Las ineficiencias de los gestores públicos, unidos a los episodios de abuso de poder y la generalizada casuística de la corrupción están causando un enorme problema en la sociedad. El reto de una gobernanza con códigos de ética tiene que desarrollarse en la función pública si deseamos que nuestras instituciones cumplan con los indicadores que los organismos internacionales —como el Banco Mundial— han puesto como reto para unas metas en la gobernanza. Así nos lo ha demostrado Daniel Kaufmann en sus estudios.
Por otro lado, la investigación realizada por los profesores Alcalá y Jiménez (2018) de la Universidad de Murcia, nos ha puesto de manifiesto que si aumenta la calidad institucional de los Gobiernos al mismo ritmo que lo hace su economía, para el caso de España, obtendremos un aumento del 1% del PIB. Y en el supuesto de hacerlo además con el ritmo de los índices de calidad de países como Francia, Alemania o el Reino Unido, podría llegar a un crecimiento superior, y alcanzar un incremento de entre el 1 al 2% añadido de su PIB.
Pensemos que, con ese porcentaje, se podrían solucionar muchos problemas en atenciones primarias en donde los recursos son escasos. Es la calidad de las instituciones la que puede dar más recursos para sanidad, educación, pensiones y servicios sociales, y es el neoliberalismo conservador que domina la economía el que impide subir impuestos para redistribuir rentas, además de esos niveles de calidad institucional para controlar a las instituciones y sus intereses.
La transparencia como eje rector
Hoy, la calidad de las instituciones tiene un valor no sólo ético y de moral pública, sino que también está cuantificado económicamente. Ser ético en la gobernanza es rentable para la sociedad, pero entonces nos preguntamos: ¿Quién lo puede exigir? La respuesta es sencilla y en dos direcciones.
Por un lado, una ciudadanía exigente y, por otro, instituciones de control con plena independencia que no sean nombradas por los gobiernos, sino por los parlamentos y con un quorum de dos tercios en una sola votación.
La experiencia en el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) de la Región de Murcia, el cual presido, así me lo confirma, y las presiones y ataques que sufrimos son fruto de defender la independencia de una institución que ha sido creada para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a saber y exigir con fuerza un buen gobierno con instituciones de calidad. Gobiernos Abiertos para una ciudadanía exigente que quiere saber y “abrir el gasto público”, como he defendido en un reciente trabajo presentado en la Revista del Instituto de Estudios Fiscales, Presupuesto y Gasto Público.
Porque ese gasto público es el resultado de un proyecto presupuestario que debe dar satisfacción a las prioridades de la ciudadanía, así como conseguir eficiencia en la gestión y dar pasos para una reforma innovadora de una función pública que participe en ese giro innovador que erradique el clientelismo y la politización que hoy tienen encadenados a los funcionarios a una baja calidad en su proyecto profesional.
Desde los Consejos de Transparencia estamos asumiendo que nuestro objetivo del Derecho a Saber hay que reinterpretarlo para ser alertadores de las ineficiencias y erradicar los abusos de poder y las variopintas formas de corrupción de determinado desgobierno de lo público.
Para ello, tenemos una preocupación esencial: que todas nuestras resoluciones no sean un acto administrativo en respuesta de la ciudadanía interesada, sino un mensaje a ese complejo mundo de la función pública que se ha convertido en un auténtico Leviatán que se precisa organizar como nos recomiendan Dahlström y Lapuente (2018), en donde las relaciones burocráticas y políticas deben ser objeto de una atención especial.
Una necesaria transición
La historia nos ha puesto en evidencia que las élites han caído siempre en la misma tentación de aprovecharse de sus posiciones a expensas del sacrificio de una ciudadanía que ha pagado, con gran esfuerzo, el costo de los servicios públicos, obra pública y todo ese mundo de elefantes blancos que nunca sabremos por qué llegaron al escenario de lo público.
Autores como Miller, North o Wallis nos alertan de cómo las élites pueden caer en las mismas tentaciones. Es por ello que, desde los CTBG tenemos que trabajar mucho para que la esfera de la función pública y la política separen sus caminos cuanto antes. Es necesario un acuerdo de Estado sobre dicho cambio en la función pública en una carrera profesional, con total independencia, absoluta incompatibilidad y prohibición de no entremezclarse las dos facciones, con un gasto derrochador, inapropiado, ineficaz, por no alcanzar ese gran acuerdo en el que se tienen que implicar los sindicatos de funcionarios, profesionales y sociedad civil.
Nos encontramos en un punto crítico en el que tendremos que llegar rápidamente a dicho acuerdo o terminaremos sustituyendo muchas funciones por robots inteligentes o, como otros pretenden, subcontratando casi todo porque no hemos sido capaces de organizar el gran cambio del Leviatán que nos devora.
Por otro lado, es importante recordar que la reforma del sector público no es fácil y, por ello, debemos hacerlo de la mano de los investigadores de las organizaciones que han señalado que los empleados que trabajan en grandes organizaciones, a menudo, carecen de motivación para un comportamiento creativo e innovador.
Sin embargo, a este sistema no se llega ni por contrato ni por sueldo, sino por los estímulos separados de las funciones, impulsado por carreras profesionales con evidentes proyectos renovadores y evaluaciones continuas, aplicando lo mismo bonus buenos como malos. Lo contrario nos lleva al estancamiento que hoy vivimos, la ineficiencia, amiguismo, clientelismo y corrupción como lacra del sistema.
Actualmente, los expertos nos señalan un camino separado de las carreras de los políticos y de los funcionarios públicos, y nos ponen en las agendas de trabajo cuatro interrogantes a solucionar:
- Presupuestos abiertos e instituciones transparentes
- Democracia participativa y buen gobierno
- Función pública multinacional integrada en el cambio
- Rendición de cuentas y códigos de ética
Si queremos una reforma a gran escala de la función pública que dé respuesta las exigencias de la ciudadanía que demanda una democracia real y participativa tenemos que, sin miedos, abordar la gestión de los recursos humanos de la función pública, las provisiones de empleo, más flexibilidad y una separación radical de los incentivos profesionales de políticos y funcionarios.
Los empleados públicos deben ser contratados y ascendidos, y trabajar en condiciones parecidas a sus homólogos del sector privado porque ese es el reto para desterrar los deseos permanentes de las privatizaciones y los conciertos. Esto requiere que los políticos no se impliquen en la contratación y promoción de los funcionarios porque la burocratización actual de la política es tan perniciosa para la calidad de la gobernanza como la politización de la burocracia porque, en ambos casos, se produce la integración de los destinos profesionales de dos facciones distintas en una sola facción.
Desde los CTBG nacemos con ese compromiso: aportar nuestro esfuerzo para que las cosas se hagan bien, para que la participación ciudadana se fortalezca y para que su función pública se incorpore con entusiasmo a este nuevo escenario, en donde la participación de la ciudadanía se ha convertido en el motor de la revolución continua.
