Ante la transformación digital impulsada por factores sociales, económicos, de salud y cambios de hábitos, mantener el status quo propicia un impacto en la continuidad de las operaciones y en la competitividad de las organizaciones. En México, hemos sido testigos de cómo gran parte de los servicios, los trámites y los procesos, tanto en el gobierno como en la iniciativa privada, comenzaron a realizarse de manera no presencial, lo que representa nuevos retos para evitar delitos digitales, entre ellos, los fraudes por alteración no autorizada de información y por suplantación de identidad.
Para minimizar estos riesgos, nuestro país cuenta con un instrumento legal que aún no ha sido explotado plenamente: la Firma Electrónica, que desde el año 2003 tiene validez jurídica en diversos marcos normativos y se reconocen, de manera expresa, sus efectos jurídicos equivalentes a la autógrafa.
Un ejemplo cotidiano de uso de firma electrónica es el número de identificación personal (NIP) para acceder a los cajeros automáticos o para pagar en algunos establecimientos, también el Card Validation Value (CVV) de las tarjetas de crédito que se emplea para compras en línea o telefónicas. Pero México ha ido más allá y se ha puesto a la vanguardia con firmas electrónicas avanzadas, que permiten reconocer la autoría de un documento y/o su contenido, a través de un conjunto de datos y caracteres que permiten la identificación del firmante.
Dos de las principales firmas electrónicas avanzadas usadas en México son la e.firma del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la cual es obligatoria para los contribuyentes para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y la FIREL, usada por el Poder Judicial de la Federación, en su compromiso desde hace más de 10 años, de impulsar la justicia en línea.
La e.firma del SAT es usada por más de 10 millones de personas físicas que presentan su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), según cifras de 2021.
En el caso de la FIREL, el informe anual de 2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal detalla que se tienen registrados más de 130 mil usuarios en el Portal de Servicios en Línea, de los cuales, al menos 86 mil consultan su expediente de manera electrónica.
Estos números son de gran importancia, al considerar que, tras la pandemia, el reto ha sido dar continuidad a los servicios manteniendo el cumplimiento a las disposiciones sanitarias, con alternativas legales de verificación de identidad sin la exclusividad de procesos presenciales.
Bajo ese marco, el Poder Judicial de la Federación al implementar la App FIREL logró ayudarse de mecanismos tecnológicos que permitieron tener la certeza de identidad del titular de un certificado digital en procesos remotos, marcando un parteaguas a nivel nacional e internacional en materia de uso del onboarding digital en la expedición de certificados de Firma Electrónica Avanzada.
Los beneficios de la verificación de identidad en línea van desde la oportunidad de poder hacerlo con un teléfono inteligente, cualquier día y hora de la semana, en cualquier punto del territorio mexicano con acceso a internet, hasta aprovechar los avances de la tecnología como la biometría facial, las huellas digitales y la validación en línea de información de la credencial para votar o el CURP en bases de datos oficiales como las del INE o el RENAPO.
Antes de la implementación del App FIREL, no se tenía registro de alguna Autoridad Certificadora que contara con mecanismos tecnológicos fiables de verificación de identidad en línea. Es así como el Poder Judicial de la Federación ha sentado las bases para brindar seguridad jurídica e informática en el enrolamiento en línea, modernizando y dando fiabilidad a sus procesos hacia la ciudadanía.
Éste es la ruta que debe seguirse en México para poder ser competitivo y dar respuesta a las necesidades demandadas a nivel internacional. Y es que tanto el T-MEC como la Agenda Digital de la Alianza del Pacífico contemplan el uso de las firmas electrónicas, considerando un principio de equivalencia lo que permitirá el reconocimiento de este instrumento legal entre los países miembros. Y más aún si se logra dar certeza de identidad con componentes tecnológicos de enrolamiento de las personas de manera remota, incluyendo la captura de datos y la obtención de biométricos, cumpliendo con estándares nacionales e internacionales para evitar riesgos de suplantación de identidad y posibles fraudes cibernéticos