El estado de Michoacán registra importantes avances en su estrategia de gobierno digital, una apuesta para modernizar la gestión pública mientras la ciudadanía demanda más transparencia y rendición de cuentas. Este martes, las autoridades estatales dieron a conocer nuevas medidas para consolidar un modelo de administración más eficiente, seguro y accesible.
Uno de los anuncios más relevantes fue la eliminación del uso de efectivo en las cajas de la Secretaría de Finanzas, como parte del impulso al gobierno digital. Según el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, esta medida no sólo reduce los riesgos de corrupción, sino que ha permitido aumentar significativamente la recaudación: en lo que va de 2025, los ingresos locales han ascendido a 8,500 millones de pesos, “sin crear nuevos impuestos ni deuda pública”.
Además, el estado refuerza sus trámites en línea al digitalizar procesos estatales. Esto se suma a un esfuerzo más amplio del gobierno mexicano para simplificar y reducir los trámites burocráticos: de acuerdo con el primer informe de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), se han eliminado más de mil gestiones federales complicadas, y se han homogeneizado requisitos entre niveles de gobierno.
En paralelo, en el ámbito local, la crisis política derivada del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ha desencadenado protestas masivas en Michoacán. El día de hoy, grupos de jóvenes estudiantes y ciudadanos se movilizaron para demandar no sólo justicia por la violencia, sino también más apertura en las instituciones digitales del gobierno y una gestión más transparente
Estas movilizaciones tienen un trasfondo simbólico: la ciudadanía exige que las herramientas tecnológicas del gobierno digital —como la banca electrónica estatal, la identidad digital y las plataformas de trámites en línea— no se conviertan en espacios cerrados o privados, sino en mecanismos efectivos para el acceso a la información y la participación ciudadana.
En su discurso, el gobernador Ramírez Bedolla reconoció que la transformación digital debe ir de la mano de la legitimidad social. Aseguró que el nuevo sistema de pagos “garantiza transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas”, al mismo tiempo que facilita el acceso ciudadano a los servicios públicos sin intermediarios físicos.
Otro punto clave anunciado este 3 de noviembre es el plan para reforzar la seguridad cibernética: el gobierno estatal prevé la implementación de un Centro Digital de Operaciones que vigilará el tráfico de datos institucional y alertará sobre posibles anomalías, todo ello con la asesoría técnica de la ATDT federal.
Para la sociedad civil, estos avances representan una oportunidad crítica: el fortalecimiento del gobierno digital podría servir como herramienta democratizadora, permitiendo que más personas ejerzan su derecho a consultar el gasto público, a monitorear contratos estatales y a verificar que los recursos se utilicen de manera eficiente. No obstante, advierten analistas, el éxito dependerá de que la infraestructura digital se despliegue con equidad territorial y no permanezca concentrada en zonas urbanas.
Mientras tanto, las protestas de hoy han sido un recordatorio convulso: la transformación digital no es solo un asunto tecnológico, sino también político y social. A medida que Michoacán avanza hacia una administración más moderna, la ciudadanía exige que esa modernización no deje de lado la justicia, la memoria y la transparencia.
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Last modified: 18 de noviembre de 2025
