Las adquisiciones en el gobierno siempre han sido un tema fino que requiere grandes conocimientos del andamiaje, es decir, la legislación, montos topes de los procedimientos específicos de contratación y plazo, entre otros. Es además controversial por las abultadas inversiones que se llegan a realizar y que, desafortunadamente, no siempre se traducen en beneficios palpables para los ciudadanos y contribuyentes.
Para muchos, planear y ejecutar compras, especialmente las relacionadas con tecnología, es una ventana a la corrupción; se presupuestan miles de pesos para estos fines y ahí inician las suspicacias. Sin embargo, las compras no tienen por qué tildarse así, pues es posible encontrar un potencial positivo en las mismas; necesitamos pensar diferente y hacer que el potencial de apalancamiento de la inversión y el gasto — representado por las compras de tecnología, sobre todo las federales, respecto al Producto Interno Bruto— se canalicen positivamente para bien de la sociedad mexicana en general.
Se requiere del reconocimiento por parte del ejecutivo federal para desencadenar las compras de tecnología del gobierno como una fuerza que impulse la innovación en el país, pero también para pedir, demandar, exigir y comprar tecnología disruptiva y transformadora.
Un representante en las compras
¿Cómo puede el gobierno actuar como un consumidor inteligente? Los entes del sector público y social, así como los propios ciudadanos, podrían presentar problemas que se ubican en los servicios de cara a la ciudadanía y necesitan resarcimiento e innovación desde el aspecto tecnológico.
Por otro lado, los empresarios, incluidas las pequeñas empresas, podrían desarrollar, proponer e implementar nuevos usos de los productos existentes y tecnologías y diseños disruptivos para reemplazar, evolucionar y mejorar los que se utilizan actualmente. También pueden adoptar nuevas tecnologías que introduzcan innovaciones. Incluso la exigencia de adquirir tecnologías amigables con el medio ambiente es factible porque, dada su posición de gran consumidor, literalmente puede exigir lo que sea, con tal de que se eliminen las ineficiencias y desperdicios que se propician desde el gobierno.
Además, los funcionarios de adquisiciones de tecnología en el gobierno no sólo son altos funcionarios, sino que son representantes de la ciudad, quienes deben tener el más alto nivel de formación tecnológica para que estén en condición de pedir, demandar, requerir y exigir, a través de las compras de tecnología, innovaciones realmente transformadoras para la sociedad. De igual forma, deberán ser siempre capaces de determinar y revelar los impedimentos (no sólo tecnológicos, sino del entorno legal, político, económico y social) para la introducción y adquisición de tecnologías innovadoras y disruptivas.
Transparencia: beneficio inmediato
Es posible instrumentar políticas de adquisición sólidas que sean capaces de crear el marco del gobierno como consumidor inteligente y que representen el agente de cambio deseado. Así, las compras públicas pueden empujar el borde de la tecnología para obtener funcionalidades, características y ventajas tecnológicas que todavía no están disponibles de manera usual en el mercado, pasando el gobierno a ser un consumidor inteligente que demanda innovación.
Ha llegado la hora de conseguir tecnología innovadora que esté impulsada desde la demanda del gobierno para beneficio de los contribuyentes y la sociedad en general, responsable, en última instancia, del pago de todo lo que en materia gasto-inversión se realiza en el gobierno.
Por otro lado, a las compras de tecnología se les debe otorgar una posición explícita de poder para demandar tecnología novedosa y a los funcionarios ejecutivos del gobierno en la materia se les debe exigir que, además de cumplir con las leyes en esta área, contribuyan con la innovación. Los entes del gobierno deben realizar un seguimiento e informar sobre su progreso en la promoción y el uso de tecnologías innovadoras. Es necesario hacer mejores esfuerzos para informar sobre proyectos y documentar casos de éxito y cómo pueden usarse éstos para otros proyectos del propio gobierno.
Los altos funcionarios y el personal de los entes que realicen adquisiciones sobresalientes, es decir, quienes lleven al gobierno a consolidarse como consumidor inteligente, tienen que recibir reconocimiento que pueda estimular el uso del poder de las adquisiciones en beneficio de la innovación para la sociedad, los contribuyentes, los consumidores y el medio ambiente.
Por y para los ciudadanos
Es posible crear programas de educación sobre adquisiciones y consumo inteligente que otorguen beneficios al capital humano que se necesita para la transformación. Éstos pueden ser ofrecidos por universidades y asociaciones de profesionales relevantes, con el objetivo de desarrollar las habilidades necesarias en los funcionarios que tendrán la nada fácil encomienda de desencadenar las compras inteligentes de tecnología del gobierno; serán, pues, una fuerza para la innovación en el país, así como responsables de velar la ejecución de decisiones de compras creativas y rápidas.
Aprovechar el poder adquisitivo del gobierno, sin duda, induciría a la industria a usar su imaginación para crear productos ingeniosos, eficientes, ecológicos e incluso más seguros, pero también crearía mercados de mayor calidad, con costos secundarios o externos reducidos para el gobierno, las empresas, la economía, los consumidores y los contribuyentes. El gobierno como consumidor inteligente debe ser el gran comprador del mercado que diga a los proveedores de tecnología: “Esto es lo que queremos comprar en México, tómelo o déjelo”.
Por otro lado, la ejecución de adquisiciones inteligentes devolvería la confianza de los ciudadanos en cuanto al uso del dinero que entregan a través de sus impuestos, en tanto se aproveche para comprar tecnología que beneficie, en más de una manera, no sólo al propio gobierno sino a la sociedad mexicana en su conjunto.