Los datos son un activo nacional y un importante bien económico que puede mejorar la eficiencia de las empresas existentes e impulsar nuevas industrias y modelos de negocio, por ello los gobiernos deben ser responsables de recopilar y albergar de forma segura enormes cantidades de datos de los ciudadanos y de garantizar al público que sus datos están seguros y protegidos. Se recomienda encarecidamente a los organismos públicos que compartan datos y colaboren para ayudar a los organismos públicos a prestar servicios eficaces y eficientes a todos los australianos.
Más datos, más amenazas
La pandemia ha acelerado la tendencia a la digitalización y a la innovación basada en los datos, lo que ha facilitado que más personas puedan trabajar o estudiar a distancia. También ha aumentado el número de amenazas sofisticadas diseñadas para robar o pedir un rescate por los datos. En combinación con un mayor uso de los sistemas digitales basados en la nube y las iniciativas nacionales, como la recopilación de datos personales para ayudar al rastreo de contactos de COVID-19, los ciudadanos están transmitiendo una mayor preocupación por la privacidad y presionando al gobierno para que garantice que los datos se compartan de forma instantánea y a la vez estén completamente protegidos.
Aceleración tecnológica
Las plataformas tecnológicas modernas permiten a los organismos públicos un mejor acceso a un potente análisis de datos. El uso de big data, el aprendizaje automático y la analítica pueden ayudar a los organismos federales y estatales impulsados por los datos a obtener información y, a continuación, actuar sobre ella para proporcionar importantes beneficios al público. Además, el uso inteligente de la analítica genera resultados que tienen un impacto positivo y directo en los ciudadanos, como la mejora de la prestación de servicios, la detección de amenazas, la lucha contra el blanqueo de dinero, la eficacia del personal y la respuesta a las emergencias.
El entorno operativo de los gobiernos es ahora más transparente que nunca. La tecnología está acelerando todos los aspectos de la administración, creando una mayor presión sobre los departamentos gubernamentales para que respondan rápida y adecuadamente a las necesidades que cambian rápidamente. Sin embargo, los presupuestos para las TIC suelen reducirse en lugar de aumentar. Para adaptarse a esta nueva realidad, los directores de informática deben plantearse dónde invertir, cómo gestionar los costes, dónde encontrar competencias y cómo aprovechar mejor los datos para apoyar al gobierno.
Otro reto importante es que el crecimiento de las iniciativas digitales y la adopción de la toma de decisiones basada en datos ha puesto de manifiesto una importante escasez de competencias. Las competencias en ciencia y tecnología de los datos son muy difíciles de encontrar, lo que hace que el coste de la mano de obra aumente drásticamente.
Estrategia con visión de futuro
Dado que el uso de datos modernos es cada vez más importante para que los organismos públicos puedan satisfacer las expectativas de los ciudadanos y que escasean las competencias relacionadas con los datos, los organismos deben desarrollar una política estratégica que proporcione una visión y una dirección para un futuro basado en los datos.
Una estrategia de datos adecuada permitirá a los organismos públicos compartir y colaborar de forma segura para obtener el máximo valor de sus datos, garantizando al mismo tiempo su seguridad con costes manejables y predecibles. Un componente clave de dicha estrategia es saber dónde y cómo invertir en tecnología que sea sencilla de instalar y manejar, limitando así la necesidad de personal altamente cualificado.
El almacenamiento de datos debe considerarse de forma holística con el objetivo de desarrollar una plataforma alineada con la estrategia de datos. Una estrategia bien ejecutada invertirá en tecnología que limite el número de habilidades tecnológicas necesarias, permitiendo así una mayor inversión en ciencia de datos y habilidades de IA. El objetivo final debe ser garantizar que los organismos colaboren mejor para prestar servicios integrados a los ciudadanos, protegiendo al mismo tiempo esos datos contra todas las amenazas, internas y externas, y aprovechando los datos de forma inteligente para impulsar las iniciativas gubernamentales.
Los organismos públicos se enfrentan a varios retos importantes en relación con el crecimiento de los datos y la mejor manera de gestionarlos. La presión contradictoria para compartir, al mismo tiempo que se garantiza la protección total de los datos durante un período de escasez de habilidades y disminución de los presupuestos, hace que el papel del CIO sea extremadamente difícil. Invertir en una tecnología moderna que sea fácil de desplegar y eficiente de manejar ayudará sin duda a superar algunos de los retos.
En última instancia, los datos deben considerarse un activo estratégico que requiere el patrocinio ejecutivo de una política formal. Un sistema eficaz de política de datos implica algo más que prácticas sólidas de gestión y seguridad de datos. Debe incluir previsiones sobre cómo se espera que cambien con el tiempo la recogida de datos, su uso y las restricciones de transferencia. Las agencias gubernamentales deben diseñar programas de intercambio de datos, privacidad y seguridad para responder a esos cambios y proteger los activos nacionales de los que son responsables.
Originalmente publicado en GovTech Review
