La conectividad e inclusión tecnológica y digital siempre han dado evidencia de aumentos en el desarrollo y bienestar económico de los países. Hoy, tras la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 y la necesidad de aislamiento social, se ha profundizado en el entendimiento de los beneficios de la conectividad, el uso de dispositivos tecnológicos y las diferentes herramientas digitales que nos han permitido mantener muchos de los procesos productivos que sustentan la actividad económica.
En México, la brecha digital continúa siendo un problema y los recientes esfuerzos por llevar educación a través de internet lo han dejado claro. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revela que 34.4 millones de personas (casi el 30% de la población de seis años o mayor en el país) no es usuaria de internet.
Otro claro ejemplo de desigualdad digital se observa en el ámbito empresarial. De acuerdo con el INEGI, en 2018, 91.9% de las grandes y medianas empresas contaban con acceso a internet, mientras que esto sucedía sólo con 17.1% de las microempresas. Fueron precisamente estas pequeñas empresas las primeras en quebrar ante la poca capacidad de transitar su negocio al ámbito digital.
A pesar de dicha evidencia, queda claro que la presente administración confirma no tener compromiso alguno en generar una política clara y convincente para impulsar la conectividad y la adopción tecnológica. Muestras de ello han sido el no contar, a estas alturas, con una estrategia digital; la minimización de la importancia del uso de las Tecnologías de la Información al disminuir la contratación de servicios y al retirar equipamiento computacional a dependencias gubernamentales, así como el nulo apoyo emergente para impulsar la conectividad durante la crisis; y, sobre todo, para la población más desfavorecida.
Por si fuera poco, a mediados de agosto, como parte de los muchos ajustes sufridos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se eliminó la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, dependencia encargada de impulsar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión a lo largo del territorio nacional. Esta dependencia era, supuestamente (tampoco estaba haciendo mucho al respecto), la encargada de reducir la brecha digital, promoviendo programas para el acceso a internet y desarrollo de habilidades para la población.
Dadas las circunstancias extraordinarias en el mundo y la imperiosa necesidad de transitar de manera más rápida hacia una economía, sociedad y gobierno digital, en lugar de fortalecer a las instituciones encargadas de establecer la política de conectividad que equipare las condiciones de digitalización para todos, damos otro paso en sentido contrario al desaparecerlas.
Una vez más, el gobierno mexicano ha minimizado la importancia de las telecomunicaciones y el mundo digital como generador de oportunidades y bienestar para todos los mexicanos.
