La administración burocrática en el sector público de nuestro país trajo consigo una crisis económica para financiar el gasto público en la década de los ochenta del siglo pasado, lo que hizo necesario admitir medidas de ajuste estructural para el manejo de la economía, a la par que se impuso el desmantelamiento del aparato gubernamental que, en ese momento, estaba integrado por empresas del sector público que operaban en condiciones de monopolio.
Asimismo, el uso de computadoras y software para la contabilidad gubernamental, organizar estadísticas y elaborar documentos se intensificó hasta la primera década de este siglo como parte de la agenda de reformas gubernamentales.
El uso de la tecnología de la información hace más transparente al sector público, en virtud de que es posible conocer el uso que se hace de los recursos públicos. Sin embargo, ello no garantiza la efectividad, en la acción gubernamental, de usar la tecnología en la Administración Pública para evitar la corrupción y otorgar los bienes y servicios a la población mediante el uso de la tecnología disponible.
El estado de las cosas
Varias iniciativas e instituciones permiten visualizar que, en cuestión de entrega de bienes y servicios mediante el uso de tecnología, los tres poderes de gobierno tienen áreas de oportunidad, no sólo en sus procesos internos, sino también ante la población. El Banco Interamericano de Desarrollo, el Observatorio de Mejora Regulatoria, los Censos de Gobierno, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI y la Encuesta Latinobarómetro tienen publicaciones sobre el tema.
De acuerdo con la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, una de las metas consiste en crear, en todos los niveles, instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Por ello, un indicador indiscutible de la eficacia y la transparencia será el porcentaje de entrega de los bienes y servicios que el gobierno ofrece a la población mediante el uso de sistemas digitales.
Por otro lado, la publicación “Ciudadanos, burocracia y Gobierno Digital” del Banco Interamericano de Desarrollo, con datos de Latinobarómetro 2017, pone en evidencia que los ciudadanos con menores ingresos acceden a menos trámites que los individuos con ingresos más altos; mientras el 42% de las personas con estudios universitarios reporta haber hecho un trámite, el porcentaje se reduce a un 16% para las personas sin estudios formales. Además, los trámites presenciales suelen costar más al gobierno, pues aumentan cada año.
Adicionalmente, contrario a lo que predica el paradigma de la Nueva Administración Pública, los gobiernos en nuestro país carecen de un mecanismo para medir su avance en la implementación del Gobierno Digital, por lo que no compiten entre sí para convertirse en el gobierno menos costoso en cuanto a trámites.
Soluciones desde la agenda ciudadana
En cuanto a la medición de los avances en la implementación del Gobierno Digital, la ciudadanía toma la iniciativa. El Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria muestra, mediante el indicador Subnacional de Mejora Regulatoria, el estado de avance en la implementación de herramientas y políticas para la mejora regulatoria en los gobiernos municipales y estatales. A 30 años de iniciar la transformación del paradigma gubernamental, es necesario acelerar la transición hacia el Gobierno Digital, ahora desde la ciudadanía, ante los avances y retrocesos que se muestran en este rubro.
Así, se propone construir, desde la sociedad civil, una plataforma tecnológica para la Transparencia Regulatoria y, con ella, monitorear y dar seguimiento a los avances del sector público para convertirse en un Gobierno Digital, así como eliminar los trámites en ventanilla. Una plataforma capaz de concentrar toda la información de todos los trámites que se realizan en nuestro país, la cual permita ser una gran ventana para medir la calidad con que se otorgan los servicios públicos en las agencias de México.
Por otro lado, los gobiernos locales y federal, con apoyo en la tecnología que hoy conocen con precisión, deben familiarizarse con cuáles y cuántos son los trámites y servicios que les corresponde proporcionar. Además, cumpliendo con la Ley de Transparencia, todos deben contar con un catálogo de bienes y servicios públicos en su página web.
Con este panorama, los gobiernos municipal, estatal y federal, las entidades paraestatales y autónomas, los organismos descentralizados, el poder judicial y las legislaturas tienen el desafío de erradicar la mayoría de sus trámites de ventanilla para 2030. Esta es una prioridad por cumplir en los próximos cinco o seis años, dado el retraso que se presenta en los tres órdenes de gobierno y los tres poderes.
Sólo ventajas
La concentración de información en una plataforma sobre trámites y servicios servirá para conformar un cubo de combinaciones y emitir reportes de información sobre qué agencia es más efectiva en la entrega de bienes y servicios.
Además, gracias a la tecnología, es posible hacer competir, con base en evidencia, a las agencias públicas de nuestro país. Esta forma de competir tendrá la enorme ventaja de conocer a las agencias que han superado sus obstáculos burocráticos: jerarquía, limitaciones legislativas, limitaciones funcionales y operativas.
En principio, esta propuesta no es viable para el acceso a los datos ni para la realización de una plataforma como la descrita. El primer paso es que los agentes gubernamentales pongan a disponibilidad, en formato de Datos Abiertos, su catálogo de trámites y servicios correspondientes con sus funciones y Presupuesto Basado en Resultados.
Una herramienta de esta índole puede desarrollarse con la tecnología disponible y la accesibilidad de Datos Abiertos que todos los entes públicos están obligados a desarrollar. Sin embargo, hoy resulta casi imposible realizarlo, pues los gobiernos no disponen en formato de Datos Abiertos su catálogo de trámites y servicios; algunos muestran desconocimiento sobre dicho formato y otros se limitan a cumplir con la publicación de sus trámites en formato PDF.
Finalmente, no está de más señalar que esta herramienta ayudaría a los sistemas anticorrupción estatales y el nacional en el cumplimiento de sus respectivas agendas. El combate a la corrupción será más efectivo si se abre la competencia por ser el gobierno más digital.
