La participación del ciudadano en la sociedad democrática varía según el contexto social y las circunstancias históricas, es decir, conforme al modelo de Administración adoptado.
Para unos se restringe a un mero ejercicio de los derechos y deberes diseñado por las normas; para otros, a un rol activo en cuestiones sustantivas del gobierno y de la comunidad, o sea, un proceso por el que la Administración Pública comparte con la ciudadanía el poder en la toma de decisiones de interés colectivo.
En este último concepto se inserta la participación social como un proceso de coproducción, en el cual los administradores facilitan el desarrollo de un servicio o política pública, desde su formulación hasta su entrega y evaluación, a través de un procedimiento creativo realizado de forma conjunta.
El modelo de coproducción
Las primeras experiencias apuntaban a la disminución de los costos con base en el principio de eficiencia, pero últimamente se están elaborando procesos enfocados en la participación de la comunidad en la Administración, como forma de perfeccionar la democracia representativa —últimamente fragilizada por la crisis de desconfianza— y legitimar la toma de decisión, entendiendo las necesidades colectivas para satisfacer los anhelos de la comunidad.
Por lo tanto, la coproducción permitiría la solución de problemas a partir del conocimiento de la comunidad que usa el servicio y el conocimiento técnico de los agentes públicos.
De igual forma, es importante identificar actores sociales que estén comprometidos en ejercer la ciudadanía para el control y la fiscalización de la ejecución de los servicios, y la efectividad de la prestación a la comunidad, pues lo ideal es que este proceso participativo ocurra desde el diseño de la política hasta su evaluación.
En este escenario, la participación social es una herramienta que lleva la información a los ciudadanos, contribuye a la transparencia y representa una forma de perfeccionar los procesos de rendición de cuentas, que sólo sería efectiva con la participación de los ciudadanos en la toma de decisión y en la evaluación de la prestación de los servicios.
En la literatura existen referencias diversas sobre el uso de la Tecnología de la Información como forma de aumentar el universo de los participantes y obtener respuestas más rápidas de la comunidad en cuestiones llevadas a la discusión democrática.
Sin embargo, las plataformas tecnológicas rara vez proporcionan información básica acerca de la legislación que debe respetarse, el funcionamiento interinstitucional, las razones que conducen a las limitaciones presupuestarias y la información gerencial que llevó a la toma de decisión anterior, por mencionar algunos casos.
En otras palabras, nos interesa llamar la atención al hecho de que compartir las decisiones aún se realiza de forma desigual, no permitiendo, por un lado, que la voz de la ciudadanía gane la fuerza del conocimiento y aporte la formulación de nuevas ideas, y por el otro, que sean rediscutidos los procesos normativos y las formas de gobernanza que muchas veces limitan y conforman el diseño de las políticas públicas.
Beneficios de la participación social
- Ayuda a crear nuevas formas de gobernanza.
- Restablece la confianza en las instituciones democráticas.
- Fomenta el desarrollo de una madurez en la participación ciudadana.
- Trae eficiencia para la prestación de servicios públicos con soluciones innovadoras.
- Legitima la toma de decisión.
- Desarrolla en el servidor público una forma de rendir cuentas con indicadores formulados por la propia comunidad.
Algunos desafíos
- El cambio cultural de la propia Administración de saltar del modelo burocrático a uno participativo que acoja los anhelos de la comunidad de forma diferenciada.
- Aprovechar la experiencia práctica de la comunidad y el conocimiento técnico de los administradores.
Interacción entre comunidad y poder público
Los servidores públicos están siendo llamados a un nuevo papel de facilitadores en la toma de decisiones con participación social. Para ello, deben crear ambientes virtuales donde el diálogo entre el poder público y la comunidad sea una interacción que posibilite la madurez de los participantes en cuestiones relacionadas con políticas públicas, más concretamente en torno a la prestación de servicios, para calificar estos procesos y repensar también las demás cuestiones que involucran y conforman su prestación.
Así, las plataformas de participación social deben pasar de urnas de votación a herramientas que hagan posible que la sociedad civil contribuya, de forma eficaz, en los procesos de prestación de servicios públicos, proporcionando información vital para la toma de decisiones. Pero también es necesario encontrar procesos creativos e innovadores en cuestiones periféricas que son importantes en la prestación de dichos servicios.
Por otro lado, esas plataformas deben ser atractivas y elaboradas en diferentes medios, a fin de ser complementarias entre sí y construir un conocimiento sobre el tema, que permita la participación responsable y constructiva.
Para lograrlo, el uso de la Tecnología de la Información debe rodearse de herramientas de comunicación que abarquen un conjunto de conocimientos teóricos, foros de debate, salas virtuales de discusión, videos, mapas y senderos de participación, y diversos mecanismos de consulta.
La participación social puede aportar aire fresco para la Administración Pública, aún involucrada en valores burocráticos que destacan el mero conocimiento especializado y las competencias técnicas relacionadas con la burocracia de Weber, como forma de alcanzar “eficiencia gerencial” para crear estructuras estáticas y modelos insostenibles de prestación de servicios. Por eso, hay una necesidad de cambio cultural en la forma en que comprometemos a los actores sociales en el proceso de coproducción.
Sin embargo, la tecnología no puede reemplazar el trato humano directo. Es por esto que, ante ciudadanos y gobiernos conectados, se necesita una Administración con capacidades distintas. La pregunta es si estamos gestionando ese cambio. A mi juicio, no conscientemente.
