No me parece descabellado afirmar que el software libre es más que un modelo de desarrollo tecnológico. En la administración pública, quienes son afines a la implementación de estos activos suelen resaltar sus beneficios en términos económicos o su capacidad para volver más auditable la infraestructura tecnológica de los gobiernos, y por lo tanto los procesos que dicha infraestructura soporta. Esto es, a mi juicio, una muy reducida perspectiva por la cual fomentar este tipo de sistemas que, si bien son razones de peso, no son ni las únicas ni las más revolucionarias.

El software libre representa una nueva ética en la gestión del conocimiento, que excede, por mucho, el campo de la informática. Aquellos gobiernos comprometidos con su uso en el sentido amplio, deberán no sólo actualizar sus herramientas técnicas de trabajo, sino también las premisas con las cuales piensan, planean y actúan.

Disensos y múltiples perspectivas

Para hablar del paradigma general que emerge desde los planteamientos del software libre, tenemos que abordar el movimiento de la cultura libre, que a grandes rasgos son las lógicas del movimiento fundado por Richard Stallman, utilizadas en diversos campos, incluido el gubernamental. Esta discusión –que muchas veces se plantea en términos técnicos– es en realidad una pugna ideológica que deberíamos reconocer. Si bien se podrían sopesar beneficios y costos instrumentales entre el uso de software privativo frente a libre, al final las razones de la elección podrían tener mucho menos que ver con el código digital que con el código moral y conceptual de las propias administraciones.

Posiblemente el más reconocido autor en temas de la cultura libre sea el excandidato presidencial estadounidense por el partido demócrata, Lawrence Lessig, quien pasó a ser una figura reconocida al generar las licencias Creative Commons, que es, por mucho, el proyecto de mayor reconocimiento que apuesta por un modelo de conocimiento abierto. Estas licencias encontraron un hack en la legislación de la propiedad intelectual, donde el famoso copyright otorga una protección total de tus creaciones, siempre y cuando no expreses lo contrario.

Es a partir de este argumento expuesto en legislaciones nacionales y tratados internacionales, que Lessig construye esquemas predeterminados de varios tipos de autorización. Dentro de este movimiento hay también divisiones y posturas encontradas, como quienes creen que Lessig y su movimiento son una apuesta muy moderada. Entre ellos encontramos a Dmytri Kleiner, autor del “Telekommunist Manifiesto” e impulsor de las licencias Copy Far Left: “Lessig critica los cambios recientes en la legislación del copyright que las corporaciones de medios globales y sus poderosos lobbies han impuesto, la absurda duración a la que se ha extendido y otras perversiones que restringen la creatividad. Pero no cuestiona el copyright como tal, ya que lo ve como el más importante incentivo para crear”.

Estos disensos resultan enriquecedores, ya que posibilitan líneas para abordar la discusión desde múltiples perspectivas. ¿Y todo esto de que serviría para la administración pública? Tanto los impulsores del software libre, de los Creative Commons o quienes buscan terminar con el copyright están construyendo nuevas formas de administrar, entender y defender el procomún (commons en inglés). Es este concepto el hilo conductor detrás de estos planteamientos, fundamento de la cultura libre y que resurgió a raíz de las polémicas alrededor del software libre.

El paradigma del procomún

Podemos entender al procomún como aquellos objetos que pertenecen a todos y no pertenecen a nadie; son nuestro patrimonio colectivo, una idea radical en un mundo dividido, en buena medida, entre la propiedad estatal y la propiedad privada.

En 1968, Garrett Hardin escribe La tragedia de los comunes, un artículo en el que intenta manifestar las razones por las cuales aquellos objetos que fueran compartidos por diversos individuos, sin que uno tuviera el dominio sobre el objeto, estaban destinados a ser destruidos. Hardin hablaba de la imposibilidad de administrar bienes de manera común. Sin embargo, la antítesis tomó fuerza cuando en 2009 se entregó el Nobel de Economía a Elinor Ostrom, gracias a su trabajo en el que demostraba que las conclusiones de Hardin eran incorrectas, pues documentó, con casos reales, cómo las sociedades han aprendido a administrar de manera sostenible los bienes colectivos.

Las administraciones públicas que decidan apostar por el software libre estarían apostando no sólo por un cambio en términos informáticos, sino apostarían por impulsar el paradigma del procomún al adoptar un sistema tecnológico cuyo desarrollo está basado en la cooperación, el intercambio, la mezcla y el enriquecimiento de un patrimonio compartido. Este paradigma se contrapone frente a modelos de administración pública como los gobiernos abiertos o, cuando menos, a ciertos proyectos e ideas que rondan dicho concepto.

De la visión técnica a la ética

Es común caer en el error de confundir el software libre con el software de código abierto. La diferencia radica en el ethos de cada movimiento: en el primero, resulta indispensable la posición filosófica respecto a la libertad que el usuario tiene de beneficiarse, como le venga en gana, del patrimonio construido entre todos, pero de la misma manera, tiene la obligación de regresar a lo colectivo una mayor aportación para que otros también se puedan beneficiar con lo desarrollado; en cambio, el movimiento de código abierto se limita a poner el código fuente al alcance de todos, bajo la premisa de que se optimizarán los procesos de desarrollo, gracias a la inteligencia colectiva que podrá encontrar errores y construir soluciones de manera más eficaz, aportes de la comunidad que no necesariamente abonan a la construcción de bienes colectivos. Es, ante todo, un movimiento de fines técnicos.

Podemos encontrar el paralelismo a nivel de las administraciones: los gobiernos abiertos son principalmente una aportación técnica a las problemáticas a las que los gobiernos se enfrentan en todos sus niveles, y que ven en tecnologías como la computación ubicua o el Big Data, en metodologías provenientes de la participación ciudadana o instrumentos de rendición de cuentas, alternativas para mejorar la gestión pública. En pocas palabras, es un paradigma tecnocrático. Por el contrario, si apostamos por un modelo de gobierno basado en el procomún, los fines de las acciones a tomar no tienen que ser soluciones a problemas visibilizados bajo el antecedente de la mala operatividad de los funcionarios y las instituciones, sino que deberán plantear a la administración pública una problematización de las razones y formas en que las instituciones funcionan y bajo qué premisas operan. Por ello, apostarle al software libre es apostarles a los gobiernos que tengan la motivación no sólo de administrar lo público, sino de enriquecer y defender el patrimonio común.

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