El 25 de enero de 2011 estallaron las protestas en todo Egipto contra el régimen de Hosni Mubarak. Mientras unos dos millones de personas protestaban en la plaza Tahrir de El Cairo, el gobierno trató de controlar la narración bloqueando primero Twitter y luego Facebook. En un par de días, los servicios de telecomunicaciones de Egipto se quedaron a oscuras. Según los informes de la época, “el cierre provocó una caída del 90% en el tráfico de datos hacia y desde Egipto, paralizando una importante herramienta de comunicación utilizada por los manifestantes antigubernamentales y sus partidarios para organizarse y difundir su mensaje”.
El cierre digital de Egipto provocó ondas de choque en todo el mundo, llevando a la gente a una conclusión: La libertad de Internet estaba amenazada. En un discurso, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, dijo que la libertad de Internet “tiene que ver con que vivamos en un planeta con una sola Internet, una sola comunidad global y un cuerpo común de conocimientos que nos beneficie y nos una a todos, o en un planeta fragmentado en el que el acceso a la información y a las oportunidades dependa de dónde vivamos y de los caprichos de los censores”.
Una década después, el panorama es muy diferente, porque tanto el mundo como Internet han cambiado radicalmente. En 2011, se celebró a Facebook por acelerar el despertar de Egipto; en 2021, Facebook es vilipendiado por parecer hacer poco para moderar las publicaciones en los países más violentos del mundo, o por sus luchas para contener las publicaciones de los insurrectos. La Internet de hoy se ha convertido en una que exige seguridad en lugar de libertad, y los gobiernos están dispuestos a intervenir, como lo demuestra la legislación que invade la privacidad en Canadá, Australia, el Reino Unido y otros países.
Desde la Ilustración, la seguridad pública se considera el primer deber del gobierno. Para que el gobierno garantice la seguridad, los pensadores de la Ilustración observaron que los individuos abandonarían el estado de naturaleza libre. Hobbes escribió al respecto “El fin por el que un hombre renuncia, y cede a otro u otros, el derecho de protegerse y defenderse por su propio poder, es la seguridad que espera con ello, de protección y defensa de aquellos a los que así renuncia”. Para los filósofos de la Ilustración, la seguridad era fundamental para las concesiones que la gente haría al Estado.
La lucha contra la desinformación (especialmente durante una pandemia) y los contenidos extremistas, el intento de desenmascarar a los abusadores de niños que utilizan los servicios de Internet… todas estas cuestiones caen fácilmente bajo la noción de “seguridad pública”, y proporcionan al Estado una justificación para la intervención. Si la soberanía está condicionada a la capacidad del soberano para garantizar la seguridad del pueblo, entonces el Estado debería tener todo el derecho a actuar en cualquiera de estas cuestiones.
Sin embargo, en la práctica, la seguridad en Internet se opone a los beneficios más fundamentales de la red: el empoderamiento de los ciudadanos, la interconexión global y la apertura de nuevas vías de innovación. Mientras que una vez buscamos una Internet más global y abierta, la seguridad en Internet representa un movimiento que está orientado hacia el interior, fragmentado y, a menudo, peligrosamente equivocado.
El proyecto de ley de seguridad en línea del Reino Unido es un buen ejemplo. Con la promesa de convertir al Reino Unido en “el lugar más seguro del mundo para estar en línea”, el proyecto de ley, amplio y sin objetivos, contiene amenazas a la libertad de expresión, la privacidad, la seguridad e Internet. El principal objetivo del proyecto de ley, luchar contra los contenidos ilegales y perjudiciales, se lograría imponiendo un “deber de cuidado” a los proveedores de servicios de Internet. El deber de cuidado se extendería también a los usuarios, que podrían enfrentarse a hasta dos años de cárcel por enviar mensajes o publicar contenidos que causen “daño psicológico” a otros. Si el proyecto de ley se aprueba, el gobierno del Reino Unido, en colaboración con la Oficina de Comunicación, el superregulador del proyecto, tendrá que introducir “códigos de práctica para especificar los diferentes niveles del deber de cuidado y responsabilidad”. (De momento, no están claros el alcance y el ámbito de la obligación de atención). Además, el proyecto de ley prohibiría los servicios de comunicación cifrados de extremo a extremo en nombre de la seguridad. Los proveedores de servicios serían responsables penalmente de los actos de sus usuarios si las fuerzas del orden no consiguen acceder a los datos de las comunicaciones cifradas. Por último, el proyecto de ley de seguridad en línea justificaría la persecución penal de los ejecutivos tecnológicos que no aborden cómo sus algoritmos causan daños. “Retiren hoy sus algoritmos perjudiciales y no serán sometidos -los individuos nombrados- a la responsabilidad penal y al enjuiciamiento”, dijo la secretaria de Cultura del Reino Unido, Nadine Dorries.
Australia se enfrenta a una situación similar. El informe Freedom on the Net 2021 de Freedom House afirma que “la libertad en Internet en Australia [ha] retrocedido” gracias, en particular, a la aprobación de su propia Ley de Seguridad en Línea. Promulgada en junio, la legislación introduce un conjunto de “expectativas básicas de seguridad en línea” que los proveedores de servicios de Internet, las plataformas de medios sociales y otras partes en línea deben mantener. Entre ellas se encuentran la protección de los menores frente a determinados contenidos, la respuesta a las quejas de los usuarios sobre el ciberacoso dirigido a los niños australianos y el intercambio de contenidos no consentidos, y la eliminación de contenidos abusivos hacia los australianos en general.
