Diversas administraciones gubernamentales han volteado hacia el software libre y el código abierto buscando, principalmente, reducir sus costos de Tecnologías de Información, ya que su uso suprime el pago de licenciamiento de software registrado de algunos fabricantes. Aunado a esto, el sector púbico también busca independencia e innovación como los principales factores que sustentan la decisión.
Analicemos el primer motivador, o sea, la reducción de costos. Si bien se percibe que hay una disminución del Costo Total de Propiedad del software libre, es necesario considerar en el cálculo que se requiere de personal con muy buenos conocimientos del código y los programas empleados, lo cual puede incrementar los costos e incluso afectar la independencia de la institución, al estar en manos de un equipo de desarrollo u operación.
Libre no significa gratis, ya que aún existen los costos de mantenimiento y soporte, ¿o es que acaso el gobierno no está dispuesto a pagarlo? Y de hacerlo, ¿no pondría en riesgo su continuidad operativa? Ahora bien, en el caso del código abierto, no existen los costos mencionados, pero la dependencia hacia el equipo de desarrollo, la implementación y la operación es, por mucho, más crítica porque únicamente se cuenta con apoyo de este equipo y la comunidad de desarrolladores para resolver cualquier eventualidad que se presente, lo cual puede comprometer la continuidad operativa que es un factor crítico para cualquier entidad del sector público.
Simplicidad y libertad son otros factores considerados como parte de la propuesta de valor del software libre, pero éstas fungen de acuerdo al diseño de los sistemas y la gestión de los mismos. Por ejemplo, la libertad de instalar y desplegar sin tener que adquirir licencias continuamente puede ser obtenida también mediante acuerdos de licenciamiento ilimitados con algunos fabricantes. Si por libertad interpretamos la capacidad de extender las capacidades del software, también es posible lograrla mediante el uso de tecnologías como SOA (Software Oriented Arquitecture, por sus siglas en inglés) o BPM (Business Process Management), los cuales son de estándares abiertos y su uso evita que las instituciones se “casen” con algún fabricante de software, de tal manera que puedan mover sus desarrollos a cualquier plataforma que soporte dichos estándares o, ahora incluso, a la Nube, logrando al mismo tiempo la simplicidad buscada.
Factores en la balanza
El software libre y el código abierto han logrado ofrecer una gran inteligencia colectiva. Las comunidades están demostrando una capacidad de innovación superior, por ejemplo, Open Stack o el mismo Linux, que se han colocado en el mercado y desplazado a soluciones desarrolladas por fabricantes. Sin embargo, para la implementación de éstos, regresamos al análisis financiero expresado al inicio.
Un aspecto adicional que sirve como lección: el principal valor que buscan las instituciones públicas es la continuidad operativa y este es el factor preponderante para diseñar, implementar y operar un sistema. Si bien el software libre y el código abierto son importantes alternativas, en algunos casos se debe considerar, antes que nada, no poner en riesgo la continuidad operativa de la institución y posteriormente llevar a cabo el análisis de los factores de reducción de costos, libertad y simplicidad, previamente mencionados.
La Nube es una alternativa a tomar en cuenta, en donde los elementos de software libre o de código abierto ya no son necesariamente tan relevantes para las instituciones, permitiendo con esto que el personal de TI se enfoque en el diseño de servicios ciudadanos y en los propios funcionarios públicos. Por ejemplo, hoy en día una institución puede optar por ejecutar una plataforma de atención ciudadana en la Nube, mientras que la responsabilidad de analizar si usa un sistema Linux de código abierto, un Linux de software libre o un sistema operativo propietario de un fabricante es del proveedor de Nube.
En conclusión, la principal lección que tenemos del software libre y código abierto es la capacidad de una gran innovación y, en algunos casos, reducción de costos, libertad y simplicidad, pero siempre tomando en consideración primaria la continuidad operativa. Y ahora la Nube viene a traer un nuevo elemento en la toma de decisiones. Al final son servicios hacia los ciudadanos y hacia el propio gobierno lo que un proveedor debe ofrecer; esto hace que la decisión sea enfocada en el valor hacia el ciudadano y no como un dogma tecnológico.
Publicado en el número 16 de la revista impresa u-GOB
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