Una diferencia notable en esta transición de gobierno es que se identifica una política de Estado, más allá de una visión, estrategia o políticas de gobierno que ha caracterizado a cada presidente en su ejercicio del cargo.
Históricamente no ha sido claro que cada titular del ejecutivo imprime, lo que ha sido referido como su estilo personal de gobernar. No obstante, la experiencia histórica muestra que en los vaivenes sexenales, se requiere de una política de Estado continuada y estable frente a una política de gobierno, como vía para dar consecución efectiva a aquellas acciones y proyectos nacionales.
Una política de Estado consiste en aquel conjunto de acciones que forman parte de las estrategias de largo plazo de un país. Se trata de políticas coincidentes y consistentes en el tiempo que no varían dependiendo de la dirección político-ideológica de cada gobierno en turno.
Al respecto, esta es ya la primera transición sexenal en la que por determinación constitucional trasciende a cualquier voluntad del gobierno, que define el acceso a las telecomunicaciones como un derecho básico de los mexicanos que requiere de una política de Estado, como se cuenta en el sector educativo, salud, combate a la pobreza, entre otros.
Déficit de Infraestructura: diagnóstico reiterado
Un elemento sine qua non para materializar condiciones de calidad, cobertura universal, convergencia y acceso incluyente a los servicios de telecomunicaciones, es la acumulación de capital productivo necesario para el despliegue de infraestructura y el desarrollo de redes en el país.
Una característica identificada en el país es el déficit de infraestructura de conectividad. Bajo este escenario, han destacado los esfuerzos de política pública y regulatoria que buscan detonar los incentivos a la inversión en infraestructura entre los competidores actuales o entrantes, así como dotar de cobertura a aquellas zonas aún desatendidas.
Red Troncal, política de Estado
Un lustro atrás se estableció a nivel constitucional el proyecto de la Red Troncal Nacional de Telecomunicaciones, estrategia del Estado para alcanzar acceso universal, sobre todo para regiones remotas con escasa o nula oferta, así como para aumentar la cobertura, capacidad y calidad de la infraestructura de redes fijas.
Este proyecto forma parte de la estrategia que deriva del Artículo 6° constitucional y que, nuevamente, es una política de conectividad que no se limita a un sexenio, sino que constituye una política de Estado.
Este proyecto fue demorado en su planeación y ejecución. Toca así a la actual administración recibir las propuestas técnicas y económicas para definir al desarrollador del proyecto y celebrar el contrato de Asociación Público-Privada (APP) hacia finales de marzo de 2019.
Es por ello que estamos frente a otro caso de política pública sectorial de Estado que no está sujeta al calendario de administración de gobierno.
Competencia en Telecomunicaciones
La competencia efectiva se traduce en inversiones. La evidencia del mercado revela que son los competidores quienes generan dos terceras partes de la acumulación de capital productivo, a pesar de que su participación de mercado medido en ingresos es escasamente de un tercio del total. Es decir, su modelo de negocios muestra un esfuerzo por competir con inversiones y nuevas tecnologías.
Con todo, prevalece la evidencia de que el mejor mecanismo para garantizar el acceso a servicios de telecomunicaciones es la cabal aplicación de la regulación para lograr competencia efectiva en el sector, otro ejemplo de una política de Estado para las telecomunicaciones en México.
