¿Para qué impulsar políticas de apertura de datos en los gobiernos? El objetivo es promover mayor transparencia y rendición de cuentas gubernamentales para que los ciudadanos actúen de forma más autónoma al elegir lo que quieren consultar y cuenten con información fiable que les ayude a tomar mejores decisiones, además de emprender nuevos negocios y contribuir en la resolución de problemas públicos.
En eventos como ConDatos y el Open Government Partnership (OGP) se han revelado muchos de los casos más innovadores del uso de los datos abiertos en distintos países. No obstante, durante la Cuarta Conferencia Internacional de Datos Abiertos (IODC 2016 en Madrid, España), se reconoció de forma consensada que, a nivel internacional, aún no se ven demasiados beneficios directos de estas aplicaciones en la vida de los ciudadanos.
Los beneficios serán más evidentes en la medida en que los datos abiertos sean usados y se generen más incentivos para su adopción. Así, uno de los mayores retos es que el ciudadano y el sector empresarial los reconozcan como fuente de valor económico y puedan apropiarse de ellos. Y es que tal es el potencial de la innovación pública a través de los datos abiertos que, ante el desalentador panorama económico actual, incluso podrían llegar a establecerse metas de incremento en el Producto Interno Bruto (PIB) de cada nación, por ingresos provenientes de proyectos innovadores relacionados con la apertura de datos.
Voluntad política ante los datos liberados
En la mayor parte de los casos, el origen de la apertura de datos viene de la voluntad política de los gobiernos por integrarse a la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA). Sin embargo, lograr que los datos liberados sean realmente de calidad y puedan adoptarse implica un esfuerzo mayor y más formal, ya que es necesario desplegar lineamientos e incluso leyes que ofrezcan, entre otras cosas, apoyo técnico respecto a la estandarización de formatos, como garantizar su permanencia (a pesar del cambio de administraciones), vigencia y confiabilidad en el largo plazo, así como impulsar políticas públicas que promuevan un ambiente propicio para que la sociedad los aproveche.
En un futuro cercano, los datos abiertos y el Big Open Data (es decir, convertir grandes cantidades de datos de gobierno en datos abiertos para analizar patrones y tendencias que ayuden a la resolución de problemas complejos) se convertirán en el insumo primordial para el desarrollo de las Ciudades Inteligentes (Smart Cities), pues gran parte de sus nuevos servicios dependerán de aplicaciones del Internet de las Cosas (IoT).
Ciudades de países como España, Taiwán, Singapur, Dubai y el mismo México ya han establecido planes y metas a largo plazo para desarrollar proyectos de IoT y Ciudades Inteligentes. Según un informe del McKinsey Global Institute, las ciudades que han adoptado una política de datos abiertos en el sector público reportan un impacto directo al PIB de aproximadamente el 1%.
Tequila inteligente
El gobierno mexicano ha planteado como objetivo estar entre los cinco países líderes en soluciones digitales y manejo de Big Data en 2025, y que nuestro país se convierta en un referente de aplicaciones del Internet de las Cosas en Latinoamérica, con el desarrollo de ciudades digitales como parte de sus líneas de acción.
Este es el caso de Tequila, pueblo mágico inteligente del estado de Jalisco. Como parte de un proyecto de impulso al Internet de las Cosas (gracias al financiamiento de la industria tequilera, de organismos internacionales y de los tres órdenes de gobiernos en el largo plazo), en las plazas públicas de Tequila han instalado sensores para generar mapas de calor que indiquen los puntos de mayor afluencia. Con esto se logra medir la cantidad de tránsito de turistas por día y hora pico. Además, con herramientas de analítica, Business Intelligence y uso de aplicaciones, los comerciantes ahora obtienen información que les permite ofrecer mejores servicios a la medida de las necesidades de los turistas.
7 retos de los datos abiertos en gobierno
Al revisar decenas de casos de aplicaciones en ciudades inteligentes, encontramos algunos de los siguientes desafíos de los datos abiertos gubernamentales:
- Sobrevivir a los cambios de administración
Uno de los mayores retos para los gobiernos que han tenido avances en gobierno abierto y la apertura de datos es lograr la permanencia de los proyectos después de un cambio de administración. Muchos nuevos gobernantes buscan diferenciarse de administraciones anteriores y deciden echar por la borda millones de pesos en portales web, sistemas integrales de información (GRP) y apps para empezar a crear los propios.
Como normativa a nivel federal en materia de datos, en nuestro país existen documentos como el Decreto de Datos Abiertos, la Guía de implementación de la Política de Datos Abiertos, el Índice de Datos Abiertos establecido por el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) 2013-2018 y la Norma Técnica para el Acceso y Publicación de Datos Abiertos de la Información Estadística y Geográfica de Interés Nacional, entre otros. Estos documentos, al ser parte de una normativa administrativa –y no una ley como tal– son también susceptibles de derogarse en cualquier momento, por parte de un nuevo titular del ejecutivo federal o de la dependencia correspondiente, sobre todo ante la llegada al poder de un partido político de oposición.
En el mejor de los casos, las plataformas de datos se mantienen, pero los catálogos de datos dejan de actualizarse y, por lo tanto, pierden valor. Esto debería legislarse para obligar a que se mantengan, considerando que al final se trata de proyectos realizados con recursos del erario público.
- Estandarización y calidad de los datos
Existen discrepancias en las prácticas de datos abiertos que se realizan entre la federación, los estados y los municipios porque no hay forma de obligarlos a estandarizarlas. Las entidades federativas y municipios cuentan con autonomía, por lo que incluso no en todos los planes de gobierno de estados o municipios contemplan acciones para publicar datos en estándares abiertos.
