La Asociación de Internet MX (AIMX) expresó su preocupación ante la propuesta de añadir un artículo 30-B al Código Fiscal de la Federación, incluida en el Paquete Económico 2026. Según el organismo, el texto plantea obligaciones de vigilancia digital en tiempo real que podrían contravenir derechos constitucionales, tratados internacionales y la viabilidad del ecosistema digital nacional.
Qué propone el Artículo 30-B
El proyecto permitiría al Servicio de Administración Tributaria (SAT) tener acceso en línea y en tiempo real a las bases de datos de las plataformas digitales, con posibilidad de establecer responsabilidad solidaria para intermediarios.
AIMX reconoce la necesidad de fortalecer la recaudación en la economía digital, pero advierte que esta medida podría abrir un precedente de vigilancia permanente sobre empresas y usuarios, generando inseguridad jurídica y riesgos de uso indebido de datos.
Riesgos identificados
Constitucionales: el acceso directo a información privada sin orden judicial vulneraría el artículo 16 de la Constitución, que protege la privacidad y el debido proceso.
De privacidad: el monitoreo masivo en tiempo real contraviene principios de consentimiento, proporcionalidad y finalidad previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales.
De competencia: al exponer secretos industriales y modelos de negocio, la norma podría desincentivar la innovación y contradecir compromisos del T-MEC y el TLCUEM.
Técnicos: la confusión entre intermediarios y proveedores de contenido desvirtúa la función técnica de las plataformas y genera cargas operativas desproporcionadas.
Efectos potenciales
La AIMX advierte que los consumidores podrían enfrentar precios más altos, menor oferta y menor confianza digital. Las empresas, por su parte, asumirían costos elevados de cumplimiento o incluso podrían reconsiderar su permanencia en México. En conjunto, la medida pondría en riesgo el avance de la transformación digital y la inclusión tecnológica.
Propuesta de AIMX
El organismo plantea eliminar el acceso permanente en tiempo real y sustituirlo por auditorías selectivas con orden judicial, mantener la responsabilidad limitada de los intermediarios y proteger explícitamente los secretos industriales y datos personales.
Asimismo, propone crear un grupo de trabajo multiactor —industria, autoridades, sociedad civil y Congreso— para revisar alternativas viables de fiscalización digital que mantengan la equivalencia funcional entre operaciones digitales y físicas.
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Last modified: 10 de octubre de 2025
