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Lecciones de Gobierno Digital desde Estonia

Este pequeño país, no más grande que los Países Bajos y con una población de 1.3 millones de habitantes, es uno de los ejemplos de la tecnología aplicada en gobierno.  Lo único de este país no es que los ciudadanos puedan elegir a su parlamento en línea u obtener su devolución de impuestos en dos días. Estos niveles de servicio son resultado no de tener algunos sitios web gubernamentales, sino modelar desde el inicio con el concepto de apertura, privacidad, seguridad y perspectiva de futuro.

Los cimientos de este modelo descansan en una llave única, con una metodología simple, que se usa desde el pasaporte a los registros bancarios, oficinas de gobierno y hospitales. Una persona con el número 37501011234 es un hombre nacido en el siglo 20 (esto lo indica el dígito 3) en el año 75 el 1 de enero y fue el bebé número 123 que nació ese día. El número final es un dígito de verificación que detecta errores.

Para facilitar la vida entre pares, Estonia ha promulgado su ley de firma electrónica con lo cual sin importar si un documento se ha firmado en digital o en papel, el acto es igualmente legal.

Gracias a esto cualquier agencia gubernamental debe reconocer esta firma digital, por lo cual la demanda de servicios digitales del gobierno es creciente y las inversiones en sistemas de gestión son una requerimiento ciudadano

También existe una credencial de identificación ciudadana con un chip que contiene la firma electrónica a la vez que una firma autenticadora del documento. Cada persona mayor de 15 años debe tener esta identificación y actualmente hay más de 1.2 millones de credenciales activas.

Para acelerar la innovación el estado ha hecho alianzas con empresas y bancos para que la identificación y firmas sean realmente universales.

Un ejemplo de como trabaja todo el sistema es la declaración de impuestos, que se “llena” electrónicamente. La declaración promedio es un acto de seguir página tras página del formato pre-llenado, pues toda la información se ha recabado y entregado por bancos, empleadores, organizaciones de caridad y servicios deducibles.

Este movimiento de datos se basa en la premisa de privacidad. Es el ciudadano quien posee sus datos y mantiene el derecho a otorgar acceso, por ejemplo a doctores, farmacias o instituciones de gobierno. En el caso donde este acceso no puede ser negado, como la policía digital, el ciudadano tiene al menos el derecho y la capacidad real de saber específicamente quién accedió a los datos.

En muchos de nuestros países esto parece una fantasía, a la vez que una amenaza a la privacidad, pero sabemos por este caso de Estonia que el escenario es posible y que, al menos para los estonios, deseable.

La información completa está en The Atlantic.

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