Cuando se habla de compras públicas, son muchos los aspectos que se pueden abordar: desde la forma en que un gobierno adquiere los bienes y servicios —ya sea para su propio funcionamiento o la atención de la ciudadanía— hasta el hecho de presupuestar los recursos para adquisiciones futuras.
En esta entrega hablaremos de compras y presupuestos públicos en la capa más básica de todo el ecosistema TIC, es decir, las telecomunicaciones. Para ello, repasaremos algunos aspectos del esfuerzo presupuestario que el gobierno ha realizado con el objetivo de llevar servicios de conectividad en sitios públicos a través de Internet para Todos (antes conocido como México Conectado) y, finalmente, se harán algunas recomendaciones para mejorar su funcionamiento.
Gasto en la primera mitad del año
Las unidades responsables del programa son la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC) y los Centros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en los 31 estados del país. El programa tiene por objeto llevar conectividad a sitios públicos como parques, escuelas, hospitales, centros de investigación, entre otros, mediante la contratación de internet con operadores privados de servicios de telecomunicaciones.
De acuerdo con la plataforma Transparencia Presupuestaria, a Internet para Todos se le asocian 355 contrataciones en ejecución por las que se pagaron, hasta la primera mitad del 2019, 458.5 millones de pesos (mdp), es decir, 77% de los recursos que le fueron presupuestados para finales de dicho año.
Asimismo, del total de los recursos del programa destinado a los 31 Centros SCT (16.3 mdp), se pagaron efectivamente 6 millones de pesos a mitad de año, es decir, apenas 37% del total de recursos presupuestados para todo el año. Por citar los extremos, el Centro SCT de Baja California ha pagado el equivalente al 13% de los recursos que se le asignaron para el programa, mientras que el Centro SCT en Quintana Roo pagó el 60%.
Los contratos otorgados en este período son de una naturaleza variada y van desde servicios de provisión de combustible y jardinería hasta la remodelación de instalaciones. Sin embargo, llama la atención que no es posible identificar algún contrato dedicado a la provisión de internet en espacios públicos, objetivo final del programa.
Red NIBA y Fideicomiso e-México: segunda mitad del año
A partir de la segunda mitad del 2019 se registran dos contrataciones adicionales por parte de la CSIC. La primera asegura servicios de internet de alta capacidad en centros de educación, investigación y de salud que corresponden a la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA), cuyo servicio se adquirió a través de una licitación pública para conectar 1,275 puntos a un costo para el erario de 98.6 millones de pesos, equivalentes al 16% del total de recursos presupuestados para el programa Internet para Todos en 2019.
Del total de puntos a conectar, 54% de ellos están asociados a diez dependencias, de las cuales el IMSS es la mayor beneficiaria en términos del número de sitios que recibirán internet. Los anchos de banda solicitados fluctúan entre los 100 y los 10,000 megabits por segundo (Mbps).
La segunda contratación se hizo a través de una invitación a tres personas con el objeto de obtener servicios profesionales de apoyo en los proyectos del Fideicomiso e-México. El contrato que derivó de esta invitación finalizará en diciembre de 2019 y se estableció una contraprestación de 490 mil pesos.
Este fideicomiso, responsabilidad de la CSIC, registra erogaciones por 512.7 mdp a mitad de 2019 por concepto de pago de diversos proyectos relacionados con “conectividad digital satelital, conectividad de banda ancha, puntos México Conectado, proyectos de inclusión digital y México Conectado”, lo cual sugiere que el destino de los recursos es el programa Internet para Todos. Sin embargo, no es posible verificarlo a través de una búsqueda simple de contratos asociados a las erogaciones del fideicomiso.
El instrumento e-México tenía disponibles, en el período mencionado, 6.4 miles de millones de pesos, la cantidad más baja desde la primera mitad de 2015, cuando el fideicomiso contaba con 12 mil millones de pesos disponibles.
