El 26 de junio pasado, en el marco de la 14° Cumbre de Gobierno y Tecnología organizada por IDC, el Gobierno Federal, a través de representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dio a conocer algunas iniciativas en materia de Tecnologías de la Información que implican un cambio de estrategia en la adquisición de productos y contratación de servicios.
En resumen, puede argumentarse que estas decisiones obedecen a tres iniciativas fundamentales que esta administración está impulsando:
- Un plan de austeridad que implica una reducción de costos y mejora de la eficiencia
- Mayor cobertura e incremento de servicios y apoyos gubernamentales
- Combate a la corrupción
Dichas iniciativas podrían traducirse en tres prioridades tecnológicas que soporten estos objetivos:
- Internalización de las operaciones de tecnología, que implica el desarrollo de capacidades propias a través de instituciones como el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC). Esto representaría inversiones en infraestructura tecnológica para el alojamiento de aplicaciones, así como de personal para su mantenimiento. En este proceso será necesaria la incorporación de terceros, particularmente universidades y empresas que ayuden a soportarlo.
- El incremento en la adopción de aplicaciones libres y plataformas abiertas donde se prevén retos en materia de ciberseguridad y capacitación, así como atracción y retención de talento.
- Creación de una empresa de telecomunicaciones que permita ampliar la cobertura de internet en zonas rurales donde actualmente los operadores tradicionales no llegan, de tal forma que se garantice la dispersión de los apoyos gubernamentales sin intermediarios.
De hecho, como parte de las acciones que el gobierno ha tomado para avanzar en la agenda planteada en los puntos anteriores, el 3 de mayo pasado, a través de la Oficina Mayor, se emitió un comunicado a los proveedores de Tecnologías de la Información. Mediante este aviso se informó sobre la cancelación del Contrato Marco en materia de Software 2019, con el argumento de que hay un cambio de estrategia en contrataciones de este tipo de productos.
¿Qué escenario se espera en torno a la política sobre adquisición de Tecnologías de la Información? ¿Cuál será su impacto en el mercado de servicios de TI? Antes de comenzar con estos planteamientos es conveniente señalar la dinámica que ha observado este mercado en México.
Al cierre de 2019, se registró un crecimiento de 4.4%, lo que representó una desaceleración comparada con 2018 y 2017 donde se registraron incrementos anuales de 7.1% y 12% respectivamente. Este fenómeno, en buena medida, obedece al impacto del proceso electoral 2018, el cual era previsto dado que se ha observado de forma cíclica en cada sexenio.
Mirando hacia el futuro
Para 2019 no podrían esperarse grandes inversiones, ya que en el plan de austeridad dado a conocer desde el año pasado no se contempla la adquisición de equipo de cómputo, incluidos —interpretado en un sentido amplio— servidores y almacenamiento. Sin embargo, estas compras podrían incrementarse hacia 2020, donde ya se podría estar operando bajo un esquema centralizado de compras de gobierno que contempla una plataforma con proveedores preprobados, de tal forma que se reduzca el contacto entre el oferente y el comprador como mecanismo anticorrupción, y donde habría que esperar los lineamientos para la contratación de servicios.
Por otro lado, ¿cómo gasta el sector gobierno en servicios de TI? En 2018 el gobierno gastó cerca de 14 mil millones de pesos, de los cuales un 55% del total correspondió a servicios administrados, principalmente relacionados a infraestructura de centro de datos y redes. Este porcentaje contrasta con el total del mercado porque, si se consideran todos los sectores, este rubro representó el 42% del total.
Es evidente que la estructura de mercado podría cambiar significativamente en el mediano plazo, afectado particularmente por la internalización de tecnología y la adopción de plataformas abiertas y aplicaciones libres. En este sentido, la mezcla de servicios administrados y el desarrollo de las aplicaciones podrían disminuir.
Por ejemplo, para soportar las iniciativas que el gobierno ha planteado sobre el combate a la corrupción y sobre una mayor cobertura de programas sociales es necesario el desarrollo de aplicaciones móviles y sistemas de información inteligentes que permitan una mejor gestión y trazabilidad de éstos, así como del presupuesto público, requerimiento que se cubriría, en buena medida, con recursos propios. Toda esta dinámica implicaría que este sector pierda relevancia dentro del mercado de servicios de TI, el cual actualmente es el más importante si se considera toda la Administración Pública, cuyo gasto en los últimos años ha representado entre un 28% y un 30% del total.
Si bien algunos tipos de servicio podrían verse afectados por la nueva estrategia del gobierno federal, en contraste otros podrían aumentar su relevancia como los de instalación, integración y soporte básico relacionados a infraestructura y redes, ya que se requerirá alojar y soportar sus sistemas, así como operar la nueva empresa de telecomunicaciones u otros proyectos de infraestructura. Esto puede extrapolarse al caso de China y Rusia donde sus gobiernos, por cuestiones geopolíticas, internalizan sus operaciones de TI. En el caso chino, de acuerdo con datos de IDC, sólo el 10% de lo que gasta corresponde a servicios administrados, mientras que un 50% va a proyectos; el resto a soporte.
En conclusión, en 2019, dada la dinámica de gobierno, se puede esperar un crecimiento moderado del mercado, mientras que, hacia el mediano plazo, se prevé un reacomodo donde algunos de los contratos de servicios administrados —actualmente vigentes— ya no se renueven.
No obstante, ante un discurso de eficacia y reducción de costos, el reto para los prestadores de servicios es sustentar que pueden implementar y operar la tecnología de una manera más eficaz, que pueden incorporar capacidades en plataformas abiertas y, al mismo tiempo, que cuentan con la habilidad de integrarse con los equipos internos de la Administración Pública.
