad. En primer lugar, se deben establecer marcos regulatorios robustos que definan estándares claros de seguridad de la información para todas las entidades gubernamentales. Estas reglas deben ser flexibles y adaptables para mantenerse al día con las rápidas evoluciones en las amenazas cibernéticas y las tecnologías defensivas.
Además, las prácticas de gestión de riesgos deben ser ágiles y rigurosas, realizando evaluaciones regulares y exhaustivas para identificar vulnerabilidades en la infraestructura digital del gobierno. Las inversiones en capacitación, concientización y generación de una cultura en ciberseguridad son esenciales para fortalecer la primera línea de defensa contra las amenazas internas y externas.
Es crucial enfatizar que la IA y otras tecnologías avanzadas deben utilizarse de manera ética y responsable. Esto implica garantizar el cumplimiento de normativas y estándares internacionales, así como proteger los derechos y libertades individuales de los ciudadanos. La seguridad de la información en el gobierno es un desafío continuo y dinámico que requiere una atención constante y una combinación equilibrada de innovación y regulación.
Además de los aspectos técnicos y operativos, la cultura organizacional juega un papel fundamental en la ciberseguridad. Desde las esferas estratégicas hasta las operativas, deben entender la importancia de seguir las políticas de seguridad establecidas y participar activamente en la protección de los activos digitales del gobierno. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para construir y mantener la confianza pública en la capacidad del gobierno para tratar y proteger la información crítica de manera segura.
Si bien la IA ofrece enormes oportunidades para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios gubernamentales, también plantea desafíos significativos que deben abordarse de manera urgente y efectiva.
México y otros países que avanzan en la digitalización del sector público deben continuar con su compromiso hacia la seguridad cibernética, garantizando que las tecnologías emergentes se implementen de manera segura y ética. Con un enfoque holístico y colaborativo, podemos construir un futuro digital más seguro y resiliente para todos.