Llama la atención que, como estipula el Artículo Transitorio Décimo de la de Ley de Ingresos, de acuerdo con la iniciativa de Ley de Ingresos para el año 2020, “…las dependencias y entidades que coordinen la operación de fideicomisos públicos sin estructura orgánica […], salvo los que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), concentrarán en la Tesorería de la Federación, […] los recursos públicos disponibles no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 en dichos vehículos…”. En este supuesto se encuadra el fideicomiso e-México, por lo que sus recursos podrían ya no estar vinculados a las necesidades del programa Internet para Todos u otras labores de la CSIC.
Centros SCT y la distribución de los recursos
Los Centros SCT juegan un papel en el programa Internet para Todos, pues ejercen, aunque mínima, una parte de su presupuesto. Se espera que dichos centros eroguen, al final de 2019, 3% del presupuesto del programa.
Una de las preocupaciones respecto a estas dependencias es la distribución de los recursos. Se podría esperar que la cantidad de dinero que se les otorga se encuentre correlacionada con los niveles de adopción de servicios de telecomunicaciones en las entidades financieras, es decir, a menor adopción de servicios, mayor inversión pública en la entidad.
Como muestra la gráfica 1, los Centros SCT de Oaxaca y Chiapas, estados que registran una proporción de usuarios de internet menor a 50%, han erogado 4% y 7% respectivamente de los 16 millones de pesos que los 31 centros pagaron hasta la primera mitad de 2019. Mientras tanto, estados como Nuevo León, Jalisco y Sonora, con proporciones de uso de internet por encima del 70%, erogaron 3%, 7% y 11% de los recursos mencionados.
Al observar la presupuestación proyectada para 2020, la distribución de recursos para los Centros SCT mejora (ver gráfica 2). Por ejemplo, Chiapas recibiría 8% de los recursos que se destinarían a Internet para Todos por la vía de los Centros SCT, a la vez que el indicador mejora para Oaxaca, que recibiría esa misma proporción. Además, los centros de Sonora y Jalisco contarían con 4% y 6%, algo menor a la proporción mencionada.
Por otro lado, Internet para Todos no es el único programa dentro de la agenda de políticas de telecomunicaciones de la actual administración. Vale la pena destacar la creación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE Telecom). Esta subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de acuerdo con su título de concesión, brindará servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro donde no se cuente con una oferta comercial y en espacios públicos.
Para la operación de CFE Telecom, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 (PPEF) contempla mil millones de pesos, es decir, 11 veces el costo de los 1,275 sitios que se conectarán gracias a la licitación asociada con la Red NIBA. Esta empresa productiva del Estado será fundamental para la actividad de Internet para Todos, pues a través de ella podrían llevarse los servicios de conectividad en sitios públicos tal cual se hace con los operadores privados actualmente. Sin embargo, para ello será fundamental una clara coordinación entre las dependencias responsables de los proyectos.
Breves recomendaciones
Los retos en cuanto a las compras y presupuestación de las políticas de telecomunicaciones son innumerables. A continuación, se enumeran algunas de las lecciones que nos deja el repaso que aquí se hizo del programa Internet para todos:
1. Enfocar el dinero público en el corazón de los programas. Tuvo que pasar medio año para que la nueva administración licitara puntos de conectividad, incluso cuando se contaba con recursos para hacerlo.
2. Contar con transparencia en el origen de los recursos. El destino de las erogaciones del fideicomiso e-México, aunque susceptible de ser desaparecido en 2020, no pueden ser fácilmente verificables, por lo que no existe seguridad de qué partidas fueron invertidas en el programa Internet para Todos.
3. Todavía existe espacio para distribuir mejor los recursos públicos en los estados o regiones donde la adopción de la tecnología es menor. Estados con elevadas proporciones de internautas reciben, a través de los Centros SCT, casi las mismas cantidades de recursos que estados con pocos internautas.
4. Debe quedar clara la coordinación entre dependencias para que la aplicación del programa no sea redundante. Un esquema que establezca la coordinación entre la SCT y CFE Telecom podría detonar una conectividad efectiva en los sitios públicos.
