Una característica inequívoca de la actualidad en la que transita el mundo globalizado, es la velocidad que se ha adquirido a raíz de las innovaciones tecnológicas, sobre todo en la tecnologías de la información y comunicaciones. Hoy en día, el dinero y la información se mueven en tiempo real. Economías enteras se desbaratan y reconstruyen en cuestión de horas. Citando a Arturo Núñez: “Tenemos una economía globalizada pero no tenemos un gobierno globalizado.”
Ante este reto, hay que reconocer que la clase informática del mundo ha sido reacia a inmiscuirse en la vida del Estado. Este es un problema sistémico ya que incluso los ciudadanos equivocadamente se sienten ajenos a los políticos cuando es la misma ciudadanía la que los ha elegido. La clase política y la clase informática son clusters de ciudadanos integrados con un propósito en sí, como lo es la clase trabajadora o incluso la burocracia. Por supuesto que es evidente que hay buenos y malos trabajadores, al igual que buenos y malos políticos. Sin embargo, el mundo globalizado y el estado no globalizado cada día nos obliga más a crear una clase híbrida político-informática.
Según Weber, clase social se define como aquel grupo que comparte una idéntica situación con respecto a la provisión de bienes, posición y destino personal. Partiendo de esto podemos entender a los miembros del servicio público como una clase en sí; una clase, que desde Marx y Popper, no ha tenido una actualización en cuanto a la división del trabajo. La base de esta división es la afirmación: El servidor público atiende al público desde donde puede atenderlo.
La afirmación anterior, aunque válida, es cada día más caduca ante la realidad y el vértigo en el que vivimos. Los Gobiernos, a nivel mundial, empujan hacia una descentralización y desconcentración de la administración pública. Además, la transparencia, rendición de cuentas y mecanismos de eficiencia y ahorro del gasto público son el tema de boga entre la clase política.
Por todo lo anterior, el teletrabajo, con sus diferentes acepciones constituye una nueva visión del trabajo. Un cambio de paradigma donde el servicio público puede presentar resultados como la eficiencia, el servicio orientado a resultados, la conciliación de la vida familiar y laboral, la salud y el bienestar, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la eficiencia de la movilidad en las grandes urbes (porque evita el desplazamiento de miles de burócratas), la generación de equipos de trabajo más amplios y potentes sin barreras geográficas, y el desarrollo sostenible de un, ahora sí, gobierno globalizado. De todas las ventajas expuestas, la más noble sin lugar a dudas, es que hace posible la integración al servicio público de grupos vulnerables como las personas con discapacidad.
Ante todas estas ventajas habría que preguntarse: ¿Por qué no es el teletrabajo una práctica común en la administración pública? Las principales razones son: que se desconocen los procesos para la implantación del mismo; que la resistencia al cambio es un factor determinante; que el desarrollo tecnológico es obsoleto; que la comunicación interna y externa es deficiente, y finalmente, que la legislación no permite transitar hacia un gobierno sin papel.
El establecimiento de procesos claros definirían un modelo de teletrabajo específico que podría resolver la resistencia al cambio, considerando en primer lugar los tipos de puestos y perfiles. Un análisis necesario para implantar de forma realista, los escenarios en los cuales el trabajo se puede llevar a cabo, las horas ideales, la preparación del entorno y los recursos necesarios para el mismo.
El desarrollo tecnológico de un gobierno, y me permito agregar de una localidad, es también un factor necesario. Una conexión a internet adecuada, así como las herramientas disponibles, y los modelos apropiados de implementación tecnológica y soporte técnico preparado, son los pilares que sostienen el modelo de teletrabajo.
Aunado a esto, desarrollar una estrategia de comunicación interna y externa refuerza la actuación de los tele-servidores públicos. Esta estrategia debe involucrar el compartir de manera adecuada y clara las mejores prácticas puestas en marcha y la retroalimentación sobre el impacto del programa. Con esto se establecería un marco conceptual sobre el cuál se construyan esquemas de calidad y mejora continua.
Finalmente, la legislación que permita el uso de la firma electrónica y de la documentación digital con plena validez jurídica y considerando principios como el no repudio, son el eje central de las características de arranque de este modelo.
La modernización del gobierno y su inmersión completa en el mundo globalizado no solamente obedece a la implantación de nuevas tecnologías o innovaciones, sino al marco conceptual adecuado con que se le dé tratamiento, y el correcto manejo del medio que permita el actuar ciudadano con el gobierno: la política. Es aquí donde la clase híbrida político-informática adquiere una importancia vital equiparable al sacerdocio y la clase trabajadora en la edad media y la revolución industrial respectivamente.
Para concluir, debo reconocer que no he abordado un tema sensible para México como es la corrupción y lo que podría suponer instaurar el teletrabajo para este problema tan añejo. Sin embargo, soy un convencido que a medida que nos convirtamos en idealistas y nos alejemos emocionalmente del crudo realismo que vivimos, será como lograremos establecer un cambio en nuestro gobierno. Eso sí, idealismo que considere siempre los controles adecuados para la actuación del servidor público.
Imaginemos un gobierno que trabaja desde casa, un gobierno que trabaja desde el santuario nuclear del ciudadano. Ahora, imaginemos las repercusiones que esto tendría en la forma en que se perciben mutuamente el gobierno y la ciudadanía. La línea que los separaría sería prácticamente invisible, lo que al largo plazo provocaría ciudadanos más participativos y gobiernos más ciudadanos.