El espíritu de innovación como una herramienta eficiente para colocar al ciudadano en el centro, hoy me parece más necesario que nunca, pues en definitiva, esa es la esencia de un buen gobierno y sobre todo, de uno que se considere y quiera ser llamado gobierno abierto.
Mi concepción surge de la premisa de que el ciudadano es el centro del universo de las acciones públicas, en otras palabras, un gobierno abierto busca satisfacer demandas de los ciudadanos y más que demandas, le llamaríamos necesidades, pues cuando estas necesidades son satisfechas en un tiempo oportuno, razonable y prudente se obtiene un nivel de satisfacción optimo y es aquí donde la administración pública se ve legitimada por la valoración de las personas.
De hecho, se puede asegurar que con la ayuda de herramientas como el Gobierno Electrónico o E-Goverment como se le conoce en el mundo anglosajón, en cuestión de minutos se resuelven necesidades y sin temor a la exageración, en muchos temas se puede dar servicio en tiempo real, un ejemplo de esto son las consultas que se brindan en línea a través de los Centros de Atención. En este sentido, para nadie es un secreto que la población reflexiona en tiempo real y exige en tiempo real, por lo tanto, debe recibir respuesta en tiempo real.
Hoy en día no podemos pensar en la universalización de los servicios públicos sino asumimos el compromiso ciudadano de impulsar el desarrollo humano conjuntamente con las autoridades públicas, con un gobierno que utilice la tecnología como un aliado para mejorar vidas, para llegar a más personas, para colocar al ciudadano en el centro de toda política pública. Sin embargo, se corre el riesgo de que un segmento de la población se quede fuera del alcance de los servicios por la ya conocida brecha digital. En este sentido, podemos decir que una práctica digna de emular puede ser aquel proyecto conocido como un portátil por niño (OLPC) y de esta manera se puede lograr una población alfabetizada digitalmente.
La tecnología como instrumento de innovación puede servir para abaratar los procesos que brinda el sector público, al mismo tiempo sabemos que impacta positivamente en la exclusión social por medio de políticas públicas definidas, ya que el gobierno electrónico es una plataforma que está a la disposición de los más necesitados y garantiza derechos ciudadanos, como el derecho a saber. Es necesario señalar que, existen pocos desafíos para los gobiernos como el de cumplir seriamente con sus ciudadanos y en un mundo con una población con acceso a internet cada vez más grande, debe desarrollarse el gobierno electrónico. En América Latina, países como Uruguay representan un verdadero ejemplo de consistencia y compromiso gubernamental con el desarrollo del uso de las TICs.
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Podríamos decir que una de las mejores prácticas que algunos países implementan actualmente, es la autoevaluación del índice de gobierno electrónico de las instituciones públicas, esto como un ejercicio de reflexión que permite a las naciones tener su propio promedio previo al diagnostico realizado por los índices reconocidos de los organismos internacionales. La República Dominicana es un buen ejemplo de esto, ya que desde la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OPTIC) se realiza periódicamente una medición de los portales institucionales del país estableciendo un ranking en cuanto a gobierno electrónico. En adicción a lo anterior, el Ministerio de Administración Pública (MAP) hace poco lanzó su Observatorio de Servicios Públicos, para monitorear la calidad de los servicios y asistencia que recibe la ciudadanía.
Podríamos decir que, otro mecanismo de medida del MAP, que de manera directa obliga a las instituciones públicas a revisar sus procesos y servicios para colocar al ciudadano en el centro, es el conocido Premio Nacional a la Calidad, donde todas las instituciones compiten entre sí con el objetivo de ganar el máximo galardón o al menos obtener alguna mencion de honor por prácticas promisorias. Las instituciones generalmente quieren competir para que sus gestiones sean bien apreciadas por la ciudadanía, y algunas veces para ganar el favor del Presidente de la República, pero al final el ciudadano es el gran ganador luego que estas entidades alcanzan el nivel de excelencia.
Por otra parte, este país puede mostrar grandes avances en los resultados obtenidos en el proyecto del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (911), cuyo éxito se ha debido esencialmente al uso de las TICs. Este servicio se maneja basado en normas, protocolos y estándares de calidad, utilizando tecnología de punta para la localización de las zonas críticas de la ciudad, mientras ayuda a la mejora de la cartografía dominicana. Como resultado, el 911 había atendido más de 300 mil emergencias en sus primeros 10 meses de operación.
El éxito de la implementación del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (911), ha sido uno de los resultados de las políticas públicas que se vienen desarrollando desde el centro de gobierno dominicano. En otras palabras, como lo define el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuando mencionamos la figura del centro de gobierno, nos referimos a la institución o grupo de instituciones que prestan apoyo directo al Jefe del Ejecutivo (Presidente o Primer Ministro) en la conducción de la gestión del gobierno.
Este centro de gobierno ha sido coordinado por el Ministerio de la Presidencia, que ha venido diseñando, implementando y evaluando programas y proyectos tales como el del 911 y el de las Visitas Sorpresa, que se desprenden de la ejecución de las metas presidenciales de la administración de Danilo Medina. Esto ha sido posible a través del enfoque en metas cuantitativas que van dirigidas a sectores prioritarios de la nación, estableciendo los objetivos que marcan las principales prioridades del ejecutivo y logrando un monitoreo y seguimiento de en la implementación de estas políticas. Además, el Ministerio de la Presidencia se ha visto fortalecido con la creación de la figura de la Dirección de Gabinete Ministerial, como unidad coordinadora que funge como principal enlace entre determinado ministerio y la Presidencia, siendo uno de los avances de la Ley Orgánica de la Administración Pública No. 247-12.
Resulta muy interesante la noticia publicada por diferentes medios de la prensa internacional, estableciendo la República Dominicana como la economía que más creció de toda América Latina y el Caribe en el 2015 con un crecimiento de un 7%, un informe confirmado por instituciones financieras como el Banco Mundial y el BID. Pienso que es la oportunidad perfecta para empezar a invertir más en tecnología, reducir la brecha digital, mejorar los servicios públicos, colocar al ciudadano en el centro del gobierno pero sobre todo, convertir ese crecimiento económico en desarrollo económico y humano acorde con los objetivos del milenio.
Todo esto nos hace pensar en los grandes cambios que está sufriendo el mundo, retos y desafíos que obligan a la constante actualización de las herramientas tecnológicas que tenemos para dar respuesta a los requerimientos del ciudadano, ya que los nuevos tiempos demandan un gobierno más cercano de la gente.
Sin embargo, tenemos que llegar a la reflexión de que gobernanza es un concepto mucho más amplio que el de gobierno y hace que el asunto se torne más complejo, pues hablar de gobernanza es hablar de la sinergia entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Lo anterior, es la razón por la cual se requiere de un gobierno más integrado que fomente la participación y el involucramiento ciudadano.
Este gobierno integrado al que hago referencia, es simplemente aquel que logre la interoperabilidad de las instituciones como garantía de la satisfacción ciudadana. De igual manera, es aquel gobierno que haga un compromiso serio y sostenido con el desarrollo del país pero sobre todo con mejorar vidas y colocar al ciudadano en el centro del gobierno para sociedades más exitosas.
Texto publicado originalmente en Política Comunicada.
