El país está volteando a ver la gestión gubernamental, debido a que los servicios en cada uno de los niveles de gobierno no han dado muestras evidentes de una verdadera gestión institucional.

Durante 2016, el Poder Judicial sólo resolvió el 10% de las denuncias hechas a nivel nacional, tomando en cuenta que la cifra de delitos denunciados es del 10%. La seguridad muestra los peores niveles de confianza de la ciudadanía. En temas educativos, la evaluación de la prueba PISA realizada por la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) deja a los estudiantes mexicanos en los últimos niveles.

En materia de salud, las condiciones del IMSS son decadentes, a tal grado que se investiga el uso de agua destilada en lugar de quimioterapias a niños enfermos. Ocupamos el lugar 95 de 168 en percepción de la corrupción, según un estudio realizado por la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Humor social ante el gasolinazo

Con el incremento al precio de la gasolina en enero de este año, llegó un despliegue de manifestaciones de protesta por todo el país. Algunos estados y municipios buscaron, con acciones no planeadas, cómo cobijar al Gobierno Federal de tal decisión y revertir el impacto social, más que el económico.

El gobierno mexicano anunció una serie de acciones emergentes como:

  • La eliminación de las prerrogativas a los partidos políticos en años no electorales.
  • La modificación a la entrega de los recursos a los partidos con base en el número de votos recibidos y no al padrón del INE.
  • El recorte a los rubros de servicios personales (hay casos en que van a reducir hasta el 50% de los sueldos a altos mandos).
  • La cancelación de nuevas contrataciones
  • La eliminación de bonos y beneficios ya adquiridos para el personal
  • La cancelación de los vales de gasolina para los funcionarios, así como la disminución del 50% del combustible para vehículos oficiales, con excepción de ambulancias y unidades de seguridad. También se cancelaron las comidas al personal.
  • Cancelación de la construcción del nuevo edificio del INE

Pudiéramos continuar con la lista de medidas de emergencia, pero, al final, todo esto no es lo que los ciudadanos buscaban con las manifestaciones y la austeridad de los gobiernos es algo que se esperaba desde años atrás, no sólo como manejo de crisis.

¿Cómo hacerle frente desde las instituciones?

La respuesta es clara: con la aplicación estricta de las diferentes normatividades vigentes. Por ejemplo, un tema olvidado en algunos estados es el Servicio Civil de Carrera, en el cual, mediante evaluaciones, se puede determinar si las competencias del servidor público son las adecuadas. De lo contrario, establece la salida sin dar opción a una demanda laboral, evitando laudos por los que se pagan millones de pesos.

En especial, 2017 será el año en que los gobiernos tendrán que realizar ajustes para la entrada en 2018 de la Ley de Disciplina Financiera. Su ejecución evitará el endeudamiento excesivo por parte de los gobernadores y presidentes municipales, quienes han llegado a tener una deuda acumulada de más de 550 mil millones de pesos.

Es muy importante permitir que se aplique el Sistema de Evaluación del Desempeño, a través del cual pueda demostrarse que, efectivamente, el gasto público atendió a la población objetivo que presentó carencias sociales. De igual manera, los entes fiscalizadores deberán profundizar en la revisión a la Ley Anticorrupción para identificar los abusos de las autoridades.

Además, es necesario contar con un confiable Sistema de Contabilidad Gubernamental que pueda llevar adecuadamente todos los registros de manera ordenada, así como un control de bienes para que los entes públicos tengan bien identificados cada uno de sus activos. Esto con la finalidad de que sea posible transparentar la información, misma que deberá estar disponible en sus páginas de internet para una adecuada presentación de las cuentas públicas.

Dura tarea tiene cada uno de los niveles de gobierno para aplicar cada una de las normatividades. Este es el momento de devolver –para quienes la necesiten– la credibilidad en las instituciones, a fin de que los ciudadanos puedan sentir una verdadera mejoría en los servicios públicos.

 

 

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