A lo largo del Siglo XX, la creación de medios de transporte más veloces y complejos así como la facilidad de comunicarnos a distancia, nos brindó la oportunidad de experimentar una transición entre el “ciudadano local” y el “ciudadano del mundo”. El día de hoy formamos parte de un proceso de transición en que este individuo reconocido por su capacidad de superar las fronteras físicas, puede ahora hacerlo de modo inmediato por medio de una conexión a internet, dando pie a la conformación del “ciudadano digital”.
En diciembre 2014, Edward Lucas se convirtió en el primer residente digital de la República de Estonia, y también del mundo. Gracias a esta distinción, el periodista de The Economist cuenta con una identidad digital supranacional que le permite tener acceso a una serie de servicios ofrecidos por este país, así como una firma electrónica válida en todos los territorios miembros de la Unión Europea.
Edward Lucas, primer ciudadano digital del mundo
Con la finalidad de lograr una mayor integración en el sistema económico europeo, Estonia implementó este programa de e-Residencia que consiste en la creación de un perfil de ciudadano electrónico restringido con una clave NIP para la protección del usuario. Si bien la residencia digital no implica per se la posibilidad de obtener ciudadanía o residencia física, permite a su poseedor registrar una compañía en línea, firmar documentos electrónicos, compartir información encriptada, declarar impuestos, realizar transacciones seguras con bancos e incluso obtener recetas médicas en farmacias locales.
Este sistema no es totalmente nuevo – en países como Bélgica, Finlandia, Portugal, Lituania o Suecia ya existen mecanismos semejantes de identificación y servicios electrónicos para su población- pero plantea un cambio radical en las concepciones clásicas del Estado y la ciudadanía. A la par de los veloces avances tecnológicos en nuestros días, han surgido una serie de cambios a nivel político, social y económico que vemos ahora reflejados incluso en la organización misma de los países.
Más allá del importante retorno económico que la figura del e-residente puede generar en regiones con alto grado de integración multilateral, ésta propone por primera ocasión un esquema de operación conjunta entre las dinámicas del entorno físico y el digital. Permite vincular a un individuo con un país por medio de una serie de derechos y obligaciones que no se relacionan en lo más mínimo con la permanencia territorial, sino más bien con su aportación en tanto miembro activo en el ciberespacio.
Este tipo de ciudadano, del cual apenas vemos sus primeras luces, se trata de un individuo que no participa en la toma de decisiones, pero sí puede generar un valor económico, aportar productividad e interactuar en los procesos políticos y sociales. Esta persona, que anteriormente debía ubicarse físicamente en un territorio dado para tener acceso a ciertos privilegios de un Estado, puede ahora por medio de una conexión a internet, convertirse en parte de un mercado integrado en la comunidad transnacional -cumpliendo el objetivo de la Unión Europea sobre la conformación de un Mercado Único Digital para 2020.
Sin embargo, es importante mantener los pies en la tierra y recordar que esta iniciativa es apenas un experimento y resta por conocer cómo se llevará a cabo su desempeño en los próximos años. Por el momento, países como Reino Unido o Estados Unidos, pioneros en el uso de tecnologías de la información, se han resistido a la implementación de este tipo de identificación e interacción electrónica principalmente por cuestiones de seguridad y privacidad.
En primer lugar, en cuanto al tema de seguridad, debe tomarse en cuenta que el ciberespacio es todavía un entorno desconocido y dinámico en que no se han podido implementar esquemas adecuados de gobernanza hasta la fecha. Por ello, existe un riesgo considerable en relación a la violación de protocolos de seguridad que podría desembocar en crímenes que vulneren la información confidencial de los usuarios o incluso utilicen su firma digital y datos para fines ilícitos.
El artículo completo está en la edición impresa de la revista u-GOB.
