El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al H. Congreso de la Unión el Paquete Económico 2020, conformado por los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, la Iniciativa que reforma diversas disposiciones fiscales y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. En dicho paquete se delinean aspectos sobre una posible regulación a plataformas digitales.
La SHCP considera necesario diseñar medidas tributarias adecuadas para que los servicios digitales sigan contribuyendo al desarrollo de la economía nacional, fomenten el empleo y brinden más y mejores servicios a los usuarios.
Mientras tanto, diversas empresas digitales que son miembros de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), como Airbnb, Google, Twitter, Facebook, Despegar y MercadoLibre, han emitido su postura respecto al Paquete Económico 2020. En ella, la Asociación y sus miembros destacan, entre otros puntos, que “están a favor del pago de impuestos en servicios digitales, pero no de una propuesta que vulnere los derechos y el acceso a servicios por internet de sus usuarios, tal como están planteados en algunas disposiciones del Paquete Económico”. Así, reiteran su interés en sumar su voz para mejorar la propuesta y su disposición a mantener un diálogo abierto y transparente con las autoridades. Aquí resumimos su análisis.
Retos y limitaciones a enfrentar
En principio, la ALAI considera que el Paquete Económico que presentó la SHCP incluye múltiples requisitos y normativas, cuyos plazos de cumplimiento inhibirán la capacidad de las empresas para atenderlos, especialmente las PyMEs, que no cuentan con áreas legales o despachos contables, por lo que sería común que éstas incumplieran y deban enfrentar sanciones desproporcionadas.
En cuanto a las particularidades de las nuevas medidas, la ALAI manifiesta que varias van en contra de las recomendaciones propuestas por instituciones internacionales en diversos foros para definir la forma adecuada de cobrar impuestos a los servicios digitales. Hasta el momento, 48 países han establecido medidas para cobrar el impuesto al valor agregado basadas en las discusiones globales.
En esta nueva realidad, en que cada vez más bienes y servicios se ofrecen mediante mercados digitales, que transitan libremente las fronteras geográficas, para la ALAI es fundamental no perder de vista que la naturaleza de internet y de los servicios digitales favorece la inclusión de sectores históricamente excluidos de la participación en la economía, generando ingresos adicionales para estos. Por ello, el análisis señala que cualquier regulación al respecto debe impartirse ampliamente entre todos los actores involucrados, ya que la imposición de medidas inadecuadas puede tener efectos no deseados para la innovación, el desarrollo y el ejercicio de derechos fundamentales.
Por último, la Asociación Latinoamericana de Internet y sus miembros expresan que es de extrema preocupación que, como sanción por el incumplimiento de medidas fiscales, las autoridades tributarias amenacen con la posibilidad de desconectar servicios y plataformas de internet a los usuarios en México. Esta disposición, según la ALAI, atenta contra la naturaleza abierta de internet y el ejercicio fundamental de derechos como la accesibilidad y la libertad de expresión y de acceso a la información protegidos por la Constitución Mexicana y por la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Con información de la Asociación Latinoamericana de Internet
