Laboratorios de gobierno. Un ecosistema experimental e integral
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Autores: Ignacio Criado y Aitor Silván Rico

Basta observar cualquier debate reciente sobre el futuro de la administración pública para comprobar que el gran reto que afronta el sector público es el de la innovación, un concepto tan atractivo como difuso. Si entendemos la innovación como el hecho de “alterar algo introduciendo novedades” (Diccionario de la Real Academia Española, 2017), entonces hemos de considerar que cualquier organización innova de manera cotidiana. Entonces, ¿qué ha pasado para que ahora sea la principal prioridad de los gestores?

A nuestro entender, lo principal es que en la actualidad hay un contexto muy favorable al cambio constante debido a dos factores:

  1. Una ciudadanía cada vez más formada y exigente en todos los ámbitos, entre ellos su relación con los poderes políticos.
  2. El avance exponencial de la digitalización de la sociedad y las organizaciones, que permite introducir transformaciones de mayor calado y tener acceso a una cantidad ingente de datos e información para promoverlos. Esto ha hecho posible que, tan sólo en la última década, hayamos asistido a profundas alteraciones en la forma de comunicarnos o de adquirir bienes y servicios.

4 tipos de innovación en el sector público

Este esquema de cambio de paradigma ha llegado también al sector, de modo que tenemos nuevos valores y formas de abordar problemas clásicos (la aparición y rápida extensión de plataformas colaborativas ligadas a la web 2.0 sería una buena muestra de ello).

En concreto, existen cuatro tipos de innovaciones en el sector público (Vries, Bekkers, y Tummers, 2016):

  1. Innovación en los procesos, bien sean de carácter administrativo o tecnológico
  2. Innovación en los productos y servicios, sobre todo mediante la creación de nuevos productos o servicios públicos
  1. Innovación en la gobernanza, es decir, aquella centrada en el desarrollo de nuevas formas de atender problemas sociales concretos
  2. Innovación conceptual, que se centra en la introducción de nuevos conceptos, marcos de referencia o paradigmas que ayuden a reformular la naturaleza misma de los problemas, así como las posibles soluciones

Pero también hemos de tener en cuenta que la innovación pública presenta ciertas particularidades respecto a la que se da en el sector privado. Por un lado, la innovación en gobierno debe generar valor público, o sea, incidir sobre valores sociales que no produce el mercado por sí solo y que entroncan con la defensa del interés general encomendada al sector.

Además, debe ser inclusiva y llegar a todos los ciudadanos independientemente de sus recursos económicos y su capital social, y se ha de tener en cuenta que, al contrario que en el sector privado, las consecuencias del fracaso de la innovación son mayores al poder afectar los derechos de los individuos o a la eficacia del gasto público, lo que requiere metodologías singulares que sean capaces de abordar las especificidades que presenta.

Los laboratorios de innovación: un enfoque experimental

Con el fin de abordar de forma integral la innovación en el sector público, en los últimos años han aparecido los llamados laboratorios de innovación (laboratorios de gobierno; en inglés Innovation Labs o Living Labs). Se trata de espacios híbridos dedicados a abordar problemas públicos tradicionales de forma innovadora y con una pluralidad de actores, técnicas y enfoques.

Están desarrollando actividades muy dispares en el ecosistema de lo público a nivel internacional. De hecho, tomando como referencia el estudio de Acevedo y Dassen (2016), realizan distintas actividades como:

  • Realizar prototipos o test
  • Implementar experimentos aleatorios
  • Incorporar ideas de la ciudadanía y de los servidores públicos
  • Hacer análisis de datos
  • Aplicar metodologías de Design Thinking y de diseño centrado en las personas
  • Desarrollar aplicaciones móviles y software
  • Llevar a cabo actividades de formación para agencias públicas
  • Formar redes al interior del gobierno
  • Crear redes externas

La mayor novedad de entre las mencionadas que introducen los laboratorios de innovación es el enfoque experimental mediante técnicas de prototipado. Por prototipo se entiende una versión simplificada de un servicio o política que realiza en un entorno controlado, durante un periodo de tiempo previamente determinado, tras el cual se evalúa la viabilidad de su aplicación a una escala mayor y las modificaciones necesarias para solventar los problemas y retos detectados.

Este tipo de espacios de experimentación abordan así algunos de los principales retos de la innovación pública. Por una parte, un enfoque experimental reduce el riesgo asociado al fracaso en una nueva política o servicio público, ya que incorporando las dinámicas de prototipado puede haber un diseño pormenorizado de los mismos y ser testados a pequeña escala (por ejemplo, sobre un colectivo o territorio previamente definidos). Lo anterior reduce la incertidumbre y aporta datos e información de cara al proceso de toma de decisiones.

De este modo, un laboratorio de innovación sería un espacio donde el método ensayo-error está permitido y en el cual se pueden emplear dichos errores como aprendizaje, sin que concurran los riesgos económicos, organizativos y políticos del fracaso a gran escala en el sector público que, en muchas ocasiones, pueden impedir la adopción de enfoques y soluciones innovadores.

