En días recientes se ha escuchado un debate en la Ciudad de México entre los taxistas y las empresas que han creado un sistema de transporte alterno, basado en conductores fuera del gremio y con distintas prestaciones (automóviles de mayor categoría, pago electrónico, información detallada del servicio y muchos etcéteras), estas empresas ofrecen su servicio principalmente a través de aplicaciones en teléfonos inteligentes, que facilitan a los usuarios que están dispuestos a pagar el sobreprecio, una mejor experiencia de viaje.
En esta situación ha resultado que en medio está el Gobierno de la Ciudad debido a que uno de sus deberes es la regulación del transporte público, a través de concesiones, licencias y registros, que es cierto que no son requisitos que los conductores que trabajan para las empresas habilitadas por la tecnología estén obligados a cumplir.
El tema tiene más aristas de las que se pueden detallar aquí, pero el tema principal de interés es cómo hacer una convivencia armónica o cómo conciliar un mundo donde la tecnología presenta nuevas oportunidades para muchos, como es el caso de la empresa que desarrolló un ecosistema de conductores, automóviles, servicio de transportación y clientes, con el mundo donde el transporte público es una concesión del estado y que genera gremios que tienen un marco legal que cumplir, y una fuerza de representación como grupo de interés. Es el esquema tradicional de organización, enfrentado con un escenario donde las oportunidades de negocios se ven facilitadas por la disponibilidad tecnológica.
Un conflicto similar se dio en la Ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, donde una empresa desarrolladora de aplicaciones lanzó un “app” que permitía avisar acera de espacios de estacionamiento disponibles. La app tenía un costo mensual de suscripción para sus usuarios y por ello el gobierno de la ciudad consideró que la aplicación lucraba con el espacio público.
En ambos casos ¿quién tiene la razón? Es válido el uso de información, la oportunidad de ofrecer un servicio mejor que el estado no provee, pero también cabe preguntarse si no se atenta contra las facultades del estado o los mecanismos de regulación, que en principio buscan la estandarización para dar certeza a los ciudadanos.
Es un lugar común decir que la tecnología va adelante del gobierno, así como hablar acerca de lo lento que puede ser el proceso de decisión en las instituciones públicas. Sin embargo creo que en este caso la divergencia va más allá, porque enfrenta dos posiciones muy distantes, donde hay factores como disparidad de información y conocimiento técnico, ánimo empresarial, disruptivo y desarrollo tecnológico contra el modelo estatal y la generación de políticas públicas, que en muchas ocasiones carece de innovación. Las capacidades que ofrece la tecnología retan a la definición de las funciones y alcance del gobierno. Las soluciones que encontraremos en estos primeros enfrentamientos seguramente serán el endurecimiento de normativas para proteger el Status Quo, pero poco a poco las preguntas y los retos serán cada vez mayores, pues los individuos encuentran cada vez más posibilidades de negocio a través de los medios tecnológicos, que de alguna manera afectan la esfera de regulación pública.
