Atendiendo la posición de México en el mundo y sus retos; resulta necesario recordar que en materia de seguridad y justicia penal se han impulsado desde la administración de Salinas y Zedillo, reestructuras de alto nivel en las instituciones de seguridad, pero durante la administración de Vicente Fox, el impulso fue mayor en el sistema de seguridad federal y en el de procuración de justicia, dándose así el inicio de iniciativas en materia de adicciones, seguridad y justicia.
En la administración de Calderón; se dio el inicio de la utilización de recursos provenientes de los Estados Unidos de América a través de Iniciativa Mérida, un uso mayor en el despliegue militar y policial en el territorio nacional y la publicación del decreto del 18 de junio de 2008, en donde como es de sobra conocido, estas reformas tienen como finalidad el mejorar el funcionamiento de las diferentes instituciones que integran el sistema de justicia penal, encargadas de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, así como de la reinserción social.
Con Enrique Peña Nieto; tiene lugar la aplicación de las Reforma. Delos diversos cambios constitucionales destaca en el subsistema de impartición de justicia, relativo a la introducción de los juicios orales. Esto implica una modificación de los diferentes componentes que integran el sistema de justicia penal, en virtud de la sustitución del modelo penal mixto por uno predominantemente acusatorio y oral, regido por los principios procesales de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, previsto en los artículos 16, párrafo segundo y décimo tercero, 17, párrafos tercero, cuarto y sexto, 19, 20 y 21, párrafo séptimo de la carta magna.
En este sentido; para que en este año 2016 sean aplicados los juicios orales en todo México, la actual administración se concentra principalmente en una tarea de planeación estratégica de políticas públicas, que comprende básicamente los siguientes tres rubros:
- Adecuación de la legislación secundaria.
- Capacitación de los actores jurídicos. La actividad de capacitación se ha desarrollado considerando a todos los actores jurídicos por igual, esto es, ha comprendido de manera integral a los agentes policiales, agentes del Ministerio Público, juzgadores, secretarios de juzgado y tribunal, defensores públicos, peritos, abogados y docentes.
- Dotación de recursos materiales. Esto ha implicado una gran tarea de planeación estratégica, en la que se ha requerido la intervención de los órganos de gobierno y administración de cada una de las instituciones que intervienen en el proceso penal, para efecto de establecer de manera precisa los costos fijos y de operación que se necesitan para hacer posible su participación; verbigracia, la construcción y operación de los juzgados de control, instrucción, de juicio oral, de justicia para adolescentes y de ejecución de penas.
Al mismo tiempo; en que se aplican estas reformas, se encuentra el desafío de garantizar la seguridad interior y reducir la violencia. Además del papel destacado de las Fuerzas Armadas, en esta administración se han presentado otras estrategias de política pública para fortalecer la gobernabilidad y la seguridad en todo el territorio nacional.
Para hacer frente a estos desafíos se han definido dos grandes objetivos estratégicos:
- Consolidar el Sistema de Seguridad Nacional para asegurar la atención integral de las vulnerabilidades, los riesgos y las amenazas a la Seguridad Nacional.
- Asegurar que la política de Seguridad Nacional del Estado mexicano adopte una perspectiva multidimensional para favorecer la consecución de los objetivos e intereses nacionales.
Ante estos dos grandes objetivos estratégicos debe de impulsarse una importante reforma que regule lo relacionado a las tecnologías que ayudan a detectar, prevenir y/o investigar, actos criminales.
En muchos casos, las personas no han sido conscientes de que la Autoridad a su alrededor está barriendo información. Aeronaves tripuladas o no tripuladas equipadas con cámaras y equipo de nueva generación colocado en zonas estratégicas para vigilancia; han dado buenos resultados.
Actualmente existen edificios que utilizan dispositivos de seguridad que pueden recabar todos los datos de un teléfono móvil en un lugar sin órdenes de cateo. Los automóviles, computadoras e incluso los teléfonos ya cuentan con sistemas de localización y con posibilidades de grabar imagen y audio sin que el propietario del aparato se dé cuenta.
Para no ir muy lejos; en el Real Time Crime Center de Fresno, es el tipo de instalación que se ha convertido en el modelo para la vigilancia de alta tecnología. Centros similares se han abierto en Nueva York, Houston y Seattle en la última década. ¿Cuánto tiempo transcurrirá para que México utilice esta nueva tecnología o si ya es utilizada, estará nuestra legislación preparada para esto?
La Policía de Fresno dice que tener la posibilidad de acceder a toda esa información en tiempo real es crucial para resolver crímenes; y es verdad, por que dichas herramientas proporcionan información crítica que puede ayudar a descubrir terroristas o frustrar tiroteos en masa, garantizando la seguridad de los funcionarios y los ciudadanos, encontrando sospechosos y resolviendo casos abiertos. Los ataques del año pasado en París y San Bernardino, California, sólo han puesto de relieve la necesidad de tales medidas.
Pero los sistemas de gran alcance también se han convertido en puntos de repudio de activistas civiles, que dicen que representan una intrusión a la privacidad y algunos dicen que se necesitan leyes para proteger a los ciudadanos y México debería, al igual que otras naciones iniciar e impulsar iniciativas que regulen el uso de estas tecnologías para tener una mejor seguridad y al mismo tiempo proteger el derecho a la privacidad.
Tarea titánica pero no imposible simplemente se debe buscar un acto de equilibrio y sumar iniciativas del ley a este gran cumulo de Nueva Generación de Reformas en materia de Seguridad y Justicia Penal.