En publicaciones anteriores hemos destacado la necesidad y beneficios que tienen las políticas gubernamentales de liberación de los datos abiertos tanto nivel nacional como local. Inevitable pensar en las virtudes de abrir datos que tanto para la transparencia como para la calidad de vida de los habitantes, al igual que las posibilidades de negocios ocasiona el tener acceso a los datos abiertos. Sin embargo se ha obviado, para los promotores de este movimiento (no tanto para los funcionarios públicos encargados de poner en marcha los proyectos) el costo de arrancar un proyecto de datos abiertos y su mantenimiento a lo largo del tiempo. Ejemplos hay muchos, y las cifras en dólares son millonarias en el caso del Estado de California en Estados Unidos de América, pero basta ver que el crecimiento en ventas de Socrata, una plataforma de gestión de datos abiertos que se ha vuelto muy popular debido a las prestaciones que ofrece, ha sido de más de 100% año con año.
Antes de que los beneficios económicos y sociales de las iniciativas de Datos Abiertos sean evidentes en cualquier gobierno, se debe invertir no sólo en servidores o plataformas, desarrollo de APIs o elaboración de un sitio central de consulta, sino que hay que considerar que se requiere de personal dedicado al proyecto de manera específica, además de los costos en tiempos dedicados por cada agencia a ubicar los conjuntos de datos y en su caso anonimizarlos.
Una forma de lidiar con estos costos es hacer elección de los conjuntos que generen mayores beneficios con su liberación, pero esto mismo va en contra de los principios de Datos Abiertos, ya que la discriminación de los conjuntos significa un filtrado de información y no tenemos garantía de que la elección de datos es la correcta, pues la innovación viene de fuentes inesperadas.
Un tema complejo en tiempos de austeridad y recortes presupuestales.
La nota original de Governing se encuentra en este vínculo.