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Gobierno Abierto ¿es necesaria una Ley?

Gobierno Abierto: ¿es necesaria una Ley?

Hace unas semanas, la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica aprobó un proyecto de ley que consagra el principio de los Datos Abiertos para el Gobierno Federal de dicho país, lo cual fue celebrado por varias organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Data Coalition en su twitter @DataCoalition.

Sin embargo, es importante mencionar que este país, durante la administración pasada (Presidente Obama), ya había avanzado mucho en la política público de Gobierno y Datos Abiertos, la cual se sustentó en el Memorándum de la Casa Blanca “Transparency and Open Government” del 21 de enero de 2009, el primero en su tipo en los países desarrollados.

En diciembre de 2018, se dio otro paso muy significativo: la consagración de los Datos Abiertos con un soporte jurídico de mayor fuerza que una orden ejecutiva.

El nuevo marco jurídico fue presentado ante el poder legislativo en marzo de 2017 y finalmente aprobado en diciembre de 2018 como una nueva ley denominada “The Open, Public, Electronic and Neccessary Government Data Act” o simplemente Ley de Gobierno Abierto (Open Government Data Act), instala dos principios de toda democracia moderna:

  • La información en poder del Estado debe ser siempre pública y en formatos abiertos (procesables), salvo que su publicación atente contra la seguridad y la información privada.
  • Los servicios públicos deben basar sus decisiones de política pública en evidencia y, por ende, en datos (esto último es de mi cosecha).

La Ley introduce y deja definida una serie de conceptos respecto de lo que se entiende por Datos Abiertos (acceso, formatos y usos), activos de información y licenciamiento, entre otros. Según las definiciones:

Activos de datos de Gobierno Abierto, que consisten en aquellos que cumplen al menos con los siguientes atributos:

  1. Procesables
  2. Disponibles en formatos abiertos
  3. Sin traba a su uso y reuso
  4. Basados en estándares internacionales

Licencia abierta, la cual incluye garantías legales tales como:

  1. Sin costos
  2. Sin restricciones de copia, publicación, distribución, transmisión, cita o adaptación

Sin embargo, algo que al menos yo eché de menos fue el uso comercial de los datos (al menos dicho explícitamente), pues en ese sentido es más amplio el modelo de licenciamiento del gobierno inglés, es decir, el Open Government License (OGL).

El nuevo marco legal da un año a los Servicios Públicos del Gobierno Federal para el cumplimiento de la norma y cada servicio deberá entregar un reporte del nivel de cumplimiento (a tres años de vigencia de la Ley) de la norma, el cual deberá ser enviado al Senado.

Avances importantes

Si bien varios de los países de la región cuentan con algún tipo de normativa respecto de los Datos Abiertos, en general se trata de normativas de carácter administrativo (decretos, instructivos presidenciales u otros). Un buen avance en este tipo de política pública es que este principio de los Datos Abiertos quede normado bajo el amparo de la Ley.

Hace unos días el Presidente Trump firmó dicha Ley – OPEN Government Data Act (H.R. 4174), la cual, según el Centro de Pensamiento (ITIF, referente en materias de tecnologías y políticas públicas), introduce cambios muy significativos, ya que plantea que el gobierno central (Federal) deberá disponibilizar la data en manos del Estado en formatos abiertos y procesables por omisión (default).

Incluso la Unión Europea, en un acuerdo del parlamento europeo, acordó profundizar sus políticas públicas en materias de Datos Abiertos, señalando que:

  • Cualquier contenido del sector público al que se pueda acceder en virtud de las normas nacionales sobre el acceso a la información pública deberá estar disponible para su reutilización.
  • Se deberá prestar especial atención a los datos de alto valor, tales como estadísticas o datos geoespaciales, dado su gran potencial comercial y su capacidad para acelerar el desarrollo de una amplia variedad de productos y servicios de información de valor agregado.
  • Se deberá contar con más datos en tiempo real, disponibles a través de las interfaces de programación de aplicaciones (API) que les permitan a las empresas desarrollar productos y servicios innovadores.
  • Los Estados miembros deberán implementar políticas para el acceso abierto a los datos de las investigaciones financiadas con fondos públicos.

La pregunta que queda latente y dando vueltas dada nuestra historia, la cual es fuertemente legalista es: ¿Necesitamos una Ley para avanzar más decididamente en la política pública del Gobierno Abierto y, por ende, hacia la información pública?

Tomado de El Escritorio de Alejandro Barros:

https://www.alejandrobarros.com/gobierno-abierto-es-necesario-una-ley/

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