México está viviendo un momento histórico sin precedentes. Nunca antes se habían tomado acciones como las que se realizaron en marzo del presente año, donde 16 ex gobernadores enfrentaron algún tipo de sanción, resultado del uso indebido de los recursos públicos.
El índice sobre la percepción de la corrupción en México, emitido por Transparencia Internacional, no muestra un panorama alentador y pareciera que todos los días existen noticias sobre denuncias y acciones sancionatorias en contra de funcionarios públicos, donde ningún partido político puede quedar limpio de acusaciones y presumir que sus candidatos han quedado exentos de estos procesos.
Por su parte, las auditorías estatales y la Auditoría Superior de la Federación continúan emitiendo observaciones y recomendaciones que evidencian la carencia de un sistema de control interno robusto, y que las políticas y los procedimientos sólo han sido mapeados en papel, sin ser efectivamente aplicados en el ejercicio de las operaciones. Es innegable que, antes de que las auditorías –como entes externos y posteriores– identificaran las desviaciones, por lo menos cuatro funcionarios y la contraloría interna debieron estar enterados y tomar acciones correctivas.
Además, la Ley General de Contabilidad en muchos estados, municipios y entes federales no ha sido completamente implementada, debido a que aún no cuentan con el software de contabilidad gubernamental que cumpla con lo requerido por ley, que apoye de manera adecuada la toma de decisiones y que permita un monitoreo del gasto público.
Una ventana de posibilidades
Ante este panorama, las auditorías estatales han puesto sus esfuerzos en la profesionalización de su personal, realizando extensas jornadas de capacitación e incorporando programas de certificación profesional que avalen las competencias de sus profesionales. Sin embargo, las herramientas de trabajo siguen siendo limitadas y la demanda ciudadana, así como la presión internacional por dar resultados, ponen en evidencia que deben adoptarse modelos de auditoría más eficientes, apoyados por tecnología de vanguardia.
La puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, en conjunto con sus leyes correlacionadas y el marco normativo aplicable al ejercicio del gasto público, abren una ventana de posibilidades para explotar la información de los entes y realizar análisis detallados del ejercicio presupuestal que, sin duda, impactarían en un cambio positivo a favor de la lucha anticorrupción.
En este momento histórico la auditoría interna y fiscalización en México enfrentan una oportunidad sin precedentes, la cual requiere acciones e inversiones que permitan el uso eficiente de los escasos recursos con que cuentan para evaluar la gestión gubernamental.
5 retos en materia de auditoría
- Recientemente el gobierno federal eliminó el programa PROFIS que estaba destinado a apoyar a los Entes de Fiscalización, por lo que éstos se encuentran hoy con recursos económicos escasos, quedando algunas auditorías con apenas el 50% del personal.
- Es necesario y del todo factible contar con un sistema que integre la contabilidad gubernamental de todos los entes por Estado y que, a su vez, permita realizar una minería de datos, así como dar puntual seguimiento al ejercicio del gasto público por parte de las contralorías y los entes de fiscalización.
- Todos los auditores deben contar con herramientas (como software especializados) que permitan realizar pruebas con procedimientos analíticos, muestreos estadísticos y correlaciones entre el presupuesto y el gasto ejercido de forma automática.
- Obligatoriamente la iniciativa privada debe profesionalizarse y capacitar a su personal en materia de adquisiciones, además de robustecer sus procedimientos de entrega y recepción de proyectos gubernamentales.
- Sistemáticamente los enfoques de auditoría requieren centrarse en la identificación de desviaciones que mayormente correspondan a pagos indebidos a proveedores y contratos pagados por servicios inexistentes, considerando tres modalidades de abusos:
- Los proveedores de servicios profesionales, materiales o contratistas no entregan los servicios en tiempo y forma al ente público.
- Los entes públicos no realizan los pagos pertinentes a la iniciativa privada por servicios devengados, abuso muy común y que actualmente la contraloría y los entes de fiscalización no consideran en su revisión. Pero, en este caso, es el ente gubernamental el que comete el abuso sobre el proveedor, generando también una deuda que heredará a las administraciones siguientes.
- Los abusos que cometen los entes gubernamentales sobre su propio personal, como retrasos en pagos de nómina y jornadas de trabajo excesivas sin el debido pago de horas extras, despidos injustificados, entre otros.
Nos encontramos en un momento histórico –que puede ser visto como coyuntura y no un quebranto– en el que debemos romper con vicios generacionales y realizar la transformación más difícil de toda sociedad: un cambio cultural. Entrar en una cultura de sanción no es definitivamente sano, pero entrar en una cultura de transparencia es lo que se esperaría de un marco normativo como el que contamos el día de hoy.
Las herramientas adecuadas, el uso y la interpretación debida de la información, así como la correlación y minería de datos son elementos indispensables para un programa anticorrupción idóneo.