Después de varios meses de confinamiento, en favor de la jornada nacional de sana distancia, organizaciones, personas, empresas y autoridades en municipios de todos los rincones del país se preparan para regresar gradualmente a sus actividades.
Uno de los grandes desafíos que enfrenta la sociedad es asegurar el retorno al lugar de trabajo de forma segura y, para ello, se han delineado planes con medidas de sanitización, límites de aforo máximo en lugares públicos, dispensadores de gel antibacterial, horarios escalonados, entre otras. Ciertamente, no cabe duda que todas estas acciones se suman al propósito de recuperar el espacio público y laboral, pero en el regreso a los lugares de trabajo la gran pregunta no es solamente cuántos cubrebocas, caretas y termómetros digitales necesitaremos y por cuánto tiempo. En todo caso, una valiosa lección de la emergencia sanitaria es la importancia de hacer un uso eficiente de las herramientas digitales para cuidar la salud al menor costo social.
Esto nos obliga a preguntarnos cuántos trabajos podemos hacer vía remota y cómo podemos maximizar la productividad con la menor presencia física posible, es decir, facilitar la digitalización de procesos y acelerar el Gobierno Digital.
De retos y ventajas
La consolidación del Gobierno Electrónico no está libre de retos, pues requiere una constante revisión de las estructuras organizativas, procesos y cultura organizacional, pero, más allá de eso, el aparato del Estado debe repensar sus procesos y funcionamiento a partir de la experiencia generada por la pandemia, al tener la obligación de cumplir con su función social y, al mismo tiempo, salvaguardar la integridad física de los trabajadores.
Por otro lado, la integración plena al mundo digital no es sólo cuestión de productividad, sino que también contribuye a impulsar gobiernos más abiertos, transparentes, innovadores, participativos y confiables, y lograrlo inevitablemente pasa por la adopción del teletrabajo.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene ya un buen camino recorrido en esta materia, lo que permitió que, en medio de la emergencia sanitaria, se lograran reactivar vía electrónica 126 de 173 trámites (es decir, el 73%) para dar continuidad a los procesos que se llevan a cabo ante el instituto y que son importantes para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Esto ha sido posible gracias a la existencia de la ventanilla electrónica y a la experiencia de cinco años previos en materia de teletrabajo.
Desde luego, es indispensable contar con todas las herramientas y dispositivos tecnológicos necesarios para el trabajo (laptops, impresoras, VPN, soporte técnico, habilitación de acceso remoto a archivo, entre otros). No menos importantes son las consideraciones legales y administrativas involucradas. Por ejemplo, se deben abordar criterios de interpretación de obligaciones obrero-patronales en la modalidad de teletrabajo y deben ser especialmente claros para todas las partes en la transición del trabajador que pasa de la vía presencial al trabajo remoto.
Otro elementos legal a considerar es el uso generalizado de la firma electrónica para las notificaciones, autorizaciones y demás actuaciones ante el instituto y, en su caso, las modificaciones necesarias a la reglamentación secundaria.
No obstante, en lo anterior el componente más importante es el factor humano. Todo el personal debe contar con las habilidades digitales necesarias para llevar a cabo sus funciones y potenciar su desarrollo profesional y personal, desde lo más general (como acceder a reuniones virtuales, adoptar buenas prácticas de ciberseguridad o el uso de VPNs) hasta lo más específico (como el acceso a la Oficialía de Partes electrónica, sistemas especializados y nuevas herramientas o aplicaciones).
Sin duda, toda agenda digital y cambio organizacional tiene sus desafíos y resistencias. La pandemia por COVID-19 nos ha obligado a acelerar este proceso y prestar renovada atención a su importancia. El teletrabajo facilita la integración de las instituciones al Gobierno Digital, que tiene el potencial de mejorar la eficiencia de la Administración Pública, aumentar el beneficio que aporta a la sociedad e, incluso, mejorar la calidad de vida de las personas que ahí laboran.