Es necesario establecer reglas de gobierno sobre la difusión e intercambio de datos, especialmente cuando incluyen información personal sensible, así como aumentar la eficiencia de los servicios prestados por las entidades federales y los municipios respecto al nivel de calidad, velocidad de entrega, simplificación de los procedimientos y reducción de los costos operativos. También hay que prever sanciones en caso de difusión de datos que contengan errores.
Por otro lado, es importante que tanto ciudadanos como otros actores sociales se involucren en la evaluación respecto al grado de facilidad con que los datos que se abren al público pueden reutilizarse para evitar la proliferación de “formatos difíciles de tratar de forma automatizada”, ya que esto consume también una gran parte de los recursos en las iniciativas, sin aportar valor alguno.
- Competencias digitales y formación
Por un lado, la curva de aprendizaje es larga para los funcionarios públicos respecto al diseño e implementación de proyectos de apertura de datos, considerando que los periodos de gobierno son cortos, lo cual impide un avance consistente. Por otro, los ciudadanos requieren concientización y capacitación para la creación de nuevos perfiles profesionales dedicados a generar valor con los datos.
Un ejemplo de buena práctica es el Instituto Open Data (ODI), institución sin ánimo de lucro con sede en el Reino Unido, que se dedica a la formación y desarrollo empresarial con los datos abiertos para crear valor económico, ambiental y social.
- Presupuesto
Dicen que, si algo no está en el presupuesto de un gobierno, no es una prioridad.
Sin embargo, en muchos casos, los compromisos de gobierno abierto se han llevado a cabo sin considerar una designación presupuestal especial para implementarlos, a pesar de que éstos implican, en la mayoría de las situaciones, el desarrollo de plataformas para la publicación de los mismos.
Esto influye en un menor compromiso por parte de las instituciones, en limitar los alcances y el tiempo, y en que el resultado tenga poco o nulo impacto social, al no estar acompañado de una estrategia que involucre infomediarios.
- Balance entre lo privado y lo abierto
La mayor amenaza para el bienestar público es el riesgo del mal uso de los datos personales, sobre todo si son datos sensibles, violando el derecho de privacidad de las personas. Al no haber un adecuado tratamiento, pueden ser recolectados y utilizados dentro de las grandes bases de datos, de manera que los dueños de éstos no hayan otorgado su consentimiento o desconozcan su uso.
El problema no es sólo que las organizaciones gubernamentales y algunas empresas estén recogiendo los datos personales, sino que, con proyectos de Internet de las Cosas en Ciudades Inteligentes, ahora los objetos (sensores, semáforos, cámaras de video) obtienen información personal “sin anonimizar”, o bien, las personas podrían ser re-identificables, sin saber que la información está en manos del gobierno y para qué propósitos.
Por eso, es vital asegurarse de realizar una adecuada clasificación de la información que componen las bases de datos, delineando lo que “debe ser público” con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y lo que “debe ser resguardado” como parte del cumplimiento de la Ley Federal de Protección de los Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP). Para ello, lo importante es que los equipos de apertura de datos cuenten con un experto en privacidad y otro en transparencia.
- Seguridad y privacidad
El otro factor relacionado con el punto anterior es la seguridad de los repositorios de la información. Para proyectos de datos abiertos, es fundamental tomar medidas pertinentes para gestionar el riesgo y, a la vez, garantizar un buen nivel de seguridad ante posibles hackeos o pérdidas de información.
Una buena práctica internacional para la prevención de vulnerabilidades de privacidad en políticas públicas y proyectos tecnológicos que estén involucrados en el tratamiento de datos personales es el empleo del Análisis de Impacto a la Privacidad (PIA, por sus siglas en inglés), que es una metodología que permite identificar riesgos de privacidad y tomar medidas correctivas antes de que sucedan.
- Ética en la publicación de los datos
La mayoría de los gobiernos inicia con la publicación de información que es relativamente “fácil” de revelar en términos técnicos o de contenido. Pero es perfectamente posible que la transparencia conviva con la corrupción, ya que la información publicada no toca los puntos vulnerables de la organización. También pueden existir gobiernos transparentes que no lleguen al punto de realizar una rendición cuentas.
Esta entrega de “información a medias” llegar a ser incluso más dañina porque genera desconfianza de la información ya publicada y puede echar por la borda los esfuerzos de apertura de datos. Así que el verdadero reto está en lograr que el gobierno publique, gradualmente y de forma proactiva, información gubernamental, aunque ésta no sea tan “favorecedora” para el gobierno en turno.
Además, existe la tentación de “maquillar” la información o utilizar artimañas técnicas para que no se puedan identificar rápidamente actos de corrupción y así eludir, por algún tiempo, la crítica de la opinión pública. Ante esto, es oportuno definir un código de ética y establecer sanciones para funcionarios públicos y proveedores que liciten en proyectos relacionados con la apertura de datos en este tipo de supuestos.
Preparando el terreno del valor
En conclusión, una simple apertura de datos no logra generar impacto económico o social, sobre todo en el corto plazo. Es necesario considerar algunos aspectos para generar valor, como adecuar:
- El marco legal, por ejemplo, respecto a los derechos y licencias para el uso de la información y la gobernabilidad de los datos al interior de las dependencias gubernamentales
- El grado de accesibilidad de la información
- La limpieza de los datos
- La estandarización técnica de formatos y condiciones para reutilizar los datos por parte de terceros
