El estado de Conneticut en los Estados Unidos de América, está promoviendo cambios legales para que cualquier empresa que interactúe con el gobierno realice la encriptación de los datos de los usuarios de los sistemas, así como establecer límites de tamaños de descargas de datos para lograr un mayor espectro de seguridad de los datos.
Este movimiento es una respuesta al incidente de seguridad donde un 30% de los datos de los residentes en el estado quedaron expuestos debido a una vulnerabilidad.
Las preocupaciones en el incremento de los costos de software y hardware para las empresas que deban trabajar y transmitir o consumir datos de fuentes gubernamentales salen a la luz a la vez que la posibilidad de que este marco legal sea un factor para que las pequeñas empresas no sean competitivas en la provisión de servicios al estado. A pesar de esto, los legisladores del estado indican que en el largo plazo las empresas encontrarán que es más barato invertir en la seguridad que tratar de “limpiar el tiradero que dejen las vulnerabilidades de los sistemas”.
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