A pesar de que el Estado de México tiene una de las leyes más avanzadas en materia de Gobierno Digital, ésta no ha entrado en operación desde su publicación. Parece que seguirá la misma suerte que las leyes de Sinaloa, Colima o Puebla, pues, si bien se publicaron e implementaron, el Gobierno Digital no ha terminado por despegar en dichas entidades. Aquí haremos un análisis de dicha ley.
El espíritu de una Ley de Gobierno Digital debe ser impulsar las condiciones y las practicas del uso de la tecnología en el gobierno. Por ello tiene que generar las condiciones legales e institucionales para que esto ocurra y pueda desarrollarse. En el caso del estado de México, la ley establece tres condiciones y dos instituciones para su desarrollo.
3 condiciones que establece
- La implementación de la firma electrónica y la expedición de certificados electrónicos a través de una entidad que los regula y controla su emisión.
- Un procedimiento para aprobar la compra de equipamiento y su regulación.
- Una agenda digital que organiza las acciones de Gobierno Digital que deben revisarse cada tres años, con lo cual garantiza que a la mitad del sexenio puedan llevarse a cabo y reorientarse nuevamente al final del periodo de gobierno.
2 instituciones
En el Estado de México se han creado dos instituciones para operar esta ley:
- Se le dan mayores atribuciones a la Dirección del Servicio Estatal de Informática (SEI).
- Es creado el Consejo Estatal de Gobierno Digital como máximo órgano regulador de estas acciones, el cual está formado por los secretarios y el gobernador en turno.
5 carencias
A pesar de que la ley establece los elementos básicos indispensables para implementar prácticas fundamentales de un Gobierno Digital, tiene al menos cinco carencias importantes que requieren ser resueltas antes de su implementación:
- La ley no establece la creación de un Jefe de Información Estatal (CIO) que tenga el nivel de secretaría con facultades legales para poder controlar, organizar y resguardar toda la información gubernamental que el gobierno estatal genere.
- Si bien menciona la parte de datos abiertos, hacen falta los recursos legales que fomenten el intercambio, la interoperabilidad, el acceso y almacenamiento de este tipo de datos, haciendo obligatorio para todas las secretarias estatales, municipios y otras dependencias su cumplimiento y la liberación de los datos.
- Es fundamental impulsar el gobierno móvil. Para ello se deben crear las condiciones tecnológicas (garantizar un acceso a internet en todas las oficinas estatales y municipales con anchos de banda mínimos), así como generar aplicaciones y estándares de calidad que permitan a los ciudadanos acceder a la mayor cantidad de servicios y trámites gubernamentales desde sus teléfonos inteligentes.
- Es urgente tener una Ley de Protección de Datos Personales que están en las manos de las oficinas y los funcionarios estatales y municipales, por ejemplo, nombres, direcciones, teléfonos, datos catastrales e impuestos que circulan libremente sin resguardo o protección alguna.
- Es imprescindible generar reglamentos o manuales para el uso de las redes sociales digitales gubernamentales en los estados y municipios. No sólo para impulsar la capacitación de los funcionarios en esta materia, sino para reducir los errores y mejorar la interacción con los ciudadanos aprovechando estas plataformas.
El Gobierno Digital es una transformación digital paulatina de la administración pública, que requiere bases firmes. Para lograrlo, la institucionalización de los procedimientos y las leyes es un principio fundamental.
En conclusión, el proponer leyes o reglamentos que impulsan la implementación de prácticas de gobierno electrónico es un paso muy importante hacia la transformación digital de la administración pública estatal. No obstante, no basta con llenar las constituciones locales de buenas ideas; es preciso que estas leyes operen.
En el caso del Estado de México, esta ley no podrá operar si no se instala el Consejo Estatal y se ponen en marcha todos los procesos necesarios para ello. Esperemos que ocurra pronto. Si no, tendremos que seguir operando con la misma administración pública del siglo pasado.