El surgimiento de los dispositivos voladores sin tripulación tiene aristas que no sospechamos, al igual que cuando se vio la primera aplicación que permitía compartir un bien propio y obtener una ganancia de ello. Cierto que denominamos drones desde los pequeños aparatos que pueden volar controlados por un teléfono celular con una autonomía realmente baja, hasta las grandes máquinas voladoras que compiten en tamaño com aviones monoplaza e incluso pueden estar armados militarmente.
Sin embargo y debido a esta variabilidad en la definición, promover regulaciones que no tomen en cuenta tales diferencias puede generar resultados inesperados, y en ocasiones sospechosos. Este ejemplo lo podemos ver en la reciente legislación colombiana al respecto, donde hay varios obstáculos para que los drones, sin importar tamaño, puedan volar por los aires en actividades distintas, como realizar video o fotografía aérea, entregas o labores de rescate. La legislación comentada indica varios puntos que hay que destacar:
- Se requiere un seguro para volar los drones, aún cuando no hay empresas aseguradoras que vendan este tipo de pólizas
- Curso de capacitación para los “pilotos” (tampoco hay escuelas acreditadas) que generen certificaciones renovables cada seis meses (se calcula el costo del curso en $5,000 USD, más que el costo de algunos dromes)
- Comunicación con la torre de control de vuelos (con el consiguiente pago de derechos de aeronavegabilidad)
- Prohibición de volar a menos de 5 kilómetros de aeropuertos, lo cual de hecho debería eliminar el requisito anterior
- Comunicar planes de vuelo a la autoridad responsable del espacio aéreo con 15 días de anticipación
Si bien el principal problema es que la legislación se ha emitido antes de tener los mecanismos para emitir seguros, certificaciones o soportar el tráfico de comunicaciones, algunos indican que de manera sospechosa los principales beneficiarios de esta regulación son las empresas que realizan vuelos de fotografía, reconocimiento, grabaciones con helicópteros y otros actores importantes en la actividad económica y para quienes la aparición de los drones supone una importante (y para ellos desleal) competencia. Recordemos que el nivel de inversión requerido para adquirir un dispositivo de vuelo no tripulado pequeño esta en el rango de los $2,000 USD (con amplias prestaciones) y el costo de un helicóptero está en el rango de los cientos de miles de dólares.
Entramos así a un conflicto nuevo donde el avance tecnológico reta al estado de cosas en cuanto a las concesiones de la autoridad, licencias, capacitación, seguros, restricciones e intereses económicos. ¿Suena a un escenario conocido?