3 colectivos clave en la experimentación

La necesidad de colaboración y cocreación aumenta en un momento en el que parece abrirse paso un consenso acerca de la pérdida del monopolio de la solución de los problemas públicos por parte de los poderes públicos.

En este contexto, surgen multitud de iniciativas en la sociedad civil que abordan grandes retos sociales, de manera que los laboratorios de innovación son también un foro para reunir a tres colectivos clave para la innovación pública sobre proyectos concretos. Estos colectivos son los siguientes:

Empleados y directivos públicos

Tienen la capacidad material y legal de implementar cambios, pero debido a las inercias y la carga de trabajo de sus organizaciones, suelen carecer de una visión centrada en la innovación y de las grandes tendencias de cambio.

Sociedad civil

Muestra dinamismo y una capacidad notable para el diseño de soluciones innovadoras en problemas concretos, ya que además se ve afectada directamente por los mismos, pero no dispone de la visión general sobre cómo resolverlos, ni de la capacidad para implementar cambios.

Académicos

Poseen un conocimiento amplio de las grandes tendencias y retos, pero no disponen del conocimiento del contexto concreto donde se han de implementar los cambios, ni de un entorno propicio para el diseño de soluciones sin el acompañamiento de otros actores.

Por tanto, un laboratorio de innovación sirve precisamente para combinar estos tres perfiles en el debate sobre los problemas públicos y para lograr la transferencia de conocimiento entre ellos, sin las limitaciones tradicionales de la relación entre poderes públicos, sociedad civil y academia. Ello se potencia por el hecho de ser concebidos expresamente como foros dedicados a la innovación, con vocación experimental y con tolerancia al fracaso, lo que estimula la creatividad y el libre intercambio de ideas.

A partir de aquí, se está dando lugar a enfoques maduros sobre la elaboración innovadora de servicios y políticas públicas. Dentro de los laboratorios de innovación de carácter estrictamente gubernamental, destaca la actividad del Laboratorio de Gobierno de Chile, que ha desarrollado una metodología orientada a la innovación abierta, aplicable a los procesos de cocreación de servicios y políticas públicas:

 

Experiencias exitosas de los laboratorios

El esquema de experimentación en la gestión pública a través de comunidades heterogéneas está ofreciendo ya resultados tangibles para abordar importantes retos públicos. Desde la perspectiva gubernamental, el ya mencionado Laboratorio de Gobierno de Chile llevó a cabo la iniciativa “Cuentas Claras”, mediante la cual creó grupos de trabajo con expertos y consumidores, donde se elaboraron y testaron distintos modelos de facturas de consumo eléctrico hasta dar con el que resultaba más comprensible.

Desde una perspectiva que combina la dimensión académica, también han surgido casos de interés. Entre otros ejemplos, podemos destacar la iniciativa del GovLab estadounidense que aplicó métodos de crowdsourcing inteligente para el combate del virus zika. Al crear comunidades de expertos en diferentes campos, cuyas conclusiones eran sintetizadas y enviadas a los máximos responsables públicos en la materia, permitió así un flujo constante de información y de iniciativas a partir de la experiencia y la experimentación.

En el caso de NovaGob.Lab, que es el primer laboratorio de innovación creado en España, recientemente se puso en marcha, en colaboración con otras instituciones, una comunidad de innovación integrada por gestores públicos, académicos e innovadores sociales, a fin de colaborar en el diseño de una herramienta de planificación estratégica para la Administración General del Estado. A lo largo de varias sesiones de trabajo, se llevaron a cabo distintos hitos del proyecto: conceptualización, diseño y prototipado de portales y testeo, con lo que se logró elaborar una primera versión de esa herramienta más madura y adaptada a las necesidades de los directivos y empleados públicos españoles.

El potencial de los Living Labs

En definitiva, los laboratorios de innovación se encuentran en una fase inicial de implantación en el sector público, si bien se pueden plantear algunas conclusiones sobre su potencial:

  • Capacitan a los gobiernos y administraciones públicas para la experimentación ante la creciente complejidad de los problemas públicos.
  • Ya se puede intuir que la efectividad de estos instrumentos depende de la integración dentro de ecosistemas más amplios de innovación.
  • Finalmente, la capacidad real para medir sus impactos derivará no sólo de las soluciones aplicadas ante los problemas sociales, sino de cómo ayuden a alterar las dinámicas de poder insertas en las formas convencionales de gestionar lo público.

 

Este artículo se publicó en el número 16 de la Revista u-GOB

Aitor Silván Rico

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid, donde también cursó un Máster en Democracia y Gobierno en su especialidad de Políticas Públicas. Es responsable de proyectos en NovaGob, red social en la que se dedica a los relacionados con la participación y la innovación pública dentro de su Laboratorio de Gobierno (NovaGob.Lab).

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