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Los productos abiertos del gobierno

Cuando escuchamos hablar de abierto en el mundo del software muchas imágenes vienen a la mente. Según su formación o fuente de datos, algunos pensarán en código pobre y deficiente, otros en oportunidades de modificación, algunos más en costo cero de adquisición e incluso habrá quienes tengan la imagen de crimen, hackers y actividades oscuras.

Ha pasado mucho tiempo ya desde que el debate estaba lleno de mensajes FUD (fear, uncertainity and doubt. Miedo, incertidumbre y dudas). Los acalorados posicionamientos de quienes creían que todo debía ser libre contra los que suponían que apoyar al código abierto era ser comunista (no se rían, en verdad hay quienes piensan o pensaban esto hace unos pocos años) rayaban en el fundamentalismo cuasi-religioso. Los planteamientos, podemos decir, estaban manchados por posiciones irreductibles y argumentos absolutos, que en ningún caso fomentan un acuerdo.

Sigo pensando que no hay mejor opción que el conocimiento de los patrones y esquemas de ambos modelos; que ofrecer información objetiva a los consumidores incrementa sus posibilidades para elegir cuál opción de software usar, o cómo aprovechar las ventajas de ambos modelos. También creo que para un entorno de la Sociedad del Conocimiento no hay nada mejor que la opción de Software Libre, y es más, que en un país como México, donde la base tecnológica es en muchas ocasiones importada, las empresas tienen una mayor oportunidad de generar beneficios a través del esquema de servicios y desarrollo alrededor de opciones abiertas. Comprendo también el modelo “farmacéutico”, donde la inversión en investigación y desarrollo de productos sólo puede amortizarse a través del modelo propietario. La ventaja competitiva de una plataforma propietaria sólo puede explotarse a través de ese modelo, porque en productos empaquetados es difícil generar un entorno de servicios, y sin embargo existen: cursos de manejo de programas ofimáticos, de software de diseño o de uso del navegador web.

En cuestiones empresariales cada entidad puede apostar por la solución que le parezca mejor de acuerdo con su plan de negocios.

Sin embargo, cuando hablamos del gobierno, el tema debe verse con distinto enfoque. Los preceptos de la democracia contemporánea marcan a la participación sin obstáculos, la transparencia y la apertura como claves para que gobernantes y funcionarios puedan ser observados y calificados. El principio es sencillo: si el gobierno funciona gracias al dinero que todos aportamos vía impuestos, derechos, pago de servicios; entonces todos debemos ser capaces de saber cómo se gasta, en qué y para qué. Es como un esquema de sociedad cooperativa, todos ponemos y por ello la responsabilidad del funcionamiento y los beneficios deben ser para todos.

Aquí se cruza la cuestión de los sistemas de información y la información misma. Dejemos de lado el tema de qué software debe comprar el gobierno, podría ser cualquiera mientras la salida (y en eso nos detendremos más adelante) sea en estándares abiertos. Sin embargo comienza la primera cuestión de transparencia e incluso de seguridad de datos, ¿el software propietario nos garantiza que no hay agujeros de seguridad?, ¿no hay código malicioso?, ¿puertas traseras? Algunos países han comenzado a considerar esto a la luz del origen de las empresas productoras del software (y hardware) y normativas legales que pudieran enfrentar en cuestiones de seguridad nacional (por supuesto del país de origen). ¿Cómo nos aseguramos de esto en un código cerrado?

Muchos gobiernos, además, si no es que todos, generan desarrollos de sistemas de información, y dado el esquema de “fuente de financiamiento-propiedad de los productos”, la lógica es que todo sea desarrollado en fuente abierta y no sólo eso, sino liberado en repositorios para que la comunidad, si lo desea, pueda colaborar o estudiar el desarrollo. Así como se indica que toda la información del gobierno es pública y de acceso abierto, todos los productos intelectuales, incluyendo el software, deben ser abiertos y de acceso libre. No cabe la leyenda “derechos reservados” en los productos que genera un gobierno, pues los recursos humanos y materiales involucrados en su generación fueron financiados por la colectividad y ellos son los propietarios (aunque debemos reconocer lo difuso del término “colectividad”).

Los formatos de datos también son un tema que debe revisarse. Son famosos ya los casos de administraciones públicas que, bajo la premisa de “no se puede obligar al ciudadano a adquirir determinada tecnología para interactuar con el gobierno”, optan por usar programas informáticos que usen obligatoriamente estándares abiertos. En ocasiones encontramos instituciones bancarias que para acceder a su sistema de banca en línea sólo aceptan el uso de un navegador en particular. Al ser entidades privadas, la inconveniencia de esto queda entre el banco y sus usuarios. Pero en el gobierno no puede aceptarse esto por una elemental cuestión de no discriminación; la administración pública, el poder legislativo o el judicial no pueden abstraerse a la obligación de diseñar sus servicios digitales para toda la población. Los estándares abiertos y el código abierto tienen una gran historia juntos.

La transparencia, la apertura de un gobierno, entonces no está limitada a los datos, la información pública, sino que la rendición de cuentas va también en poder acceder a los productos generados por el gobierno, los datos bajo estándares abiertos y la información en general bajo la condición de apertura, reuso y redistribución. Hagamos conciencia que un documento digitalizado como imagen no es un documento electrónico reusable.

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Director General de u-GOB