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Datos Abiertos y contrataciones públicas

Datos Abiertos y contrataciones públicas

Los beneficios de una política pública de Datos Abiertos son indirectos y alcanzables a medio o largo plazo. Este cambio de cultura organizacional aporta un profundo impacto no sólo para la transparencia y la rendición de cuentas de los agentes públicos, sino también para la innovación de políticas y procesos en la Administración Pública, además de posibles mejoras en la prestación de servicios públicos.

En cuanto a las licitaciones públicas, el cruce de datos puede llevar a varias tomas de decisión o innovación de procedimientos, desde definir ítems ociosos en el catálogo; identificar empresas fantasma o con los mismos socios; decidir por compras compartidas o no, en relación con algunos ítems; hasta redefinir el uso del poder adquisitivo para otros grupos o con otros procedimientos.

Sin embargo, la calidad, el instrumento del que se dispone y la periodicidad de los datos son esenciales para que la comunidad y los gobiernos puedan realizar la interconexión de diferentes contenidos y, de esta forma, explotar el potencial existente en el reparto y el cruce de datos oficiales, pasando éstos a tener usos mucho más amplios, relevantes y generadores de valor para la sociedad.

Calidad de la información

Hay que destacar que las informaciones relativas a las licitaciones y los contratos realizados deben ser completas, claras y suficientes sobre objetos contratados, información sobre la empresa, socios, actas de las licitaciones que contengan número de participantes, eventos más importantes, valores de las ofertas, borradores del contrato, subcontrataciones, utilización de beneficios para las pequeñas empresas y pagos posteriores realizados a las empresas adjudicadas.

En la mayoría de los casos, los indicios de corrupción no se encuentran en las informaciones primarias, sino en los datos aparentemente menos importantes como quién desistió de la disputa y quién fue subcontratado.

Normalmente, los datos ofrecidos por las instituciones públicas se limitan a informaciones sobre el procedimientos licitatorio, cuando gran parte de la corrupción instalada se origina durante la ejecución del contrato y en los pagos realizados.

Entendemos que, a menudo, existe una dificultad real, ya que los sistemas de pagos no son responsabilidad de compras públicas, pero necesitamos avanzar aplicando estándares de interoperabilidad que permitan el acceso fácil a estas informaciones tan estratégicas.

Asimismo, es extremadamente relevante abrir los datos de las contrataciones indirectas, pues representan excepciones a la regla general de la exigencia de un procedimiento licitatorio que viene a observarse más de cerca, pero que no siempre se encuentra en el sistema de compras.

El aspecto de la disponibilidad

En lo que se refiere a la disponibilidad, es común mencionar que la información debe ser ofrecida en archivos que puedan ser procesados automáticamente por softwares y sistemas, posibilitando la creación de aplicaciones, sitios o plataformas por cualquier persona o entidad. Sin embargo, la disponibilidad de la información en archivos de Word no es lo mismo que dar acceso a los datos a través de una API, por ejemplo.

En este caso, la divulgación de las compras gubernamentales en formato API difunde e incentiva prácticas gubernamentales relacionadas con la transparencia de los gobiernos, el acceso a la información pública y la participación social, pues en la plataforma estarán disponibles.

La información extraída de los Sistemas Electrónicos de Compras mantiene todos los registros de las compras y contrataciones firmadas por la Administración Pública. Abrir datos a través de la API con datos de los sistemas electrónicos de contratación promueve un ambiente propicio para optimizar las compras públicas del Estado y enfrentar escenarios de corrupción.

3 leyes de los Datos Abiertos

David Eaves, profesor en la Harvard Kennedy School de Estados Unidos, es un defensor férreo de la política de transparencia de los datos gubernamentales y se encargó de sintetizar con maestría estas tres leyes:

  1. Si los datos no se pueden encontrar o indexar en la web, no existen.
  2. Si no están disponibles en un formato abierto y legible por parte de una máquina, no podrán utilizarse.
  3. Si no se pueden compartir, no son útiles.

Información y periodicidad

Es bueno recordar que la información debe ofrecerse a la mayor brevedad posible. Si no se puede hacer disponible en tiempo real, las directrices de la política tienen que predefinir una periodicidad que intente evitar desviaciones del patrón, sin perjudicar a las entregas de bienes y servicios a la ciudadanía, tan comunes en la anulación de contratos y procesos.

Me atrevo a añadir que, si queremos usar los datos contra la corrupción y a favor del desarrollo, debemos profundizar en la calidad de los Datos Abiertos para dar visibilidad a los microprocesos de licitaciones y contratos públicos, que debemos invertir en herramientas que optimicen la lectura y el tratamiento de datos y, finalmente, propiciar que éstos se encuentren disponibles a la brevedad posible.

En resumen, entendemos que el beneficio más visible de una política de Datos Abiertos es, sin duda, la transparencia y las oportunidades que ofrece el Estado, pese a trabajar en una cultura organizacional donde la información es poder y ese poder de la información de los procesos debe estar a disposición de las MiPyME y de sectores que empoderen a la mujer y beneficien sin intermediación.

El desafío es que el Estado repiense la calidad de los datos que está usando y que invierta en herramientas que amplíen la cantidad y la disposición en tiempo real de los datos, identificando cuáles agregan valor. El proceso está en marcha, así que pongámonos en acción para hacerlo más fluido.

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