Por último, en Canadá, las elecciones pusieron en pausa temporal una propuesta legislativa que apunta a cinco categorías diferentes de contenido dañino: discurso de odio, abuso sexual infantil, terrorismo, incitación a la violencia y el intercambio no consensuado de imágenes íntimas. La atención se centra en las grandes plataformas (como Facebook, YouTube, TikTok y Pornhub), que deberán tomar medidas razonables para bloquear estos contenidos en Canadá; una vez que se identifique el contenido como dañino y/o ilegal, deberá ser retirado en 24 horas. La ley también otorga a las fuerzas del orden poderes discrecionales “para identificar amenazas a la seguridad pública”. En el blog de Mozilla, Owen Bannett escribe que “en su propuesta de que las plataformas retiren más contenidos en periodos de tiempo cada vez más cortos, el enfoque del gobierno simplemente responde a los síntomas y no a las causas estructurales de los daños en línea. Peor aún, la propuesta del gobierno incluye algunas ideas políticas sugeridas que tendrían el efecto contrario de hacer que los espacios en línea sean más saludables e inclusivos”. Por ejemplo, dice Bannett, “el aparente enfoque de ‘tolerancia cero’ del gobierno con respecto a los contenidos objetables … se manifiesta a través de la propuesta de que los servicios en línea deben informar de los casos de ‘contenido potencialmente delictivo’ a las agencias de seguridad nacional. Esto… incentivará una mayor y más invasiva vigilancia de las personas por parte de las plataformas (por ejemplo, filtrado de subidas; políticas de nombre real) y tendrá un impacto dispar en aquellas personas y comunidades que ya se enfrentan a una opresión estructural en el sistema de justicia penal”. Está previsto que la legislación regrese con el nuevo gobierno, y nada indica que no se apruebe cuando se reintroduzca.
En nombre de la seguridad, los gobiernos están poniendo condiciones que hacen cada vez más difícil que los actores de Internet den prioridad a la seguridad. El cifrado es un claro ejemplo. Las herramientas de cifrado constituyen importantes elementos de seguridad y son un signo de una red saludable. Por eso, cuando las intervenciones de los gobiernos en nombre de la seguridad comprometen la integridad del cifrado, crean islas de redes inseguras que tendrán dificultades para interconectarse con otras seguras, fragmentando aún más Internet.
La seguridad y la libertad no son irreconciliables, y no deberían tratarse como tales. Benjamín Franklin dijo: “Aquellos que renuncian a la libertad esencial para comprar un poco de seguridad temporal, no merecen ni la libertad ni la seguridad”. Es responsabilidad del gobierno encontrar el equilibrio entre seguridad y libertad. Sin embargo, en su aplicación actual, el enfoque en la seguridad facilita la creación de puntos de estrangulamiento centrales que permiten la intervención del Estado. Dado que la naturaleza global de Internet es una característica y no un defecto, esta intervención conduce a la fragmentación y al conflicto.
Entonces, ¿por qué la seguridad en Internet es una idea tan popular?
Hay una razón práctica, y tiene que ver con la incapacidad del mercado para autorregularse y abordar eficazmente las cuestiones de seguridad. Las mismas empresas que hace 10 años eran consideradas como faros de la libertad en Internet en todo el mundo se presentan actualmente como las causantes de un entorno de Internet inseguro. Las filtraciones de datos, los ataques de ransomware, la oleada de desinformación y descredito y diversos incidentes de ciberseguridad han hecho que todos nos sintamos menos seguros y, a menudo, menos libres. Por ejemplo, a principios de este año saltó la noticia de que la empresa israelí de vigilancia NSO Group estaba vendiendo software de piratería informática a gobiernos autoritarios de todo el mundo para atacar a activistas de derechos humanos, periodistas, políticos y abogados. Sin que la solución provenga del mercado, los gobiernos no han tenido más remedio que intervenir, principalmente mediante normativas que perpetúan la tensión entre seguridad y libertad. De hecho, el informe Libertad en la Red 2021 concluyó que “aunque algunos gobiernos democráticos han hecho intentos de buena fe para regular la industria tecnológica, la intervención estatal en la esfera digital en todo el mundo ha contribuido al undécimo año consecutivo de declive global de la libertad en Internet”.
Nadie quiere una Internet en la que se produzcan actos ilegales o perjudiciales, en la que se acceda a las redes sin autorización, en la que proliferen los fraudes por phishing y correo electrónico, y en la que proliferen los abusos sexuales y el terrorismo. Tampoco deberíamos querer una internet menos global, insegura o en la que no se respeten los derechos humanos básicos. El problema no es el término de seguridad en Internet en sí mismo. Se trata más bien de la forma en que se abusa de la frase y, a menudo, se utiliza como excusa para controlar las comunicaciones globales.
Debemos observar la forma en que se utiliza la seguridad en Internet y denunciar los casos en que se abusa de ella. El futuro de Internet podría depender de ello.