El pasado 27 de agosto el presidente de México anunció cambios en diversas dependencias del gobierno federal. Entre los cambios destaca, por su relevancia en los asuntos de interés del país, el relevo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Probablemente movido por una serie de críticas alrededor de su nombramiento, el nuevo secretario de educación dio a conocer de manera rápida las acciones que marcarán el inicio de su gestión. En reunión plenaria extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) del 7 de julio, propuso instaurar un sistema de coordinación entre la Federación y los Estados que consiste en realizar reuniones trimestrales para revisar los avances en la implementación de la reforma educativa y valorar los problemas que obstaculizan este fin. Las reuniones tomarán como base la división del país en 5 regiones educativas.
- Zona Noroeste, con Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora;
- Zona Noreste, con Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas;
- Zona Occidente, con Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas;
- Zona Centro, con Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala,
- Zona Sur-Sureste, con Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
La propuesta pone de manifiesto algunos mensajes importantes que valen la pena destacar. Primero, existe consistencia con la política del gobierno federal actual respecto a que el objetivo principal es impulsar las reformas estructurales, dando a éstas el rango de fines en sí mismas. Segundo, se asume que la coordinación de las voluntades materializarán la reforma, a pesar de que para lograrlo también sea necesario un despliegue técnico que no se está tomando en cuenta. Tercero, y tal vez el más relevante de todos, se le otorga a la reforma educativa el mérito absoluto de acabar con los problemas educativos de país, a pesar de que estos podrían escapar de su visión generalista.
¿El enfoque de política pública en la estrategia educativa?
Los aspectos antes mencionados hacen que el mensaje del secretario deje un vacío respecto a las expectativas que tenemos muchos mexicanos en términos educativos. ¿Qué le faltó al secretario de educación para ser contundente en su mensaje? En nuestro punto de vista, el secretario podría haber cambiado su discurso político por un planteamiento técnico en el cual trazara acciones concretas para solucionar los problemas específicos de la educación en México; es decir, incorporar a su visión un enfoque de política pública.
¿Qué es incorporar el enfoque de política pública en el ámbito gubernamental? Diseñar e implementar sólo aquellas acciones de gobierno que estén volcadas a resolver un problema concreto de interés común, con el máximo de efectividad y apertura ciudadana, valorándolas previamente, durante y con posterioridad a su puesta en marcha para garantizar primero su pertinencia y después sus resultados, con miras a mejorar, mantener o eliminar dichas acciones.
En términos concretos, tener el enfoque de política pública es ver la gestión pública a partir de los principios fundamentales de las políticas públicas. Existe un número importante de definiciones de política pública a nivel nacional e internacional. Julio Franco (2012) establece en su libro Diseño de Políticas Públicas la siguiente:
“Las Políticas Públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones”[1].
Los servidores públicos y políticos actuales hablan cotidianamente de políticas públicas pero no comprenden del todo esta disciplina; usualmente, por política pública se refieren a marcos de actuación generales en torno a un tema público, pero contrario a esta idea, las políticas públicas son precisas y persiguen solucionar problemas públicos específicos.
Respecto a la educación en México, se ha hecho referencia a la reforma educativa como la política pública educativa, pero la reforma educativa no es una política pública sino una política de estado. El mismo Franco (2013) en su libro establece que las políticas de estados son:
“acciones plasmadas en la Constitución con preceptos claros que trascienden periodos de gestión de gobierno. Son implementadas únicamente por el ejecutivo federal y son de alcance general, su aplicación es nacional y atienden materias de tipo estratégico”[2].
Por lo tanto, cuando el secretario decide dar un mensaje planteando su estrategia para implementar una política de estado nos deja la gran interrogante respecto a ¿cuándo entonces propondrá solucionar los problemas tan diversos de la educación en México? ¿Cómo desde su gestión atenderá el bajo aprovechamiento educativo, la obsolescencia del sistema actual, la deserción escolar, la violencia en las escuelas, la disidencia magisterial, la poca cobertura en niveles medio y superior, entre otros problemas públicos?
De manera complementaria, la propuesta de coordinación basada en una división regional en términos de la geografía del país nos confirma que el secretario ha dejado de lado un análisis riguroso de posibilidades de acción precisas y efectivas para ver al país de manera estratégica. Incorporar el enfoque de política pública podría haberle ayudado a realizar una distribución distinta, de acuerdo con el problema a resolver, por ejemplo:
- Si uno de los problemas que se quisiera atender es la deserción escolar en las zonas de alta violencia en el país; existiría un grupo de trabajo compuesto por Estados como Guerrero, Morelos, Sinaloa y Chihuahua entre otros, a pesar de que no todos se vinculen geográficamente.
- En caso de que lo que se quisiera atender fuera la falta de aprovechamiento derivado de la desnutrición de los niños, habría un grupo compuesto por los Estados con mayores índices de marginación del país como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla.
- Si el problema a atender fuera el atraso escolar derivado de la falta de clases a causa de los maestros disidentes, existiría un grupo compuesto esencialmente por los Estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán.
- Finalmente, dentro de la propia estrategia de querer implementar la reforma educativa, se podría igualmente haber propuesto una división basada en Estados prioritarios, seleccionados por el número de incidencias en los grupos derivados de los principales problemas educativos para crear en ellos un plan integral. Tomando como base los ejemplos anteriores, su composición incluiría a Guerrero, Oaxaca, Chiapas.
¿Por qué es importante el enfoque de políticas públicas también para los ciudadanos?
El enfoque de políticas públicas también es importante porque nos permite a los ciudadanos centrarnos en valorar que las acciones que emprende el gobierno, en el entorno actual de recursos escasos, se enfoquen a alcanzar la mayor cantidad de beneficio para nosotros. Nos alentará a vigilar que las acciones de gobierno tengan un provecho específico y no sólo que sean actividades dispersas que intenten justificar el gasto público.
Si adoptáramos este enfoque, respecto a la única propuesta concreta ofrecida por el secretario de establecer reuniones regionales trimestrales, tendríamos que estar planteando ¿cuánto nos costará el despliegue de los distintos servidores públicos a las mismas? ¿Qué provecho concreto tendremos de su celebración? El provecho que veremos, ¿amerita el gasto público? Lo que se va a hacer en ellas, como hablar sobre los avances en la implementación de la reforma educativa, ¿podría hacerse de una forma más eficiente?
Preguntas similares deberían ser la carta de navegación para servidores públicos y ciudadanos en torno al ejercicio general del gobierno: los primeros, para valorar la pertinencia de sus acciones y los segundos, para exigir que estas acciones no se sigan realizando sin rumbo.
Dejar de lado el enfoque de política pública es permitir que los servidores públicos y políticos sigan dándonos discursos en lugar de hechos concretos, alejándose aún más de los principios que debe tener cualquier profesional de política pública, que esencialmente es saber que las políticas públicas son policy y no politics.
[1] Franco Corzo, Julio, “Diseño de Políticas Públicas”, IEXE Editorial, México, 2da Edición, Octubre de 2013, p.89.
[2] Vargas Cuanalo, V. I., “Estrategia Para el Fomento de la Participación Ciudadana a Nivel de la Gestión Pública en el Municipio de Puebla (1999-2008)”, citado en Franco Corzo, Julio, op.cit., p. 90.
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