Hasta el 31 de marzo de 2017 habían desaparecido 5 mil 452 menores en México; de ellos, 975 en el Estado de México. Los niños representan el 18% de los casos de personas desaparecidas en el país.

Desde 2010 y principalmente en los últimos cuatro años, se pasó de 57 casos a 612, lo cual representa un aumento total de 974%, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) publicado en el diario la Jornada.

Además de lo alarmante de la situación, “no hay quien los busque, son ‘invisibles para el estado’, ya que no existe una política pública que articule los esfuerzos para ayudar a estos menores”, dice la periodista SanJuana Martinez en su nota del periódico La Jornada. Ante este hecho tan lamentable, me parece que el gobierno digital a través de las Tecnologías de Información y Comunicación tiene mucho que aportar para ayudar a encontrar a estos menores y de alguna manera reducir este delito.

Sin pretender ser experto en el tema, hay dos elementos clave por los cuales estos delincuentes gozan de impunidad:

  • Los menores carecen de identificaciones oficiales. Fuera de tener CURP, que es un número no vinculado a un rostro o características físicas, no existe ningún otro documento que certifique la identidad del menor y la relación con sus progenitores. Esta ausencia de documentación oficial y una base de datos que organice estos datos hace fácil que cualquiera se haga pasar por los padres de los menores y pueda hacer con ellos lo que quiera.
  • Por otro lado, este vacío facilita el segundo elemento clave: el transporte de menores. A nivel nacional, cualquier menor puede viajar por autobús, tren e incluso avión tan sólo presentando una identificación escolar, que bien podría ser falsa.

Para atender estos dos elementos, me permito proponer tres ideas por etapas, que ayuden a combatir la problemática:

  1. Concentrar las bases de datos de menores desparecidos en una sola que incluya fotografías actuales, para ser analizadas a través de minería de datos, tanto para extraer el perfil de los infantiles y patrones de características, tiempos y ubicaciones donde los secuestros ocurren, como para poder ser compartidas a nivel nacional por ONGs y personas interesadas.
  2. Compartir esta base de datos filtrada con la base de datos de pasajeros de autobuses, trenes y aeropuertos para que, al momento en que un menor sea registrado para viajar, pueda ser comparado con la base de datos y arrojar alertas tanto a las autoridades como a las ONGs involucradas.
  3. Crear una App que consulte inmediatamente estas mismas bases de datos, a fin de que todas aquellas personas (Multitudes Inteligentes) que lo deseen puedan descargarla en su teléfono y ayuden enviando imágenes de los niños que se cruzan en su sala de espera o que resultan sospechosos. De esta manera podrían enviar información a la base de datos para que, mediante un software de reconocimiento facial, sea comparada con los niños desaparecidos.

Estas tres ideas parecen obvias, pero requieren una gran decisión política para llevarse a cabo y generar que estas tecnologías (que ya existen) puedan apoyar en la búsqueda de los menores desaparecidos.

Sin duda, un elemento para cerrar el paso a estos delincuentes sería crear una credencialización masiva de los menores que se encuentran cursando en cualquier escuela pública o privada, y cuya credencial deba ser requerida para cualquier trámite (traslado, inscripción, etc), conteniendo medidas de seguridad similares a las que tiene la credencial de elector.

Ya existe tanto la tecnología como las soluciones para reducir este delito y tener seguros a nuestros niños. Sólo falta la voluntad y la visión política de las autoridades y también de los ciudadanos para presionar la generación de estas políticas públicas y lanzar dichas soluciones.

Fuente: SanJuana Martinez. “Alertan ONG que en el país hay una epidemia de menores desaparecidos”. Periódico La Jornada, Domingo 3 de septiembre de 2017, p. 14: http://jornada.unam.mx/2017/09/03/politica/014n1pol

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Tecnologías para detener el robo de menores
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Sobre El Autor

Es Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México y Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. También dirige NovaGobLab para México. Estudió la Maestría en Administración con especialidad en Mercadotecnia y el Doctorado en Administración especializado en Sistemas de Información (ITESM). Recientemente ha publicado en coautoría el libro Avances y Retos del Gobierno Electrónico en México.

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