Una de las voces más destacadas del Congreso de Estados Unidos a favor de la adopción de identificaciones digitales afirmó que se necesita una agencia federal para verificar la seguridad del software y el hardware que sustentan los teléfonos móviles y otras tecnologías de autenticación.
En su intervención el miércoles en la Identity Week America, el representante Bill Foster, demócrata por Illinois, expresó su continuo apoyo a que el Gobierno de Estados Unidos asuma un papel más importante en el desarrollo y el uso de identificaciones digitales seguras, incluidas las licencias de conducir móviles, que pueden utilizarse para ayudar a evitar que los delincuentes cometan robos de identidad o fraudes.
Las identificaciones digitales permiten a las personas almacenar sus datos personales en teléfonos o aplicaciones para demostrar su identidad. A menudo incluyen el uso de datos biométricos y contraseñas para proteger la información guardada. Más de una docena de estados ofrecen ahora a sus residentes la oportunidad de obtener identificaciones digitales o permisos de conducir móviles.
Foster presentó el año pasado una ley, la Ley de Mejora de la Identidad Digital, que instaría al Gobierno a estudiar el uso de «soluciones de identidad digital basadas en el consentimiento» para permitir a los estadounidenses «demostrar quiénes son en Internet». Ha presentado versiones del proyecto de ley en cada Congreso desde 2020 y ha expresado su deseo de volver a presentarlo durante el actual 119º Congreso.
En una entrevista el congresista señaló que el uso creciente de deepfakes y otros contenidos generados por inteligencia artificial para manipular u ocultar la verdadera identidad de los usuarios significa que «lo mejor que se puede hacer es proporcionar a las personas al menos la capacidad de demostrar que son quienes dicen ser y no un deepfake».
Aunque sus propuestas anteriores han obtenido el apoyo de ambos partidos —Foster mencionó que actualmente está trabajando con el representante Mike Kelly, republicano por Pensilvania, en la promoción de la identificación digital—, afirmó que se necesitarán medidas de seguridad adicionales a nivel federal para garantizar la seguridad de las tecnologías utilizadas para verificar la identidad de las personas.
«Existe un peligro si se implementan, por ejemplo, licencias de conducir móviles para millones de personas y luego alguien publica un kit de software para hackear el teléfono y obtener y extraer las claves [de seguridad] que le permitirán suplantar a esa persona en línea, lo que sería un desastre para todo el esfuerzo», dijo Foster. «Por lo tanto, tenemos que —y es una pieza que falta en nuestro esfuerzo a nivel federal— necesitamos, en algún lugar, una agencia que tome decisiones sobre los dispositivos electrónicos de confianza. Es decir, tanto los dispositivos electrónicos como el software».
Aunque el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST por sus siglas en inglés) ha publicado directrices, marcos y mejores prácticas para ayudar a las organizaciones a mejorar su ciberseguridad y su postura general en materia de seguridad, las recomendaciones de la agencia siguen siendo voluntarias.
«Han definido las normas, pero no las hacen cumplir», dijo Foster sobre el NIST, y añadió: «Quizás sea una buena división de esfuerzos, pero necesitamos a alguien que las haga cumplir».
Foster planteó un escenario hipotético en el que se detecta un fallo en un futuro iPhone de Apple y dijo que este tipo de organismo podría decirle al gigante tecnológico: «No puedes vender eso como algo que se puede utilizar para presentar permisos de conducir digitales».
Foster reconoció que la iniciativa se convertiría «muy rápidamente en algo muy político», pero afirmó que es «realmente importante, porque no se pueden implementar permisos de conducir digitales en teléfonos móviles que resultan no ser fiables».
Una de las barreras actuales para la creación de una nueva agencia, por ejemplo, es el Departamento de Eficiencia Gubernamental, encargado de recortar gastos, que ha llevado a cabo el edicto del presidente Donald Trump de reducir el gasto federal y recortar la plantilla del Gobierno mediante despidos y renuncias diferidas.
Sin embargo, Foster afirmó que prevé que esta nueva entidad federal también tenga la capacidad de verificar la veracidad de las afirmaciones sobre privacidad realizadas por la Administración de Seguridad en el Transporte en relación con la tecnología de reconocimiento facial que utiliza en el proceso de control de los aeropuertos.
«Cuando vas al quiosco del [Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington] y te dice: «Te prometo que tiraré la foto que te acabamos de hacer en un plazo de 24 horas», sea cual sea la promesa, tendrás que contar con alguien de confianza que te diga: «Lo he comprobado y es cierto. El hardware y el software que se ejecuta en él tirarán tu imagen después de un tiempo»».
La TSA ha ido implantando cada vez más la tecnología de reconocimiento facial, con planes de desplegar los escáneres biométricos en más de 430 aeropuertos estadounidenses en los próximos años. La agencia ha declarado que también acepta identificaciones digitales de los estados que las emiten «en más de 250 aeropuertos para verificar su identidad en los controles de la TSA a través de plataformas como Apple Wallet, Google Wallet y Samsung Wallet o una aplicación emitida por el estado».
Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa la TSA, declaró anteriormente que las fotos de los viajeros se eliminan automáticamente tras confirmar su identidad, aunque afirmó que la agencia tiene «la capacidad sobre el terreno de modificar el sistema para que pueda registrar datos» cuando desee realizar una evaluación limitada de la eficacia de la tecnología.
Sin embargo, algunos defensores de la privacidad, tanto republicanos como demócratas, en el Congreso se han opuesto al uso de esta tecnología por parte de la TSA debido a la preocupación que les suscita el tratamiento de los datos biométricos de los estadounidenses, así como la precisión de la herramienta.
El máximo responsable de la supervisión del DHS anunció en enero que los funcionarios investigarían el uso de la tecnología. La investigación se puso en marcha después de que un grupo bipartidista de senadores escribiera una carta el año pasado al inspector general del DHS, Joseph Cuffari, en la que le pedían que investigara el uso de los escáneres biométricos por parte de la TSA «tanto desde el punto de vista de las autoridades como de la privacidad».
Publicado originalmente en Nextgov
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Last modified: 1 de octubre de 2025
